Por Irene Benito
02 Marzo 2015
ARCHIVO LA GACETA
El juez federal Daniel Bejas procesó con prisión preventiva domiciliaria al ex capitán Esteban Sanguinetti por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad contra el soldado Alberto Ledo a partir de declaraciones testimoniales sostenidas sobre comentarios de terceros. El mismo Bejas recordó ese detalle cuando notificó que se negaba a indagar en el expediente “Ledo” a César Milani, jefe del Ejército en ascenso por la caída en desgracia del espía Jaime Stiusso. En contraste con las pruebas orales que incriminan a Sanguinetti, la solicitud de indagatoria de Milani está fundada en un documento tangible, el sumario administrativo-militar de la deserción del conscripto confeccionado por el coimputado en su condición de subteniente, cuya validez probatoria había sido avalada días antes por el propio Bejas.
No es la primera vez que el ex apoderado del Partido Justicialista local consagra un doble estándar funcional al poder político que lo nombró juez en propiedad en 2011 (previamente se había desempeñado como subrogante en el Tribunal Oral y, luego, en el Juzgado Federal N°1). Jorge Parache, el inquilino anterior del despacho eyectado por el escándalo de las maniobras con títulos públicos, no militaba en la independencia, pero tampoco quedaba tan expuesto: se limitaba a acurrucar las causas sensibles y a salir bien parado con las mayorías ganadoras de los comicios en el ejercicio de la competencia electoral.
Las dos justicias de Bejas también se proyectan al ámbito de supuestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. El magistrado descargó todo el peso de la ley sobre Felipe Federico Terán, ex juez federal N°2 destituido, en virtud de una denuncia nacida del rapto de furia y venganza de Héctor Abraham Musi, ex fiscal investigado por Terán en conexión con la libre circulación de vehículos 4x4 robados. Musi luego se retractó, pero la vuelta atrás no tuvo efecto sobre una pesquisa dependiente de la acción pública que, en el presente, está a las puertas del juicio oral. Otro fue el criterio de Bejas para con idéntico delito endilgado a Juan Manzur, delfín del contador que gobierna la provincia desde 2003, a quien sobreseyó sin siquiera requerirle que justifique sus incrementos patrimoniales apreciables en los términos del artículo 268(2) con base en una peritación técnica -confeccionada en Buenos Aires y en presencia de un contador de Manzur- que aparentemente no había quedado firme. A diferencia de Musi, el denunciante Oscar López amplió al menos ocho veces su presentación original de 2010.
Pero en la causa que involucra a Milani, la vocación de Bejas por aplicar a los exponentes del poder una justicia más benigna llegó hasta el punto de contradecir la que hasta el 13 de febrero pasado había sido una política incuestionable de su juzgado: el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. En ese afán -coincidente con el discurso del oficialismo nacional-, el magistrado había hecho los deberes como nadie antes en Tucumán: son pruebas de ello el fallecimiento de Antonio Domingo Bussi con condena firme y la introducción inédita del reproche de genocidio.
Tanto persiguió Bejas a los acusados de sostener el terrorismo de Estado que a los atalayas de la Justicia Federal les cuesta recordar antecedentes de pedidos de indagatoria denegados en causas de lesa humanidad previos a la decisión que favoreció a Milani. Esos foristas anonadados precisan que ni siquiera es común que el juez federal N°1 rechace las indagatorias solicitadas por el Ministerio Público en investigaciones de delitos cometidos durante la democracia. Porque indagar es simplemente dar al imputado la oportunidad de expresarse, sin obligación de declarar ni de decir la verdad. Bejas pudo llamar a Milani y, después, sobreseerlo o dictar la falta de mérito si entendía que su coartada era convincente o que la acusación carecía de fundamento. Más de un analista judicial sospecha que no accedió a la citación del jefe del Ejército Argentino para evitarle la fotografía incómoda en los pasillos de los Tribunales. Abonan ese mensaje de fidelidad al poder la decisión de difundir la buena nueva para Milani (y la Casa Rosada) durante el emblemático 18-F pese a que Bejas la había rubricado hacía cinco días, justo antes de salir de vacaciones. Con Manzur usó un timing similar: meditó el asuntillo durante un año y medio, y lo sobreseyó 24 horas después del inicio del último Mundial.
No es la primera vez que el ex apoderado del Partido Justicialista local consagra un doble estándar funcional al poder político que lo nombró juez en propiedad en 2011 (previamente se había desempeñado como subrogante en el Tribunal Oral y, luego, en el Juzgado Federal N°1). Jorge Parache, el inquilino anterior del despacho eyectado por el escándalo de las maniobras con títulos públicos, no militaba en la independencia, pero tampoco quedaba tan expuesto: se limitaba a acurrucar las causas sensibles y a salir bien parado con las mayorías ganadoras de los comicios en el ejercicio de la competencia electoral.
Las dos justicias de Bejas también se proyectan al ámbito de supuestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. El magistrado descargó todo el peso de la ley sobre Felipe Federico Terán, ex juez federal N°2 destituido, en virtud de una denuncia nacida del rapto de furia y venganza de Héctor Abraham Musi, ex fiscal investigado por Terán en conexión con la libre circulación de vehículos 4x4 robados. Musi luego se retractó, pero la vuelta atrás no tuvo efecto sobre una pesquisa dependiente de la acción pública que, en el presente, está a las puertas del juicio oral. Otro fue el criterio de Bejas para con idéntico delito endilgado a Juan Manzur, delfín del contador que gobierna la provincia desde 2003, a quien sobreseyó sin siquiera requerirle que justifique sus incrementos patrimoniales apreciables en los términos del artículo 268(2) con base en una peritación técnica -confeccionada en Buenos Aires y en presencia de un contador de Manzur- que aparentemente no había quedado firme. A diferencia de Musi, el denunciante Oscar López amplió al menos ocho veces su presentación original de 2010.
Pero en la causa que involucra a Milani, la vocación de Bejas por aplicar a los exponentes del poder una justicia más benigna llegó hasta el punto de contradecir la que hasta el 13 de febrero pasado había sido una política incuestionable de su juzgado: el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. En ese afán -coincidente con el discurso del oficialismo nacional-, el magistrado había hecho los deberes como nadie antes en Tucumán: son pruebas de ello el fallecimiento de Antonio Domingo Bussi con condena firme y la introducción inédita del reproche de genocidio.
Tanto persiguió Bejas a los acusados de sostener el terrorismo de Estado que a los atalayas de la Justicia Federal les cuesta recordar antecedentes de pedidos de indagatoria denegados en causas de lesa humanidad previos a la decisión que favoreció a Milani. Esos foristas anonadados precisan que ni siquiera es común que el juez federal N°1 rechace las indagatorias solicitadas por el Ministerio Público en investigaciones de delitos cometidos durante la democracia. Porque indagar es simplemente dar al imputado la oportunidad de expresarse, sin obligación de declarar ni de decir la verdad. Bejas pudo llamar a Milani y, después, sobreseerlo o dictar la falta de mérito si entendía que su coartada era convincente o que la acusación carecía de fundamento. Más de un analista judicial sospecha que no accedió a la citación del jefe del Ejército Argentino para evitarle la fotografía incómoda en los pasillos de los Tribunales. Abonan ese mensaje de fidelidad al poder la decisión de difundir la buena nueva para Milani (y la Casa Rosada) durante el emblemático 18-F pese a que Bejas la había rubricado hacía cinco días, justo antes de salir de vacaciones. Con Manzur usó un timing similar: meditó el asuntillo durante un año y medio, y lo sobreseyó 24 horas después del inicio del último Mundial.
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