08 Marzo 2015
BUENOS AIRES.- Ante la presencia de Alberto Nisman en el Congreso el 19 de enero pasado para ampliar las pruebas que él dijo tener el martes anterior cuando denunció, entre otros, nada menos que a la presidenta, Cristina Fernández, por querer encubrir a Irán en la voladura de la AMIA, era lícito por entonces preguntarse si los pasos que venía dando el fiscal y sus consecuencias eran cosas que, por su gravedad, le iban a interesar al común de la gente.
Pese a la envergadura del caso, que parte de un crimen colectivo sin parangón en la Argentina, ocurrido hace casi 21 años, ya se ha visto que graves cuestiones institucionales o aún políticas que se manejaron arbitrariamente durante las últimas tres décadas de democracia no fueron consideradas prioritarias en la consideración del gran público, como si las cuestiones que no le tocan el bolsillo a los ciudadanos de modo inmediato quedaran archivadas para mejor ocasión.
Para mal del Gobierno, esta vez, lejos de seguir el mismo patrón de conducta, lo sucedido después que se conoció la misteriosa muerte del Nisman, ocurrida durante el fin de semana del 17 y 18 de enero y el glamour que sugieren las conexiones con el mundo del espionaje, han metido el concepto de “magnicidio” en casi todas las casas.
Lo que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo” de la política, refiriéndose a “una minoría de ciudadanos politizados que lee el diario todos los días, que ven los programas políticos y que siempre están interactuando con nosotros” parece ser que, por este tema en especial, se ha expendido hacia cierta masificación y que eso le juega en contra al Gobierno.
Sin embargo, lo que más lo complica es que tan terrible situación, que lo hace sentirse cercado por los cuatro costados, no sólo amplió los límites del interés público, sino que una porción mayoritaria de la sociedad ha tomado partido por la hipótesis del crimen. Y a la vez, como el público observa de modo muy nítido las continuas chapuzas políticas, diplomáticas y comunicacionales del kirchnerismo tratando de encauzar el tema, ahonda sus sospechas sobre algún grado de su propia responsabilidad. El pico de mayor interés popular seguramente se manifestó el jueves, cuando la ex esposa del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, madre de las dos hijas de Nisman y querellante por ellas en la causa, transmitió su dramático mensaje desde tres vertientes diferentes: la pericial, la político-institucional y la emotiva.
El primer ítem, la jueza lo cubrió con doce de los trece puntos de las conclusiones de su “equipo interdisciplinario” de peritos, afirmaciones en las que nadie pudo dejar de pensar, aunque hayan sido obtenidas de fotografías o de imágenes de la autopsia: la diferente hora de la muerte, focalizada más hacia la noche del sábado que en la mañana del domingo, el cuerpo movido, la ausencia de pólvora y la falta de espasmo cadavérico en su mano derecha porque hubo agonía, la sangre perdida, la trayectoria de la bala, que no estaba borracho, como de modo abyecto se intentó instalar para decir que eso le dio fuerzas para pegarse un balazo y, por último, un contundente dictamen. “El análisis del lugar del hecho, así como de las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descartan la posibilidad que el hecho sea accidental. Por los mismos motivos expuestos se descarta la probabilidad de la hipótesis en modalidad suicida”, dijeron sin dudarlo las cuatro eminencias que presentó Arroyo Salgado. En ese resumen pericial, adrede se omitió divulgar un punto que los expertos y la jueza se guardaron para presentárselo a la Justicia, el número 12: la hipótesis sobre la mecánica del crimen que, por ahora, custodia la fiscal Viviana Fein.
En el capítulo político-institucional, la exposición de Arroyo Salgado fue contundente: “fue un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuesta de las instituciones de la República”. Sin dudas, la segunda parte de la frase está direccionada al Poder Ejecutivo, ya que esa falta de respuesta se emparenta con todas las acciones dilatorias que se están verificando en la causa que inició Nisman y que, según la opinión de la jueza, gatillaron su muerte.
Por último, el condimento emocional, a partir de una acongojada afirmación, dicha sin ningún tipo de dudas: “lógicamente que el suicidio que se pretende comprobar no podrá ser acreditado por la simple razón que Alberto Nisman no se suicidó: a Alberto Nisman lo mataron”, disparó.
