25 Febrero 2015
El fiscal federal N°1, Carlos Brito, insistirá para que el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, César Milani, sea citado a declaración indagatoria por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, durante el terrorismo de Estado, en 1976. También para que el coimputado en el caso, el capitán Esteban Sanguinetti, amplíe su indagatoria.
Brito apeló la resolución del juez federal N°1, Daniel Bejas, que rechazó el pedido y la calificó como “arbitraria”. El magistrado había cuestionado duramente la marcha de la pesquisa. En el escrito, había incluido un listado de “inconsistencias” de la investigación. Trascartón, el magistrado había remarcado la importancia de la “imparcialidad” en la administración de justicia, sobre todo, en un caso que cuenta con tanta repercusión por la posición que ocupa Milani. “Es criterio de este magistrado que las decisiones judiciales no pueden, por el solo hecho de complacer exigencias sociales, conllevar el dictado de pronunciamientos que desconozcan garantías que hacen al debido proceso de todo ciudadano sometido al mismo, se trate o no de funcionarios públicos”, había advertido.
Milani está sospechado de la supuesta comisión de los delitos de falsificación de un documento público y de encubrimiento del secuestro y del asesinato del joven estudiante riojano.
“Arbitrariedad”
Bejas había criticado que, a su entender, Brito habría dejado de lado pruebas para centrar su atención en el legajo de deserción de Ledo, que lleva las firmas de ambos imputados. “Sobre 3.497 fojas, se limitó a valorar solamente 27 de ellas”, había subrayado el juez. “Tal aseveración exterioriza la arbitrariedad con que el señor juez federal meritúa de manera sesgada la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) a quién le reprocha por no haber profundizado la pesquisa, reconociendo que se sustanciaron 3.497 fojas”, enrostró Brito.
Luego, remarcó que esas 27 fojas son “la exteriorización en el mundo real de la maniobra pergeñada por Milani para encubrir la privación ilegítima de libertad y el homicidio calificado de Ledo, y, a su vez, el soporte material en el que se falsea ideológicamente las fechas y los lugares que contribuyen a consumar el tipo penal endilgado”. Justificó que el instrumento es el “medio probatorio” con el que sostiene la responsabilidad penal de ambos militares.
“No existen dudas de que Milani estuvo en Tucumán con el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, desde el 20 de Mayo hasta el 17 de Julio de 1976, y que fue designado por Sanguinetti para instruir las actuaciones referidas a la supuesta deserción simple de Ledo, por lo que resultan inentendibles los reproches del juez, de no haber justificado la función y tareas del encartado, que en nada modificarían las imputaciones formuladas”, retrucó.
En otro pasaje, Brito se refirió a las dudas del juez respecto de las contradicciones en fechas y horarios del legajo. Bejas había consignado que la Fiscalía concluía, sin especificar omisiones o acciones concretas al respecto, que había motivos para atribuir las conductas delictivas de encubrimiendo y falsificación y que ello comprendía un “análisis parcial en desmedro de la investigación profunda e integral”. “Estas consideraciones (son) notoriamente parciales y arbitrarias ya que precisamente esas fechas contradictorias y horarios confusos (omitió mencionar la falsificación de los lugares donde se realizaron las actuaciones administrativas), son los actos con que se falseó ideológicamente la pretendida deserción, para encubrir la desaparición y muerte de Ledo”, reiteró el investigador.
De acuerdo con la acusación fiscal y la querella, la desaparición forzada ocurrió el 17 de junio en Monteros, cuando cumplía con el servicio militar. Su ausencia motivó que días después, se iniciaran actuaciones por “deserción”. La apertura del sumario fue ordenada por Sanguinetti (jefe de la Compañía que integraba el soldado) y se designó como uno de los oficiales instructores al entonces subteniente Milani.
Brito apeló la resolución del juez federal N°1, Daniel Bejas, que rechazó el pedido y la calificó como “arbitraria”. El magistrado había cuestionado duramente la marcha de la pesquisa. En el escrito, había incluido un listado de “inconsistencias” de la investigación. Trascartón, el magistrado había remarcado la importancia de la “imparcialidad” en la administración de justicia, sobre todo, en un caso que cuenta con tanta repercusión por la posición que ocupa Milani. “Es criterio de este magistrado que las decisiones judiciales no pueden, por el solo hecho de complacer exigencias sociales, conllevar el dictado de pronunciamientos que desconozcan garantías que hacen al debido proceso de todo ciudadano sometido al mismo, se trate o no de funcionarios públicos”, había advertido.
Milani está sospechado de la supuesta comisión de los delitos de falsificación de un documento público y de encubrimiento del secuestro y del asesinato del joven estudiante riojano.
“Arbitrariedad”
Bejas había criticado que, a su entender, Brito habría dejado de lado pruebas para centrar su atención en el legajo de deserción de Ledo, que lleva las firmas de ambos imputados. “Sobre 3.497 fojas, se limitó a valorar solamente 27 de ellas”, había subrayado el juez. “Tal aseveración exterioriza la arbitrariedad con que el señor juez federal meritúa de manera sesgada la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) a quién le reprocha por no haber profundizado la pesquisa, reconociendo que se sustanciaron 3.497 fojas”, enrostró Brito.
Luego, remarcó que esas 27 fojas son “la exteriorización en el mundo real de la maniobra pergeñada por Milani para encubrir la privación ilegítima de libertad y el homicidio calificado de Ledo, y, a su vez, el soporte material en el que se falsea ideológicamente las fechas y los lugares que contribuyen a consumar el tipo penal endilgado”. Justificó que el instrumento es el “medio probatorio” con el que sostiene la responsabilidad penal de ambos militares.
“No existen dudas de que Milani estuvo en Tucumán con el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, desde el 20 de Mayo hasta el 17 de Julio de 1976, y que fue designado por Sanguinetti para instruir las actuaciones referidas a la supuesta deserción simple de Ledo, por lo que resultan inentendibles los reproches del juez, de no haber justificado la función y tareas del encartado, que en nada modificarían las imputaciones formuladas”, retrucó.
En otro pasaje, Brito se refirió a las dudas del juez respecto de las contradicciones en fechas y horarios del legajo. Bejas había consignado que la Fiscalía concluía, sin especificar omisiones o acciones concretas al respecto, que había motivos para atribuir las conductas delictivas de encubrimiendo y falsificación y que ello comprendía un “análisis parcial en desmedro de la investigación profunda e integral”. “Estas consideraciones (son) notoriamente parciales y arbitrarias ya que precisamente esas fechas contradictorias y horarios confusos (omitió mencionar la falsificación de los lugares donde se realizaron las actuaciones administrativas), son los actos con que se falseó ideológicamente la pretendida deserción, para encubrir la desaparición y muerte de Ledo”, reiteró el investigador.
De acuerdo con la acusación fiscal y la querella, la desaparición forzada ocurrió el 17 de junio en Monteros, cuando cumplía con el servicio militar. Su ausencia motivó que días después, se iniciaran actuaciones por “deserción”. La apertura del sumario fue ordenada por Sanguinetti (jefe de la Compañía que integraba el soldado) y se designó como uno de los oficiales instructores al entonces subteniente Milani.
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