Por Roberto Delgado
22 Febrero 2015
“Cada contacto deja una huella”, dice el principio de intercambio elaborado por Edmond Locard, símbolo de la investigación criminal en Francia, conocido como el “Sherlock Holmes francés”. Él estableció protocolos de trabajo para buscar la verdad a partir de elementos encontrados en la escena del crimen y en la víctima, desde marcas dactilares hasta pelos, uñas, hilos y objetos varios. Locard afirmaba que es imposible que un criminal actúe sin dejar rastros de su presencia.
Pero de la teoría a los hechos hay un paso tan grande como el salto de acá a la luna. Ahí está el misterio fresco de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Capital Federal, que ha puesto a consideración pública la acción descontrolada de los servicios de inteligencia como un poder detrás del poder. Aquí está el misterio no resuelto del asesinato de Paulina Lebbos, a nueve años de desesperada búsqueda de la verdad. Es difícil que se llegue a ella, ni siquiera con el pedido de elevación a juicio, con un acusado del homicidio (Roberto Luis Gómez, a quien se le comprobó que usó el chip del teléfono de Paulina luego de su desaparición) y cinco imputados por encubrimiento (el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito, así como el ex policía Hugo Waldino Rodríguez). Es que lo que Locard no contempla en sus análisis de la pesquisa criminal es precisamente lo que está en tela de juicio aquí: que los encargados de la investigación y los responsables del sistema de protección estén, de un modo u otro, involucrados en el crimen. Eso dice el padre de la estudiante asesinada, Alberto Lebbos, que reniega de las maniobras de encubrimiento que llevan a que sea prácticamente imposible llegar a los autores materiales del homicidio. Por eso el 26 de febrero (día de la desaparición de Paulina en 2006) es el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad.
Cosas raras
Ambos casos ponen bajo la lupa al sistema entero. No se sabe si Nisman, que ha acusado a la misma Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, se suicidó o fue asesinado. Toda la investigación se está enrareciendo. Hasta la misma testigo elegida al azar para dar fe del operativo policial en la escena de la muerte de Nisman está embarrando la acción de la fiscala Viviana Fein, que investiga el caso. Pero sí está claro algo que es muy parecido a lo que ha ocurrido con Paulina Lebbos en Tucumán: la sorprendente y pésima actuación de los policías a cargo. Tanto los que debían custodiar a Nisman (eran 10 y ninguno estaba cerca en el momento de su muerte) como los que hicieron la primera pesquisa entre risas y equívocos increíbles, según el inesperado y controvertido relato de la testigo.
En Tucumán ya hay cuestiones comprobadas. Tres policías de Raco, donde fue encontrado el cuerpo de Paulina el 11 de marzo de 2006, han sido procesados y condenados por falsificar el acta del hallazgo del cuerpo. El comisario Enrique García y los oficiales Manuel Yapura y Roberto Lencina mintieron y terminaron desmentidos por dos baquianos. Modificaron la escena del lugar donde estaba el cadáver.Falsificaron actas y firmas. Fueron tan desprolijos que cualquiera se preguntaría si es posible que hayan sido tan incompetentes. Pero aunque fueron sentenciados (aún no cumplen sus condenas, que están apeladas) no se ha podido llegar a la verdad oculta: ¿Por qué lo hicieron? ¿Por incompetentes o porque alguien les ordenó hacer las cosas así? Lebbos no tiene dudas: ellos cumplieron órdenes y en esa dirección avanza el pedido de elevación a juicio que realizó el tercer fiscal del caso, Diego López Ávila. Está acusando por las maniobras de encubrimiento no sólo a los jefes policiales de los tres oficiales de Raco, sino al jefe civil de todos ellos, el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, quien, según opina Lebbos, estaba puesto ahí precisamente para asegurar la funcionalidad de este sistema improlijo y corrupto. Di Lella, que estuvo en ese cargo durante siete años, confesó a los jueces en el juicio a los policías de Raco que él no sabía nada de seguridad. De allí, otra vez, la pregunta: ¿incompetente o funcional?
Una constante
Esa dicotomía se repite diacrónica y sincrónicamente en Tucumán. ¿Eran tontos o corruptos los policías de la comisaría de Concepción que ignoraron la denuncia de la desaparición de Belén Juárez y le entregaron el acta de denuncia al mismo acusado del secuestro, “Gastonero”? ¿Eran tontos o demasiado creídos de su impunidad los policías del 911 que torturaron a un detenido en un galpón en septiembre pasado y se filmaron para reírse entre amigos de cómo el detenido reproducía los ruidos de animales? ¿Eran tontos o impunes los policías “sacapresos”; los que hacían favores a los detenidos VIP de El Manantial; los que hicieron desaparecer la plata de un accidentado en la ruta 9 en Tapia; los que coimearon por $ 30.000 al “Chaqueño” en la ruta 9 a la altura del acceso sur?