Como si todo esto fuera poco, los enredos del Gobierno han sido tantos desde el primer día, que generaron entre la gente desconfianza sobre desconfianza. El cansancio por las versiones que se hacen correr y por todas las operaciones de prensa y manipulación que se intentan desde el kirchnerismo a través de los medios más alineados hace que casi nada sea creíble.
Lo cierto es que la Presidenta nunca supo separar la tirria que le provocó la denuncia de Nisman del episodio de su muerte. Todas las movidas públicas del Gobierno (declaraciones casi insultantes y solicitadas en diarios de la Argentina y el extranjero), antes y después del hecho, estuvieron impregnadas de un odio tan fuerte hacia el fiscal que le impidió a Cristina hasta darle el pésame a su madre o a sus dos hijas. La gente del común, aún los miembros de la militancia más acérrima, también toma nota de esos pequeños detalles que son muy apreciados en materia de solidaridad, sobre todo en el interior del país y entre los más humildes.
Pero, además, la Presidenta se enredó en una tarea detectivesca que no le compete y que contribuyó a derretir aún más la confianza en el Gobierno en este tema tan crítico. Ella se había preguntado en una primera carta por Facebook “¿suicidio?”, aunque pareció adherir a esta hipótesis cuando planteó en el mismo escrito: “¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”. En una segunda carta, tres días después, había afirmado lo más campante que “el suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio” y así, por ese inexplicable desborde, es que ha quedado alineada su última palabra con la misma conclusión a la que llegaron un mes y medio después los peritos de Arroyo Salgado.
Tantas idas y vueltas dejaron la sensación que, fuera de toda estrategia, la Presidenta siempre intentó acomodar su parecer para despegarse de la terrible situación. Sin embargo, hay más porque todo el resto del kirchnerismo, salvo Aníbal Fernández quien apunta a Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le entregó la pistola en un horario ahora mucho más cercano a la muerte, se empeña en poner el suicidio como la única alternativa válida.
Si bien la fiscal Fein dice que aún no tiene una hipótesis única, todo parece indicar que esta es la opción que podría prevalecer en la Justicia. Pero, qué difícil será sostenerla con buena parte de la sociedad creyendo otra cosa, en este involucramiento inédito y masivo.
Donde quizás no haya tantas precisiones para la gente del común, aunque ávidamente se ha devorado las escuchas que salieron a la luz en sitios de Internet mostrando el funcionamiento de una suerte de embajada paralela que decía que operaba dentro de la Casa Rosada, es en las derivaciones de la denuncia por encubrimiento que hizo Nisman, que hoy está, debido a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita, en la Sala I de la Cámara Federal.
Desde lo estrictamente procesal, uno de los acusados, el diputado Andrés Larroque, cuestionó al fiscal Germán Moldes por haber convocado al 18F, en homenaje a su colega Nisman. Como el Gobierno siempre le endilgó a esa marcha propósitos políticos, él apunta a una recusación con la esperanza de que otro funcionario del ministerio Público más afín al kirchnerismo deje de impulsar la causa. Lo cierto es que, en todo caso, la situación se va a dilatar con escritos de un lado y del otro hasta que la denuncia llegue finalmente a la Corte Suprema. Justamente, el titular del Alto Tribunal, Horacio Lorenzetti, también fue noticia durante la semana por su contestación pública a la Presidenta sobre algunas chicanas que ella desparramó el domingo pasado en el Congreso, cuando acusó a la Corte de no avanzar en la causa de la Embajada de Israel. El Presidente hizo saber que el tema era “cosa juzgada”, aunque un día después debió aclarar que la investigación “continúa” abierta, pese que ya se probó cómo ocurrió el ataque y “la responsabilidad penal de sus autores”, el “grupo Hezbollah”.
También Cristina generó en aquel discurso en el Congreso, un tironeo diplomático cuando dijo que “el estado de Israel reclama por la AMIA y no por la voladura de su propia embajada”.
