06 Marzo 2015
la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo)
Un nuevo capítulo del conflicto que sostienen las vocales María Alejandra Balcázar, Wendy Kassar y María del Pilar Prieto terminó con tres funcionarios judiciales decididos a marcharse del tribunal. Ayer, Prieto formalizó el pedido de traslado del secretario Miguel Flores, del prosecretario Abel Eduardo López y del relator Guillermo Puig mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la que narró la discusión, que acabó con un llamado al servicio de emergencias médicas 107.
“Vengo a poner a estos funcionarios a disposición del alto tribunal por pedido expreso de ellos”, dijo la jueza. Después de considerarlos piezas indispensables para el desenvolvimiento del estrado, expresó que el motivo de la decisión era la situación insuperable de agresiones “con todos los epítetos posibles” que estos sufrían por parte de Balcázar. “El hostigamiento, el acoso laboral y la violencia se extiende hacia el conjunto de los empleados, cosa que puse en conocimiento del vocal Antonio Estofán el 2 de marzo pasado. Sin embargo, fuimos sorprendidos por la denuncia arbitraria, antojadiza, desleal y artera (de Balcázar)”, añadió. Como consecuencia de esa presentación, la Corte abrió un sumario administrativo cuya instrucción está a cargo del ministro público Edmundo Jiménez.
Prieto acusó a Balcázar de sacar al personal de sus tareas “hasta para hacerse pelar una naranja o encender el aire acondicionado”. La jueza manifestó que esa actitud culminó este jueves con la necesidad de asistencia médica para ella y Flores por parte del equipo del 107. “Reitero que con sumo pesar, mas con la firme convicción de sostener la integridad física y psíquica de los funcionarios, solicito a la Corte que les otorgue un nuevo destino para la prestación de funciones”, dijo.
La convivencia en la Sala IV está en crisis desde el año pasado. Al término de la feria larga, Balcázar denunció ante la Corte que sus compañeras de sala la habían agredido y violentado. Además, les endilgó la presunta comisión de irregularidades durante el trámite de causas penales. La camarista denunciante dijo que el 30 de diciembre pasado a las 13.15, cuando se dirigía al baño, fue interceptada por Kassar: “en dicho momento comenzó a insultarme manifestándome que soy una ‘cagadora’; que el personal de la sala se debería haber retirado y que, por mi culpa, no se podía ir; que era una ‘cagona’; que temía a la Corte y que, si no me animaba a estar sentada en esta silla, ‘me ponga una mercería’”.
“Vengo a poner a estos funcionarios a disposición del alto tribunal por pedido expreso de ellos”, dijo la jueza. Después de considerarlos piezas indispensables para el desenvolvimiento del estrado, expresó que el motivo de la decisión era la situación insuperable de agresiones “con todos los epítetos posibles” que estos sufrían por parte de Balcázar. “El hostigamiento, el acoso laboral y la violencia se extiende hacia el conjunto de los empleados, cosa que puse en conocimiento del vocal Antonio Estofán el 2 de marzo pasado. Sin embargo, fuimos sorprendidos por la denuncia arbitraria, antojadiza, desleal y artera (de Balcázar)”, añadió. Como consecuencia de esa presentación, la Corte abrió un sumario administrativo cuya instrucción está a cargo del ministro público Edmundo Jiménez.
Prieto acusó a Balcázar de sacar al personal de sus tareas “hasta para hacerse pelar una naranja o encender el aire acondicionado”. La jueza manifestó que esa actitud culminó este jueves con la necesidad de asistencia médica para ella y Flores por parte del equipo del 107. “Reitero que con sumo pesar, mas con la firme convicción de sostener la integridad física y psíquica de los funcionarios, solicito a la Corte que les otorgue un nuevo destino para la prestación de funciones”, dijo.
La convivencia en la Sala IV está en crisis desde el año pasado. Al término de la feria larga, Balcázar denunció ante la Corte que sus compañeras de sala la habían agredido y violentado. Además, les endilgó la presunta comisión de irregularidades durante el trámite de causas penales. La camarista denunciante dijo que el 30 de diciembre pasado a las 13.15, cuando se dirigía al baño, fue interceptada por Kassar: “en dicho momento comenzó a insultarme manifestándome que soy una ‘cagadora’; que el personal de la sala se debería haber retirado y que, por mi culpa, no se podía ir; que era una ‘cagona’; que temía a la Corte y que, si no me animaba a estar sentada en esta silla, ‘me ponga una mercería’”.
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