Para las autoridades, en todos estos casos se aplica la teoría de la manzana podrida, que sostiene que el sistema se autodepura cuando se descubren estas irregularidades. El gobernador Josè Alperovich y su secretario de Seguridad, Paul Hofer, hablan de “tolerancia cero” contra la corrupción. “A las manzanas podridas hay que sacarlas”, dijo Alperovich. Pero los casos brotan tan seguido que hacen pensar. Lawrence Sherman, que ha investigado la corrupción policial, afirma que no son las manzanas las que están en mal estado, sino que el cajón es el que contamina la fruta. Sherman apunta al sistema y no al individuo. Eso abona la teoría de la funcionalidad de la incompetencia y de la corrupción.
Demasiada precariedad
Aunque las autoridades no lo crean así, hay elementos que ayudan al menos a la incompetencia. El ministro Fiscal Edmundo Jiménez, que durante 12 años ha sido ministro de Gobierno en esta administración, parece estar empezando de cero como si ahora tuviéramos que comenzar a depurar el sistema y darle correcta funcionalidad. Algunos de sus fiscales se están metiendo de lleno en la forma de trabajo de los hombres de seguridad -actuaron con las denuncias vecinales en Barrio Sur y ahora han cuestionado la tranquilidad policial frente a la inseguridad en Yerba Buena-. Jiménez anuncia que creará una Policía Judicial y, aunque elogia a los fiscales, también los mete en la bolsa: “nuestra precariedad es enorme”, dice, y eso ayuda a entender por qué no quiere que la provincia acepte las causas por narcomenudeo que le tiró hace un año la Nación, ni que se avance con el proyecto de oralidad para el Código Procesal Penal. Jiménez se niega a modificar esa situación de precariedad con medidas que a su juicio la van a agravar.
Pero no cuestiona el sistema. Lebbos, en cambio, se afirma más en la tesis de Lawrence Sherman: dice que entre los casi 200 casos denunciados de impunidad en Tucumán hay muchos que involucran a policías y que la Justicia directamente no actúa. Menciona la historia de Pamela Laime (a quien alguien describió como “la primera Marita verón”, puesto que desapareció un día de Garmendia y su historia fue develada de casualidad 14 años después), o las desgracias del caso de Roberto Agüero, muerto en 1998 y, según denuncia su padre, a manos de un policía que sigue en actividad. “Y esto sigue”, dice Lebbos, que ejemplifica con la tragedia del motociclista Marcelo Monteros, que murió hace dos semanas luego de recibir un disparo en la cabeza cerca del puente Barros. Fuentes policiales lo describieron primero como un “ajuste de cuentas” y luego, por redes sociales, se pudo llegar a testigos que corroboraron que se trató de un asalto.
Lebbos, que ha tenido confianza en el fiscal López Ávila, es un crítico de esa “precariedad” y esa “incompetencia” judicial que, afirma, es funcional al sistema. Según él, las maniobras de paralización de la causa de Paulina que realizó durante siete años el ex fiscal Carlos Albaca contribuyeron a que se degradara un pelo hallado en el cuerpo. Era una prueba fundamental que se perdió. “Este es un expediente que ha sido completamente vapuleado, violado. Ahí está el informe (del delegado de Derechos Humanos de la Nación) Bernardo Lobo Bugeau que muestra esas maniobras del ex fiscal Albaca). Lebbos tiene más críticas: dice que la fiscala Mercedes Carrizo ni siquiera llamó a declarar a los tres “apretadores” a servicio de punteros políticos que lo amenazaron de muerte en la Legislatura en 2008 -él los llama “la banda de los Camanes”, de La Florida- y que el fiscal Guillermo Herrera ha acumulado las denuncias por amenazas telefónicas en su contra sin que se haya resuelto nada.
La última esperanza
La precariedad y la impericia son funcionales. El sistema que no investiga ni controla a los servicios que actúan como quieren -al servicio del poder o manejando al poder- ni a los policías que exhiben incompetencia mientras ejecutan órdenes dictadas por un oculto poder. Lebbos tiene la esperanza de que en la marcha del 26 se pueda expresar la misma indignación de la marcha bajo la lluvia del miércoles pasado en homenaje a Nisman. Y también espera que en el juicio contra los acusados en el caso de Paulina haya arrepentimiento de ellos o de sus familias. “Yo les pido que digan a quién protegen. Acá no hay impericia ni ignorancia. Hay planes preconcebidos para lograr la impunidad del poder”, asevera. Es la última esperanza, porque nueve años son demasiados. Edmond Locard también sintetizó el riesgo que importan las demoras con una frase conocida y contundente: “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.