En esta ocasión, ante el desgaste de casi doce años de gobierno y sobre todo ante la suma gravedad de todo el asunto, el relato sobre el caso Nisman y los propios enredos del Gobierno no logran perforar a la ciudadanía ni siquiera para sembrar la semilla de una “duda razonable” que lo deje a un lado. A su pesar, esta vez la opinión pública se ha interesado más de la cuenta.
Pese a la envergadura del caso, que parte de un crimen colectivo sin parangón en la Argentina, ocurrido hace casi 21 años, ya se ha visto que graves cuestiones institucionales o aún políticas que se manejaron arbitrariamente durante las últimas tres décadas de democracia no fueron consideradas prioritarias en la consideración del gran público, como si las cuestiones que no le tocan el bolsillo a los ciudadanos de modo inmediato quedaran archivadas para mejor ocasión.
Para mal del Gobierno, esta vez, lejos de seguir el mismo patrón de conducta, lo sucedido después que se conoció la misteriosa muerte del Nisman, ocurrida durante el fin de semana del 17 y 18 de enero y el glamour que sugieren las conexiones con el mundo del espionaje, han metido el concepto de “magnicidio” en casi todas las casas.
Lo que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo” de la política, refiriéndose a “una minoría de ciudadanos politizados que lee el diario todos los días, que ven los programas políticos y que siempre están interactuando con nosotros” parece ser que, por este tema en especial, se ha expendido hacia cierta masificación y que eso le juega en contra al Gobierno.
Sin embargo, lo que más lo complica es que tan terrible situación, que lo hace sentirse cercado por los cuatro costados, no sólo amplió los límites del interés público, sino que una porción mayoritaria de la sociedad ha tomado partido por la hipótesis del crimen. Y a la vez, como el público observa de modo muy nítido las continuas chapuzas políticas, diplomáticas y comunicacionales del kirchnerismo tratando de encauzar el tema, ahonda sus sospechas sobre algún grado de su propia responsabilidad. El pico de mayor interés popular seguramente se manifestó el jueves, cuando la ex esposa del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, madre de las dos hijas de Nisman y querellante por ellas en la causa, transmitió su dramático mensaje desde tres vertientes diferentes: la pericial, la político-institucional y la emotiva.
El primer ítem, la jueza lo cubrió con doce de los trece puntos de las conclusiones de su “equipo interdisciplinario” de peritos, afirmaciones en las que nadie pudo dejar de pensar, aunque hayan sido obtenidas de fotografías o de imágenes de la autopsia: la diferente hora de la muerte, focalizada más hacia la noche del sábado que en la mañana del domingo, el cuerpo movido, la ausencia de pólvora y la falta de espasmo cadavérico en su mano derecha porque hubo agonía, la sangre perdida, la trayectoria de la bala, que no estaba borracho, como de modo abyecto se intentó instalar para decir que eso le dio fuerzas para pegarse un balazo y, por último, un contundente dictamen. “El análisis del lugar del hecho, así como de las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descartan la posibilidad que el hecho sea accidental. Por los mismos motivos expuestos se descarta la probabilidad de la hipótesis en modalidad suicida”, dijeron sin dudarlo las cuatro eminencias que presentó Arroyo Salgado. En ese resumen pericial, adrede se omitió divulgar un punto que los expertos y la jueza se guardaron para presentárselo a la Justicia, el número 12: la hipótesis sobre la mecánica del crimen que, por ahora, custodia la fiscal Viviana Fein.
En el capítulo político-institucional, la exposición de Arroyo Salgado fue contundente: “fue un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuesta de las instituciones de la República”. Sin dudas, la segunda parte de la frase está direccionada al Poder Ejecutivo, ya que esa falta de respuesta se emparenta con todas las acciones dilatorias que se están verificando en la causa que inició Nisman y que, según la opinión de la jueza, gatillaron su muerte.
Por último, el condimento emocional, a partir de una acongojada afirmación, dicha sin ningún tipo de dudas: “lógicamente que el suicidio que se pretende comprobar no podrá ser acreditado por la simple razón que Alberto Nisman no se suicidó: a Alberto Nisman lo mataron”, disparó.
