Por LA GACETA
08 Marzo 2015
Las imágenes de las trombas de agua fluyendo dramáticamente por las calles de pueblos del sur de la provincia de los departamentos Graneros, Simoca, Chicligasta y Juan Bautista Alberdi, los destrozos en la ruta nacional 38, a la altura de Aguilares y en la ruta provincial 336, que cruza el departamento Burruyacu, y la destrucción de canales, defensas y graves daños en amplios lugares de nuestra ciudad y el área metropolitana se han transformado en las muestras más rotundas de los graves daños que está ocasionado la temporada de tormentas de este verano en Tucumán. Las lluvias de febrero y marzo han provocado la crecida inusitada de ríos y arroyos que bajan de la montaña, el pedemonte y las sierras; esos aluviones colmataron diques, horadaron las márgenes de los cauces, destruyeron infraestructuras, golpearon a cientos de familias y dañaroncientos de viviendas. La cuantía de los destrozos en infraestructuras, viviendas, campos y espacios públicos será varias veces millonaria.
Aunque la magnitud de las dificultades y los perjuicios ocasionados por los efectos de estas continuas lluvias en Tucumán no han tenido la misma gravedad que los generados en otras provincias, puede señalarse que las causales y el origen de estas violentas precipitaciones son prácticamente idénticas: tienen que ver con el progresivo cambio de las condiciones climáticas, pero en el caso de nuestra zona están vinculadas con los desmontes indiscriminados y las talas incontroladas de árboles y a las actitudes inescrupulosas perpetradas en beneficio personal. La ampliación de la frontera agrícola y una evidentemente desordenada urbanización son otras de las causalidades y consecuencias de esa trama perversa.
La fundación Pro Yungas lo ha señalado con todas las letras: desde mediados de la década del 70 unas 550.000 hectáreas de bosque pasaron a destinarse para cultivo y actividad ganadera en Tucumán. Unas 203.400 hectáreas fueron transformadas entre 1976 y 1986 y unas 83.000 hectáreas fueron deforestadas en el período 2000 y 2010. Y funcionarios del propio Gobierno de Tucumán han manifestado que en los últimos años se desmontaron además unas 3.000 hectáreas de tierras para destinarlas al cultivo de soja, solamente en el departamento Juan Bautista Alberdi. “Si hubiera monte en la zona, estas inundaciones no habrían ocurrido”, argumentó el responsable de la Dirección Provincial del Agua, Juan Sirimaldi. Y el delegado comunal de La Madrid -una de las localidades más afectadas por las crecientes- Dardo Herrera, coincidió con el diagnóstico, pero reveló un dato igualmente alarmante y grave: que el cauce del río Marapa fue desviado hacia la finca de un legislador que vive en la ciudad de Concepción. Así, pareciera que los tucumanos se encuentran a merced de una mezcla dañina, desidiosa e irresponsable de parte de la administración provincial por la falta de control y protección de nuestra medio ambiente y una actitud mezquina, canallesca y fuera de legalidad de quien busca sacar provecho de un espacio patrimonial protegido y limitado por las leyes y la Constitución Provincial. El director de Vialidad Provincial, Raúl Basilio, admitió a su vez. sin vueltas que los destrozos producido por la correntada en Burruyacu se debieron a la tala de árboles en la zona y “por eso el agua destruye todo”.
Son informes, documentos, advertencias y referencias contundentes que exponen un cuadro de situación que no deja de alarmar, tanto como los programas oficiales anunciados con bombos y platillos para -supuestamente- remediar las contingencias del verano o resolver una crisis que produjo muertes, desapariciones, graves daños y perjuicios de familias enteras, amén del enorme gasto que significaron en los últimos años: ¿cual fue la eficacia de los planes “Pre-lluvia” o las inversiones en el cuidado de canales y otras obras hídricas? Es entonces el propio Gobierno provincial que por su competencia, deberes y obligaciones, el que aparece en grave falta en la gestión de una materia tan sensible, básica, universal y dolorosa.
Aunque la magnitud de las dificultades y los perjuicios ocasionados por los efectos de estas continuas lluvias en Tucumán no han tenido la misma gravedad que los generados en otras provincias, puede señalarse que las causales y el origen de estas violentas precipitaciones son prácticamente idénticas: tienen que ver con el progresivo cambio de las condiciones climáticas, pero en el caso de nuestra zona están vinculadas con los desmontes indiscriminados y las talas incontroladas de árboles y a las actitudes inescrupulosas perpetradas en beneficio personal. La ampliación de la frontera agrícola y una evidentemente desordenada urbanización son otras de las causalidades y consecuencias de esa trama perversa.
La fundación Pro Yungas lo ha señalado con todas las letras: desde mediados de la década del 70 unas 550.000 hectáreas de bosque pasaron a destinarse para cultivo y actividad ganadera en Tucumán. Unas 203.400 hectáreas fueron transformadas entre 1976 y 1986 y unas 83.000 hectáreas fueron deforestadas en el período 2000 y 2010. Y funcionarios del propio Gobierno de Tucumán han manifestado que en los últimos años se desmontaron además unas 3.000 hectáreas de tierras para destinarlas al cultivo de soja, solamente en el departamento Juan Bautista Alberdi. “Si hubiera monte en la zona, estas inundaciones no habrían ocurrido”, argumentó el responsable de la Dirección Provincial del Agua, Juan Sirimaldi. Y el delegado comunal de La Madrid -una de las localidades más afectadas por las crecientes- Dardo Herrera, coincidió con el diagnóstico, pero reveló un dato igualmente alarmante y grave: que el cauce del río Marapa fue desviado hacia la finca de un legislador que vive en la ciudad de Concepción. Así, pareciera que los tucumanos se encuentran a merced de una mezcla dañina, desidiosa e irresponsable de parte de la administración provincial por la falta de control y protección de nuestra medio ambiente y una actitud mezquina, canallesca y fuera de legalidad de quien busca sacar provecho de un espacio patrimonial protegido y limitado por las leyes y la Constitución Provincial. El director de Vialidad Provincial, Raúl Basilio, admitió a su vez. sin vueltas que los destrozos producido por la correntada en Burruyacu se debieron a la tala de árboles en la zona y “por eso el agua destruye todo”.
Son informes, documentos, advertencias y referencias contundentes que exponen un cuadro de situación que no deja de alarmar, tanto como los programas oficiales anunciados con bombos y platillos para -supuestamente- remediar las contingencias del verano o resolver una crisis que produjo muertes, desapariciones, graves daños y perjuicios de familias enteras, amén del enorme gasto que significaron en los últimos años: ¿cual fue la eficacia de los planes “Pre-lluvia” o las inversiones en el cuidado de canales y otras obras hídricas? Es entonces el propio Gobierno provincial que por su competencia, deberes y obligaciones, el que aparece en grave falta en la gestión de una materia tan sensible, básica, universal y dolorosa.
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