Pero de la teoría a los hechos hay un paso tan grande como el salto de acá a la luna. Ahí está el misterio fresco de la muerte del fiscal Alberto Nisman en Capital Federal, que ha puesto a consideración pública la acción descontrolada de los servicios de inteligencia como un poder detrás del poder. Aquí está el misterio no resuelto del asesinato de Paulina Lebbos, a nueve años de desesperada búsqueda de la verdad. Es difícil que se llegue a ella, ni siquiera con el pedido de elevación a juicio, con un acusado del homicidio (Roberto Luis Gómez, a quien se le comprobó que usó el chip del teléfono de Paulina luego de su desaparición) y cinco imputados por encubrimiento (el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito, así como el ex policía Hugo Waldino Rodríguez). Es que lo que Locard no contempla en sus análisis de la pesquisa criminal es precisamente lo que está en tela de juicio aquí: que los encargados de la investigación y los responsables del sistema de protección estén, de un modo u otro, involucrados en el crimen. Eso dice el padre de la estudiante asesinada, Alberto Lebbos, que reniega de las maniobras de encubrimiento que llevan a que sea prácticamente imposible llegar a los autores materiales del homicidio. Por eso el 26 de febrero (día de la desaparición de Paulina en 2006) es el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad.
Cosas raras
Ambos casos ponen bajo la lupa al sistema entero. No se sabe si Nisman, que ha acusado a la misma Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, se suicidó o fue asesinado. Toda la investigación se está enrareciendo. Hasta la misma testigo elegida al azar para dar fe del operativo policial en la escena de la muerte de Nisman está embarrando la acción de la fiscala Viviana Fein, que investiga el caso. Pero sí está claro algo que es muy parecido a lo que ha ocurrido con Paulina Lebbos en Tucumán: la sorprendente y pésima actuación de los policías a cargo. Tanto los que debían custodiar a Nisman (eran 10 y ninguno estaba cerca en el momento de su muerte) como los que hicieron la primera pesquisa entre risas y equívocos increíbles, según el inesperado y controvertido relato de la testigo.
En Tucumán ya hay cuestiones comprobadas. Tres policías de Raco, donde fue encontrado el cuerpo de Paulina el 11 de marzo de 2006, han sido procesados y condenados por falsificar el acta del hallazgo del cuerpo. El comisario Enrique García y los oficiales Manuel Yapura y Roberto Lencina mintieron y terminaron desmentidos por dos baquianos. Modificaron la escena del lugar donde estaba el cadáver.Falsificaron actas y firmas. Fueron tan desprolijos que cualquiera se preguntaría si es posible que hayan sido tan incompetentes. Pero aunque fueron sentenciados (aún no cumplen sus condenas, que están apeladas) no se ha podido llegar a la verdad oculta: ¿Por qué lo hicieron? ¿Por incompetentes o porque alguien les ordenó hacer las cosas así? Lebbos no tiene dudas: ellos cumplieron órdenes y en esa dirección avanza el pedido de elevación a juicio que realizó el tercer fiscal del caso, Diego López Ávila. Está acusando por las maniobras de encubrimiento no sólo a los jefes policiales de los tres oficiales de Raco, sino al jefe civil de todos ellos, el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, quien, según opina Lebbos, estaba puesto ahí precisamente para asegurar la funcionalidad de este sistema improlijo y corrupto. Di Lella, que estuvo en ese cargo durante siete años, confesó a los jueces en el juicio a los policías de Raco que él no sabía nada de seguridad. De allí, otra vez, la pregunta: ¿incompetente o funcional?
Una constante
Esa dicotomía se repite diacrónica y sincrónicamente en Tucumán. ¿Eran tontos o corruptos los policías de la comisaría de Concepción que ignoraron la denuncia de la desaparición de Belén Juárez y le entregaron el acta de denuncia al mismo acusado del secuestro, “Gastonero”? ¿Eran tontos o demasiado creídos de su impunidad los policías del 911 que torturaron a un detenido en un galpón en septiembre pasado y se filmaron para reírse entre amigos de cómo el detenido reproducía los ruidos de animales? ¿Eran tontos o impunes los policías “sacapresos”; los que hacían favores a los detenidos VIP de El Manantial; los que hicieron desaparecer la plata de un accidentado en la ruta 9 en Tapia; los que coimearon por $ 30.000 al “Chaqueño” en la ruta 9 a la altura del acceso sur?
