09 Marzo 2015
OTROS TIEMPOS. La última vez que Alperovich y Amaya se mostraron juntos fue en abril del año pasado. prensa y difusión (archivo)
Según coinciden en la Casa de Gobierno y en la sede de la Intendencia, las diferencias políticas entre el gobernador, José Alperovich, y el intendente, Domingo Amaya, no serán subsanadas luego de que los mandatarios provincial y municipal suscriban el acuerdo financiero, mediante el que la Capital se compromete a pagarle al PE $ 35 millones hasta noviembre.
Según se pudo conocer extraoficialmente, las partes tendrían previsto firmar hoy el convenio financiero. No obstante, se desconoce aún si Alperovich y Amaya estarán presentes a la hora de protocolizar la addenda, o bien la suscribirán cada uno por su lado. En el edificio de calle 9 de Julio y Lavalle opinan que no sería necesario que el intendente concurra en persona a la Casa de Gobierno para sellar el pacto económico. Contrariamente, en la sede del PE entienden que tanto Amaya como Alperovich deben estar presentes a la hora de dejar plasmadas ambas rúbricas.
El acta acuerdo que en las próximas horas firmarán los representantes del PE y de la Municipalidad de la capital expresa en sus considerandos la intención de solucionar un eventual conflicto salarial . “Que en el presente período es necesario continuar las acciones a fin de coadyuvar a la continuidad de la paz social de la Municipalidad, a efectos de que esta pueda cumplir con sus obligaciones, prioritariamente con el pago de los sueldos de sus empleados y atender los servicios y gastos de funcionamiento. Que a tal fin, el PE entiende que al no asistir financieramente al municipio en los términos que lo venía haciendo a través del Pacto Social es necesario descomprimir la situación financiera del municipio capitalino”, reza un párrafo del documento administrativo que deberán suscribir los mandatarios provincial y municipal.
En el artículo 2° del convenio financiero, la Municipalidad capitalina acepta pagar la suma mensual de $ 25 millones más $ 10 millones correspondientes a los aportes previsionales
En este sentido, la Provincia le retendrá por mes, y hasta noviembre, $ 35 millones provenientes de la coparticipación -local y nacional- hasta cancelar la totalidad de la deuda que, según el PE, superaría los $ 600 millones.
Sin embargo, desde el Departamento Ejecutivo municipal insisten en que el pasivo apenas supera los $ 400 millones. E, incluso, sostienen en que hasta podría ser inferior a ese monto si se tiene en cuenta que en enero y febrero el PE le retuvo $ 107 millones a la Capital.
Actualmente, la recaudación mensual del municipio -por coparticipación nacional y recursos propios- promedia los $ 61 millones. En tanto, la totalidad de la planilla salarial alcanza los $ 60 millones. De esos $ 61 millones de recaudación, la Provincia le retendrá $ 35 millones como consecuencia del nuevo convenio económico.
El inicio de la polémica
La semana pasada, el secretario de Economía y Hacienda municipal, Silvio Bellomío, había avivado el fuego de la polémica entre el alperovichismo y el amayismo. El funcionario municipal había calificado de “extorsiva” la decisión del PE de retenerle al municipio $ 107 millones durante los meses de enero y febrero. “El Gobierno provincial debería garantizar la paz social. Hay que asegurarles el sueldo a los empleados municipales. Desde el punto de vista macro de la administración estamos en condiciones de hacerlo, pero siempre y cuando no se utilicen mecanismos extorsivos para buscar quedarse con el 100% de nuestros ingresos”, se había quejado Bellomío.
Según se pudo conocer extraoficialmente, las partes tendrían previsto firmar hoy el convenio financiero. No obstante, se desconoce aún si Alperovich y Amaya estarán presentes a la hora de protocolizar la addenda, o bien la suscribirán cada uno por su lado. En el edificio de calle 9 de Julio y Lavalle opinan que no sería necesario que el intendente concurra en persona a la Casa de Gobierno para sellar el pacto económico. Contrariamente, en la sede del PE entienden que tanto Amaya como Alperovich deben estar presentes a la hora de dejar plasmadas ambas rúbricas.
El acta acuerdo que en las próximas horas firmarán los representantes del PE y de la Municipalidad de la capital expresa en sus considerandos la intención de solucionar un eventual conflicto salarial . “Que en el presente período es necesario continuar las acciones a fin de coadyuvar a la continuidad de la paz social de la Municipalidad, a efectos de que esta pueda cumplir con sus obligaciones, prioritariamente con el pago de los sueldos de sus empleados y atender los servicios y gastos de funcionamiento. Que a tal fin, el PE entiende que al no asistir financieramente al municipio en los términos que lo venía haciendo a través del Pacto Social es necesario descomprimir la situación financiera del municipio capitalino”, reza un párrafo del documento administrativo que deberán suscribir los mandatarios provincial y municipal.
En el artículo 2° del convenio financiero, la Municipalidad capitalina acepta pagar la suma mensual de $ 25 millones más $ 10 millones correspondientes a los aportes previsionales
En este sentido, la Provincia le retendrá por mes, y hasta noviembre, $ 35 millones provenientes de la coparticipación -local y nacional- hasta cancelar la totalidad de la deuda que, según el PE, superaría los $ 600 millones.
Sin embargo, desde el Departamento Ejecutivo municipal insisten en que el pasivo apenas supera los $ 400 millones. E, incluso, sostienen en que hasta podría ser inferior a ese monto si se tiene en cuenta que en enero y febrero el PE le retuvo $ 107 millones a la Capital.
Actualmente, la recaudación mensual del municipio -por coparticipación nacional y recursos propios- promedia los $ 61 millones. En tanto, la totalidad de la planilla salarial alcanza los $ 60 millones. De esos $ 61 millones de recaudación, la Provincia le retendrá $ 35 millones como consecuencia del nuevo convenio económico.
El inicio de la polémica
La semana pasada, el secretario de Economía y Hacienda municipal, Silvio Bellomío, había avivado el fuego de la polémica entre el alperovichismo y el amayismo. El funcionario municipal había calificado de “extorsiva” la decisión del PE de retenerle al municipio $ 107 millones durante los meses de enero y febrero. “El Gobierno provincial debería garantizar la paz social. Hay que asegurarles el sueldo a los empleados municipales. Desde el punto de vista macro de la administración estamos en condiciones de hacerlo, pero siempre y cuando no se utilicen mecanismos extorsivos para buscar quedarse con el 100% de nuestros ingresos”, se había quejado Bellomío.
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