Dos jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por matar a la víctima de un robo

“Jamás le apunté a él, no lo quería matar; mi intención era robarle. Sé que por más que le pida perdón a la familia, no me van a perdonar”. Las súplicas de Julio Hernán Pereyra no alcanzaron para convencer a los jueces de la sala II de la Cámara Penal, que ayer al mediodía lo condenaron a prisión perpetua por el crimen de Matías Garay, a quien había intentado sacarle la moto. Su cómplice, Daniel Gustavo Naranjo, recibió la misma sentencia.

La decisión de los camaristas Eduardo Romero Lascano, Alfonso Zóttoli y María del Pilar Prieto fue unánime. Darío y Adrián, los hermanos de la víctima, optaron por no ingresar a la sala cuando el prosecretario Ramón Plaza leyó la sentencia. Se fundieron en un abrazo y estallaron en llanto al conocer cuál había sido el fallo.

En San Andrés

El homicidio de Matías Garay había ocurrido el 2 de junio de 2012 alrededor de las 21.45, en una esquina del barrio Belgrano de San Andrés, ubicado en el kilómetro 1.283 de la ruta 9. Allí estaba la víctima arriba de su moto, charlando con dos amigos, cuando llegaron los asaltantes.

Los amigos de Garay declararon que Pereyra se bajó de la moto y se acercó apuntándole con un arma, mientras le gritaba que se bajara. “¡Quemalo, quemalo, disparale!”, le habría gritado Naranjo, al ver que la víctima se estaba resistiendo. Y salió el disparo mortal.

Durante el debate oral, los acusados tuvieron versiones distintas. Naranjo sostuvo que esa noche Pereyra lo había ido a buscar y le había pedido que lo llevara para cobrar una deuda. Fueron a San Andrés y encontraron a Garay en una esquina. La versión de Naranjo indicaba que su compañero se bajó de la moto a unos 50 metros de la víctima, se acercó caminando y luego de una discusión se escuchó un disparo. Pero Pereyra, cuando declaró en el debate, reconoció que habían estado robando, y que el disparo se le escapó.

El fiscal de Cámara Daniel Marranzino solicitó en su alegato que los acusados sean condenados a prisión perpetua, ya que consideró que el crimen se había cometido para garantizar u ocultar el robo, hipótesis contenida en el inciso 7° del artículo 80 del Código Penal. Marranzino consideró que no se trató de un homicidio en ocasión de robo, opinión con la que había coincidido la defensora Oficial Marta Contreras Cuenca, que actuó como querellante.

En la sentencia, los jueces hicieron lugar a un pedido de los abogados defensores (Salvador Iovane por Naranjo y Gustavo González por Pereyra), y resolvieron que se verifique la adicción a las drogas de los condenados, y que en caso de comprobarse puedan ser atendidos en un establecimiento especializado para lograr su rehabilitación.