Por Abrehu Carlos
08 Marzo 2015
El diseño de la nueva institucionalidad en Tucumán, tras la caída del proceso militar, incluyó un nuevo planteo estructural para el ámbito de la salud. Contemporáneamente con la resurrección de la Secretaría de Trabajo, se concretó el proceso de gestación del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) en 1984. Médicos y políticos discutieron arduamente en torno de la propuesta que reconocía la paternidad de Gustavo Haurigot, a la sazón ministro de Asuntos Social.
El ministro anunció el 1 de junio que el Ejecutivo enviaba, entre otros proyectos, el de creación del Siprosa, que sería sometido a consulta de los sectores. Se le asignaba el gobierno y administración de la salud y medio ambiente, con la premisa de que la salud es un derecho básico e inalienable. En ese contexto asumía el rol de garante económico y de organización, planificación y dirección.
Guerra de posiciones
En agosto se desarrolló una guerra de solicitadas y declaraciones de diverso calibre.
Los Colegios de Bioquímicos y de Farmacéuticos, el Círculo Odontológico Médico rompieron lanzas con el Gobierno, aduciendo la exigüidad del plazo de análisis. Temían la absorción del subsector privado por el estatal y que el organismo estatal se limitara a atender los hospitales. Exigían también que se garantice la libre elección del profesional.
Haurigot reaccionó ásperamente: tenemos que terminar con esta pequeña elite que pretende hacer de la salud un comercio.
Por solicitada, el ministro respondió que se proponía recuperar el hospital público y negó la desaparición de los subsectores privados y de obras sociales. La libre elección del profesional no está amenazada por el Siprosa, precisó.
Políticamente advirtió que el 98% del pueblo votó por la justicia social y el derecho a la salud. El NOA Médico hizo foco en que el proyecto había sido elaborado sin participación de los colegios profesionales.
En las bancas
L a polémica siguió en el Senado. En la sesión del 7 de agosto, a la que asistió Haurigot, la UCR se retiró del recinto. Se basó en el dictamen de la comisión de Legislación Social que aconsejaba suspender el tratamiento hasta la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) . Elena Guraiib de Ahualli (UCR) no entendía el apuro del oficialismo. El ministro explicó que él se había referido a los directivos de los médicos y no a los médicos. Al justificar la aprobación, Armando Baunaly (PJ) dijo que su bloque no está con la demagogia sino con la sociedad. La Agrupación de Médicos Justicialistas liderada por Guillermo Alonso cuestionó a la elite de profesionales que se oponía al Siprosa. El 16 de agosto, el asunto se trató en una asamblea del Colegio Médico, que contó con 500 participantes, entre ellos el ministro Eugenio Lobo. El secretario del colegio habló de tres objeciones al proyecto, pero el ministro aclaró que el Senado no las incorporó al texto.
La asamblea, finalmente, aprobó la acción de la comisión directiva y apoyó el proyecto del Siprosa.
Aldo Neri, ministro de Salud y Acción Social de la Nación, que presidió el encuentro del Cofesa, avaló la iniciativa. No vea que haya incompatibilidad entre el Siprosa y los lineamientos de la política sanitaria nacional, dijo el 6 de septiembre. Diputados sancionó la ley el 20. La UCR cuestionó el sistema de compra directa. Alejandro Sangenis (PJ) replicó que ese sistema buscaba evitar la burocracia.
El ministro anunció el 1 de junio que el Ejecutivo enviaba, entre otros proyectos, el de creación del Siprosa, que sería sometido a consulta de los sectores. Se le asignaba el gobierno y administración de la salud y medio ambiente, con la premisa de que la salud es un derecho básico e inalienable. En ese contexto asumía el rol de garante económico y de organización, planificación y dirección.
Guerra de posiciones
En agosto se desarrolló una guerra de solicitadas y declaraciones de diverso calibre.
Los Colegios de Bioquímicos y de Farmacéuticos, el Círculo Odontológico Médico rompieron lanzas con el Gobierno, aduciendo la exigüidad del plazo de análisis. Temían la absorción del subsector privado por el estatal y que el organismo estatal se limitara a atender los hospitales. Exigían también que se garantice la libre elección del profesional.
Haurigot reaccionó ásperamente: tenemos que terminar con esta pequeña elite que pretende hacer de la salud un comercio.
Por solicitada, el ministro respondió que se proponía recuperar el hospital público y negó la desaparición de los subsectores privados y de obras sociales. La libre elección del profesional no está amenazada por el Siprosa, precisó.
Políticamente advirtió que el 98% del pueblo votó por la justicia social y el derecho a la salud. El NOA Médico hizo foco en que el proyecto había sido elaborado sin participación de los colegios profesionales.
En las bancas
L a polémica siguió en el Senado. En la sesión del 7 de agosto, a la que asistió Haurigot, la UCR se retiró del recinto. Se basó en el dictamen de la comisión de Legislación Social que aconsejaba suspender el tratamiento hasta la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) . Elena Guraiib de Ahualli (UCR) no entendía el apuro del oficialismo. El ministro explicó que él se había referido a los directivos de los médicos y no a los médicos. Al justificar la aprobación, Armando Baunaly (PJ) dijo que su bloque no está con la demagogia sino con la sociedad. La Agrupación de Médicos Justicialistas liderada por Guillermo Alonso cuestionó a la elite de profesionales que se oponía al Siprosa. El 16 de agosto, el asunto se trató en una asamblea del Colegio Médico, que contó con 500 participantes, entre ellos el ministro Eugenio Lobo. El secretario del colegio habló de tres objeciones al proyecto, pero el ministro aclaró que el Senado no las incorporó al texto.
La asamblea, finalmente, aprobó la acción de la comisión directiva y apoyó el proyecto del Siprosa.
Aldo Neri, ministro de Salud y Acción Social de la Nación, que presidió el encuentro del Cofesa, avaló la iniciativa. No vea que haya incompatibilidad entre el Siprosa y los lineamientos de la política sanitaria nacional, dijo el 6 de septiembre. Diputados sancionó la ley el 20. La UCR cuestionó el sistema de compra directa. Alejandro Sangenis (PJ) replicó que ese sistema buscaba evitar la burocracia.
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