08 Marzo 2015
ANTE LA CORTE. La jueza Balcázar el viernes, antes de ingresar a la audiencia con los vocales del alto tribunal. la gaceta / foto de inés quinteros orio
Lejos está de ser motorizado por cuestiones personales el conflicto que sostienen las vocales de la sala IV de la Cámara Penal, María Alejandra Balcázar, Wendy Kassar y María del Pilar Prieto. Al menos, es lo que sostiene una de ellas. Mediante una nota que dirigió a la Corte Suprema de Justicia, la jueza Balcázar advirtió sobre serias falencias en el funcionamiento y en la atención del servicio de justicia de sus compañeras de sala.
“No hay ninguna cuestión de tipo personal ni de caracteres personales, todas y cada una de las cuestiones que he planteado son estrictamente relacionadas al funcionamiento de la sala y de la prestación del servicio de justicia”, alertó Balcázar en el texto remitido al presidente del máximo tribunal, Antonio Gandur.
La convivencia en la Sala IV está en crisis desde el año pasado. Balcázar denunció ante la Corte que sus compañeras de sala la habían agredido y violentado. El escándalo se profundizó el jueves con una fuerte discusión, que acabó con un llamado al servicio de emergencias médicas 107 y con tres funcionarios judiciales decididos a marcharse del tribunal. Puntualmente, Prieto formalizó el pedido de traslado del secretario Miguel Flores, del prosecretario Abel Eduardo López y del relator Guillermo Puig mediante una nota dirigida a la Corte. La jueza aseguró que la decisión obedece a las agresiones “con todos los epítetos posibles” que estos sufrían por parte de Balcázar. “El hostigamiento, el acoso laboral y la violencia se extiende hacia el conjunto de los empleados”, había planteado Prieto en el documento.
Sin embargo, el viernes Balcázar envió una misiva individual al alto tribunal con otra versión de lo sucedido, y acusó a Prieto de colocar al “Poder Judicial en medio de una grotesca comedia de enredos” cuando todas las acciones por ellas realizadas “guardan directa relación con la calidad del servicio de justicia”.
Balcázar insistió en que el conflicto no guarda relación con desavenencias personales, como aduce Prieto. “He sido la que ha reclamado trabajo extendido de las vocales y los funcionarios, para realizar mayor cantidad de debates, la que solicitó el ingreso de gestión, la que pidió una revisión de las causas con prisiones preventivas vencidas, y la fijación de criterios más racionales para establecer prioridades para el llamado a debate, como ser la existencia de personas detenidas”, expuso. No obstante sus reclamos, dijo, nada de esto pudo ser cumplido.
“Estas son las cuestiones concretas que motivan las diferencias y que pretenden ser ocultadas bajo el escándalo mediático o enmarañando el sumario y reduciendo el debate a niveles indecorosos que desacreditan este poder del Estado”, remarcó Balcázar, que accedió al cargo en junio del año pasado.
“No hay ninguna cuestión de tipo personal ni de caracteres personales, todas y cada una de las cuestiones que he planteado son estrictamente relacionadas al funcionamiento de la sala y de la prestación del servicio de justicia”, alertó Balcázar en el texto remitido al presidente del máximo tribunal, Antonio Gandur.
La convivencia en la Sala IV está en crisis desde el año pasado. Balcázar denunció ante la Corte que sus compañeras de sala la habían agredido y violentado. El escándalo se profundizó el jueves con una fuerte discusión, que acabó con un llamado al servicio de emergencias médicas 107 y con tres funcionarios judiciales decididos a marcharse del tribunal. Puntualmente, Prieto formalizó el pedido de traslado del secretario Miguel Flores, del prosecretario Abel Eduardo López y del relator Guillermo Puig mediante una nota dirigida a la Corte. La jueza aseguró que la decisión obedece a las agresiones “con todos los epítetos posibles” que estos sufrían por parte de Balcázar. “El hostigamiento, el acoso laboral y la violencia se extiende hacia el conjunto de los empleados”, había planteado Prieto en el documento.
Sin embargo, el viernes Balcázar envió una misiva individual al alto tribunal con otra versión de lo sucedido, y acusó a Prieto de colocar al “Poder Judicial en medio de una grotesca comedia de enredos” cuando todas las acciones por ellas realizadas “guardan directa relación con la calidad del servicio de justicia”.
Balcázar insistió en que el conflicto no guarda relación con desavenencias personales, como aduce Prieto. “He sido la que ha reclamado trabajo extendido de las vocales y los funcionarios, para realizar mayor cantidad de debates, la que solicitó el ingreso de gestión, la que pidió una revisión de las causas con prisiones preventivas vencidas, y la fijación de criterios más racionales para establecer prioridades para el llamado a debate, como ser la existencia de personas detenidas”, expuso. No obstante sus reclamos, dijo, nada de esto pudo ser cumplido.
“Estas son las cuestiones concretas que motivan las diferencias y que pretenden ser ocultadas bajo el escándalo mediático o enmarañando el sumario y reduciendo el debate a niveles indecorosos que desacreditan este poder del Estado”, remarcó Balcázar, que accedió al cargo en junio del año pasado.
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