Para las autoridades, en todos estos casos se aplica la teoría de la manzana podrida, que sostiene que el sistema se autodepura cuando se descubren estas irregularidades. El gobernador Josè Alperovich y su secretario de Seguridad, Paul Hofer, hablan de “tolerancia cero” contra la corrupción. “A las manzanas podridas hay que sacarlas”, dijo Alperovich. Pero los casos brotan tan seguido que hacen pensar. Lawrence Sherman, que ha investigado la corrupción policial, afirma que no son las manzanas las que están en mal estado, sino que el cajón es el que contamina la fruta. Sherman apunta al sistema y no al individuo. Eso abona la teoría de la funcionalidad de la incompetencia y de la corrupción.
Demasiada precariedad
Aunque las autoridades no lo crean así, hay elementos que ayudan al menos a la incompetencia. El ministro Fiscal Edmundo Jiménez, que durante 12 años ha sido ministro de Gobierno en esta administración, parece estar empezando de cero como si ahora tuviéramos que comenzar a depurar el sistema y darle correcta funcionalidad. Algunos de sus fiscales se están metiendo de lleno en la forma de trabajo de los hombres de seguridad -actuaron con las denuncias vecinales en Barrio Sur y ahora han cuestionado la tranquilidad policial frente a la inseguridad en Yerba Buena-. Jiménez anuncia que creará una Policía Judicial y, aunque elogia a los fiscales, también los mete en la bolsa: “nuestra precariedad es enorme”, dice, y eso ayuda a entender por qué no quiere que la provincia acepte las causas por narcomenudeo que le tiró hace un año la Nación, ni que se avance con el proyecto de oralidad para el Código Procesal Penal. Jiménez se niega a modificar esa situación de precariedad con medidas que a su juicio la van a agravar.
Pero no cuestiona el sistema. Lebbos, en cambio, se afirma más en la tesis de Lawrence Sherman: dice que entre los casi 200 casos denunciados de impunidad en Tucumán hay muchos que involucran a policías y que la Justicia directamente no actúa. Menciona la historia de Pamela Laime (a quien alguien describió como “la primera Marita verón”, puesto que desapareció un día de Garmendia y su historia fue develada de casualidad 14 años después), o las desgracias del caso de Roberto Agüero, muerto en 1998 y, según denuncia su padre, a manos de un policía que sigue en actividad. “Y esto sigue”, dice Lebbos, que ejemplifica con la tragedia del motociclista Marcelo Monteros, que murió hace dos semanas luego de recibir un disparo en la cabeza cerca del puente Barros. Fuentes policiales lo describieron primero como un “ajuste de cuentas” y luego, por redes sociales, se pudo llegar a testigos que corroboraron que se trató de un asalto.
Lebbos, que ha tenido confianza en el fiscal López Ávila, es un crítico de esa “precariedad” y esa “incompetencia” judicial que, afirma, es funcional al sistema. Según él, las maniobras de paralización de la causa de Paulina que realizó durante siete años el ex fiscal Carlos Albaca contribuyeron a que se degradara un pelo hallado en el cuerpo. Era una prueba fundamental que se perdió. “Este es un expediente que ha sido completamente vapuleado, violado. Ahí está el informe (del delegado de Derechos Humanos de la Nación) Bernardo Lobo Bugeau que muestra esas maniobras del ex fiscal Albaca). Lebbos tiene más críticas: dice que la fiscala Mercedes Carrizo ni siquiera llamó a declarar a los tres “apretadores” a servicio de punteros políticos que lo amenazaron de muerte en la Legislatura en 2008 -él los llama “la banda de los Camanes”, de La Florida- y que el fiscal Guillermo Herrera ha acumulado las denuncias por amenazas telefónicas en su contra sin que se haya resuelto nada.
La última esperanza
La precariedad y la impericia son funcionales. El sistema que no investiga ni controla a los servicios que actúan como quieren -al servicio del poder o manejando al poder- ni a los policías que exhiben incompetencia mientras ejecutan órdenes dictadas por un oculto poder. Lebbos tiene la esperanza de que en la marcha del 26 se pueda expresar la misma indignación de la marcha bajo la lluvia del miércoles pasado en homenaje a Nisman. Y también espera que en el juicio contra los acusados en el caso de Paulina haya arrepentimiento de ellos o de sus familias. “Yo les pido que digan a quién protegen. Acá no hay impericia ni ignorancia. Hay planes preconcebidos para lograr la impunidad del poder”, asevera. Es la última esperanza, porque nueve años son demasiados. Edmond Locard también sintetizó el riesgo que importan las demoras con una frase conocida y contundente: “el tiempo que pasa es la verdad que huye”.
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