09 Marzo 2015
IMPUTADO. El juicio a Martínez ya fue suspendido a fines del año pasado. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
El Tribunal Oral Federal de Tucumán comenzará a juzgar el jueves próximo a Manlio Torcuato Martínez, acusado de brindar impunidad a represores en los homicidios de cinco militantes montoneros y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El ex magistrado llega a este juicio oral y público acusado por no investigar y encubrir crímenes del terrorismo de Estado, en particular los homicidios calificados de los militantes María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
También está imputado como partícipe secundario en los cinco asesinatos y por la privación ilegítima de la libertad de quien había alquilado a uno de ellos la vivienda en la que fueron capturados y ejecutados por policías y militares.
El juicio se extenderá en principio poco más de un mes, según estimaron fuentes judiciales, y Manlio Martínez, en caso de ser hallado culpable, se convertiría en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado.
Más de 70 ex jueces federales, secretarios de juzgados y fiscales están imputados o investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en todo el país durante la última dictadura, aunque hasta ahora sólo fue condenado Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe, en dos juicios.
Sobre la causa por la que será juzgado Manlio Martínez, el fiscal federal Pablo Camuña dijo a esta agencia que “el represor Antonio Bussi, en declaraciones judiciales de 2009, lo señaló como la persona que más sabía” sobre los cinco asesinatos cometidos el 20 de mayo de 1976 en Tucumán.
“Todo esto es de conocimiento público, pero más que de ninguno del ex juez Manlio Martínez”, aseveró Bussi en esa ocasión y aludió a la “participación personal y directa” del ex magistrado en los hechos que la versión oficial de la época pretendió presentar como un “enfrentamiento”.
Camuña subrayó además que Martínez abrió en 1976 una causa “pero no para investigar los homicidios sino a Miguel Romano, el propietario del inmueble alquilado a uno de los cinco asesinados, que utilizó (en el contrato) una identidad falsa”.
“Romano fue ilegalmente privado de su libertad, enviado a un centro clandestino de detención y permaneció encarcelado durante más de un año”, circunstancias que agravaron una enfermedad mental preexistente de quien “se convirtió así en la sexta víctima” de este caso, añadió el fiscal.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el “20 de mayo de 1976 se produjo un allanamiento antijurídico por parte de fuerzas militares y policiales, en horas cercanas al mediodía, en el domicilio de calle Azcuénaga 1816/1820 de la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
“En este operativo fueron ejecutadas las cinco personas que estaban reunidas en el domicilio”, precisó la acusación y consideró “acreditado en la audiencia que las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales”.
El ex juez Manlio Martínez “reconoció en su declaración indagatoria que estuvo presente en el momento de los hechos” y que tras permanecer en el lugar “un par de minutos”, solicitó el envío del “parte correspondiente y luego se retiró del lugar”, aclarando que “nunca se bajó del auto”.
"Las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales", puntualizó la Cámara Federal de Tucumán al confirmar el procesamiento de quien se desempeñó como juez federal de Tucumán entre 1975 y 1983.
El tribunal de alzada sostuvo además que Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.
En el mismo sentido, el requerimiento de elevación a juicio dijo que la actuación del ex juez Martínez indicó “una voluntad de garantizar la impunidad de los perpetradores y de alentarlos a cometer los delitos garantizando con la omisión posterior de sus deberes funcionales el cumplimiento de una promesa anterior con los perpetradores de contribuir a su impunidad futura”. (Télam)
El ex magistrado llega a este juicio oral y público acusado por no investigar y encubrir crímenes del terrorismo de Estado, en particular los homicidios calificados de los militantes María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen.
También está imputado como partícipe secundario en los cinco asesinatos y por la privación ilegítima de la libertad de quien había alquilado a uno de ellos la vivienda en la que fueron capturados y ejecutados por policías y militares.
El juicio se extenderá en principio poco más de un mes, según estimaron fuentes judiciales, y Manlio Martínez, en caso de ser hallado culpable, se convertiría en el segundo ex juez federal condenado por su participación en crímenes del terrorismo de Estado.
Más de 70 ex jueces federales, secretarios de juzgados y fiscales están imputados o investigados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en todo el país durante la última dictadura, aunque hasta ahora sólo fue condenado Víctor Brusa, ex juez federal de Santa Fe, en dos juicios.
Sobre la causa por la que será juzgado Manlio Martínez, el fiscal federal Pablo Camuña dijo a esta agencia que “el represor Antonio Bussi, en declaraciones judiciales de 2009, lo señaló como la persona que más sabía” sobre los cinco asesinatos cometidos el 20 de mayo de 1976 en Tucumán.
“Todo esto es de conocimiento público, pero más que de ninguno del ex juez Manlio Martínez”, aseveró Bussi en esa ocasión y aludió a la “participación personal y directa” del ex magistrado en los hechos que la versión oficial de la época pretendió presentar como un “enfrentamiento”.
Camuña subrayó además que Martínez abrió en 1976 una causa “pero no para investigar los homicidios sino a Miguel Romano, el propietario del inmueble alquilado a uno de los cinco asesinados, que utilizó (en el contrato) una identidad falsa”.
“Romano fue ilegalmente privado de su libertad, enviado a un centro clandestino de detención y permaneció encarcelado durante más de un año”, circunstancias que agravaron una enfermedad mental preexistente de quien “se convirtió así en la sexta víctima” de este caso, añadió el fiscal.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el “20 de mayo de 1976 se produjo un allanamiento antijurídico por parte de fuerzas militares y policiales, en horas cercanas al mediodía, en el domicilio de calle Azcuénaga 1816/1820 de la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
“En este operativo fueron ejecutadas las cinco personas que estaban reunidas en el domicilio”, precisó la acusación y consideró “acreditado en la audiencia que las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales”.
El ex juez Manlio Martínez “reconoció en su declaración indagatoria que estuvo presente en el momento de los hechos” y que tras permanecer en el lugar “un par de minutos”, solicitó el envío del “parte correspondiente y luego se retiró del lugar”, aclarando que “nunca se bajó del auto”.
"Las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales", puntualizó la Cámara Federal de Tucumán al confirmar el procesamiento de quien se desempeñó como juez federal de Tucumán entre 1975 y 1983.
El tribunal de alzada sostuvo además que Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.
En el mismo sentido, el requerimiento de elevación a juicio dijo que la actuación del ex juez Martínez indicó “una voluntad de garantizar la impunidad de los perpetradores y de alentarlos a cometer los delitos garantizando con la omisión posterior de sus deberes funcionales el cumplimiento de una promesa anterior con los perpetradores de contribuir a su impunidad futura”. (Télam)
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