Como si todo esto fuera poco, los enredos del Gobierno han sido tantos desde el primer día, que generaron entre la gente desconfianza sobre desconfianza. El cansancio por las versiones que se hacen correr y por todas las operaciones de prensa y manipulación que se intentan desde el kirchnerismo a través de los medios más alineados hace que casi nada sea creíble.
Lo cierto es que la Presidenta nunca supo separar la tirria que le provocó la denuncia de Nisman del episodio de su muerte. Todas las movidas públicas del Gobierno (declaraciones casi insultantes y solicitadas en diarios de la Argentina y el extranjero), antes y después del hecho, estuvieron impregnadas de un odio tan fuerte hacia el fiscal que le impidió a Cristina hasta darle el pésame a su madre o a sus dos hijas. La gente del común, aún los miembros de la militancia más acérrima, también toma nota de esos pequeños detalles que son muy apreciados en materia de solidaridad, sobre todo en el interior del país y entre los más humildes.
Pero, además, la Presidenta se enredó en una tarea detectivesca que no le compete y que contribuyó a derretir aún más la confianza en el Gobierno en este tema tan crítico. Ella se había preguntado en una primera carta por Facebook “¿suicidio?”, aunque pareció adherir a esta hipótesis cuando planteó en el mismo escrito: “¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”. En una segunda carta, tres días después, había afirmado lo más campante que “el suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio” y así, por ese inexplicable desborde, es que ha quedado alineada su última palabra con la misma conclusión a la que llegaron un mes y medio después los peritos de Arroyo Salgado.
Tantas idas y vueltas dejaron la sensación que, fuera de toda estrategia, la Presidenta siempre intentó acomodar su parecer para despegarse de la terrible situación. Sin embargo, hay más porque todo el resto del kirchnerismo, salvo Aníbal Fernández quien apunta a Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le entregó la pistola en un horario ahora mucho más cercano a la muerte, se empeña en poner el suicidio como la única alternativa válida.
Si bien la fiscal Fein dice que aún no tiene una hipótesis única, todo parece indicar que esta es la opción que podría prevalecer en la Justicia. Pero, qué difícil será sostenerla con buena parte de la sociedad creyendo otra cosa, en este involucramiento inédito y masivo.
Donde quizás no haya tantas precisiones para la gente del común, aunque ávidamente se ha devorado las escuchas que salieron a la luz en sitios de Internet mostrando el funcionamiento de una suerte de embajada paralela que decía que operaba dentro de la Casa Rosada, es en las derivaciones de la denuncia por encubrimiento que hizo Nisman, que hoy está, debido a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita, en la Sala I de la Cámara Federal.
Desde lo estrictamente procesal, uno de los acusados, el diputado Andrés Larroque, cuestionó al fiscal Germán Moldes por haber convocado al 18F, en homenaje a su colega Nisman. Como el Gobierno siempre le endilgó a esa marcha propósitos políticos, él apunta a una recusación con la esperanza de que otro funcionario del ministerio Público más afín al kirchnerismo deje de impulsar la causa. Lo cierto es que, en todo caso, la situación se va a dilatar con escritos de un lado y del otro hasta que la denuncia llegue finalmente a la Corte Suprema. Justamente, el titular del Alto Tribunal, Horacio Lorenzetti, también fue noticia durante la semana por su contestación pública a la Presidenta sobre algunas chicanas que ella desparramó el domingo pasado en el Congreso, cuando acusó a la Corte de no avanzar en la causa de la Embajada de Israel. El Presidente hizo saber que el tema era “cosa juzgada”, aunque un día después debió aclarar que la investigación “continúa” abierta, pese que ya se probó cómo ocurrió el ataque y “la responsabilidad penal de sus autores”, el “grupo Hezbollah”.
También Cristina generó en aquel discurso en el Congreso, un tironeo diplomático cuando dijo que “el estado de Israel reclama por la AMIA y no por la voladura de su propia embajada”.
En esta ocasión, ante el desgaste de casi doce años de gobierno y sobre todo ante la suma gravedad de todo el asunto, el relato sobre el caso Nisman y los propios enredos del Gobierno no logran perforar a la ciudadanía ni siquiera para sembrar la semilla de una “duda razonable” que lo deje a un lado. A su pesar, esta vez la opinión pública se ha interesado más de la cuenta.
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