El empleado judicial cesanteado por adulterar declaraciones irá a juicio

CONCEPCIÓN.- La Justicia local elevó a juicio oral y público la causa en la que el ex empleado judicial Guillermo Alberto Molina, está acusado de haber incurrido en los delitos de “violación de medios de prueba por sustracción y ocultación”, “falsedad documental por supresión y “tentativa de falsificación de instrumento público”.

Las presuntas irregularidades las cometió el año pasado cuando se desempeñaba en la Fiscalía de Instrucción de la Iª Nominación de los tribunales de esta ciudad. A Molina se le descubrió que, como instructor, había modificado declaraciones de testigos en una causa por homicidio del que fue víctima en Aguilares el joven José Luis Poma. Por esta razón se le inició un sumario administrativo mediante el cual fue dejado cesante.

Las imputaciones, ahora dadas a conocer, surgen de una investigación penal que, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, llevó adelante el fiscal Edgardo Sánchez, de la Fiscalía de Instrucción de la IVª Nominación del Centro Judicial Concepción.

El representante del Ministerio Público notificó de las conclusiones al juez de Instrucción de turno y al no plantear oposición, la causa fue elevada a juicio a la sala II de la Cámara Penal. Los delitos por los que está imputado Molina, cometidos ocultando las actas testimoniales originales y haciendo un nuevo documento en formato de acta, favoreció al homicida Raúl Esteban Ortega, cuñado de la víctima.

El crimen

El 13 de abril de 2014, Ortega le asestó una puñalada mortal a Poma mientras este discutía con su hermana y esposa del atacante. Pero el homicida fue dejado en libertad a pocos días del hecho. A través de la adulteración, Ortega figuraba que había apuñalado a su pariente durante una pelea y en defensa propia, cuando había actuado en forma artera y sin ser parte de la discusión de los hermanos.

En ese entonces la Fiscalía Iª se encontraba acéfala y era subrogada por distintos fiscales. Fue Gladys Albarracín, madre de la víctima, quien descubrió primero las irregularidades, tras acceder a una copia de los expedientes de la causa, luego de enterarse que Ortega había quedado en libertad.

La mujer, al leer en su casa una copia del expediente, advirtió que el testimonio suyo, de su esposo y de dos de sus hijas, brindados ante Molina, habían sido modificados. Entonces retornó a tribunales y a gritos solicitó la presencia de una autoridad. La intervención del fiscal Sánchez y luego del designado titular de la Fiscalía Iª, Miguel Varela, permitió desnudar la maniobra.

Sánchez, en su pedido de elevación a juicio de la causa, consideró haber reunido elementos de convicción suficiente para tener acreditado, prima facie, la presunta autoría de los delitos referidos. Ahora Molina enfrenta condenas que oscilan entre uno y seis años de prisión. (C)