20 Febrero 2015
HECTOR RUBÉN BRITO. Ex jefe de la Regional Norte habría sido el ejecutor de las órdenes para encubrir. la gaceta / fotos de archivo
Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito, podrían enfrentar en 2015 el juicio oral y público por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. El fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, habría firmado el requerimiento de elevación a juicio y notificaría hoy a la mañana a los abogados defensores y a la querella de la decisión.
Así lo confirmaron representantes de los imputados, que pidieron mantener su nombre bajo reserva, quienes habrían recibido la confirmación del fiscal de que habría firmado el requerimiento de elevación a juicio.
La decisión del representante del Ministerio Público no se acabaría en los ex responsables de la seguridad de Tucumán. El ex sargento de Policía Hugo Rodríguez está imputado por encubrimiento y falso testimonio y también debería sentarse en el banquillo de los acusados. Luis Gómez, el único detenido que tiene la causa y que utilizó el teléfono celular de Paulina poco después de su desaparición, enfrentaría el cargo de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.
Paulina había desaparecido el 26 de febrero de 2006 cuando, según la declaración que había dado su amiga Virginia Mercado, habían tomado un remise a la salida de un boliche de El Abasto, y la hija de Alberto Lebbos había continuado viaje, supuestamente, para la casa de su novio César Soto.
El cuerpo de la víctima apareció el 11 de marzo de ese año, a la vera de la ruta 341 a la altura de la localidad de Tapia. Según determinaron los médicos forenses, la habían estrangulado con las manos.
El encubrimiento
Las maniobras de encubrimiento comenzaron a evidenciarse ese día. El entonces jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, y los policías Manuel Yapura y Roberto Lencina, fueron condenados en diciembre de 2013 por la sala III de la Cámara Penal, por haber adulterado las actas del hallazgo del cuerpo.
García fue sentenciado a cumplir cinco años de prisión y Yapura cuatro, ambos por encubrimiento. Lencina, en tanto, fue condenado a dos años de prisión condicional por falsificación de actas. Sin embargo, a pesar de que pasó más de un año, la Corte Suprema de Justicia no confirmó el fallo, por lo que las penas no comenzaron a cumplirse.
En esa misma sentencia, los camaristas Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Emilio Páez de la Torre habían considerado que el entonces secretario de Seguridad Di Lella, los ex jefe y subjefe de Policía Sánchez y Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Brito, debían ser investigados por su posible participación en el encubrimiento.
Ese camino ya estaba siendo transitado por la investigación que llevaba adelante López Ávila, para quien Di Lella, Sánchez y Barrera pergeñaron el plan para adjudicar que el hallazgo del cadáver había sido obra de la Policía, y no de los baqueanos Marcelo y Sergio Goitea. Además, habrían ordenado la modificación de actas para que constara que se habían realizado rastrillajes en la zona, de acuerdo a la imputación que el fiscal les había realizado el año pasado.
Lo que no habría quedado claro en la investigación, según comentaron fuentes judiciales, es si la maniobra de encubrimiento habría sido pactada desde el momento en el que ocurrió el crimen, o si los funcionarios del área de seguridad trataron de tapar algún mal accionar policial.
El falso testimonio
Rodríguez, por su parte, era un policía jubilado que vivía en la zona de Tapia, y a quien recurrieron los hermanos Goitea para comentarle que habían visto un cuerpo al costado de la ruta. López Ávila lo había citado como testigo, y según consideró el fiscal, habría mentido para beneficiar a los policías acusados de encubrimiento. Por eso, le imputó el delito de falso testimonio. También habría colaborado en la modificación de las actas.
Presunto homicida
Gómez, en tanto, está imputado por el crimen de Paulina. Sucede que los análisis de los IMEI del aparato celular que utilizaba la víctima (algo así como la huella dactilar de cada teléfono) determinaron que el 26 de febrero de 2006 a las 10.20, una antena ubicada en avenida Independencia, al sur de la ciudad, detectó una consulta de saldo efectuada desde el teléfono de Paulina. Unos pocos minutos más tarde, se insertó en el aparato un chip de un número de teléfono adjudicado a Gómez.
López Ávila calificó este hecho como una prueba de que el imputado tuvo directa participación en la muerte de Paulina, y que aunque haya rechazado la acusación, conoce más datos del homicidio. Gómez, defendido por Juan Carlos Nacul, sostiene que el chip que se colocó en el teléfono de la víctima contiene un número mellizo al suyo. Sin embargo, un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones dejó asentado en el expediente que no existen dos líneas con el mismo número telefónico.
Otros implicados
Lo que aún no trascendió es qué mención habrá en el requerimiento de elevación a juicio que realizará López Ávila, sobre otras personas que fueron señaladas en distintas hipótesis. Ninguno de ellos fue formalmente imputado. Párrafo aparte merece la situación del ex fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Carlos Albaca, quien tuvo a su cargo la investigación del caso hasta mediados de 2013. La fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo investiga si Albaca incumplió con sus deberes al mantener paralizada la causa varios años.
Así lo confirmaron representantes de los imputados, que pidieron mantener su nombre bajo reserva, quienes habrían recibido la confirmación del fiscal de que habría firmado el requerimiento de elevación a juicio.
La decisión del representante del Ministerio Público no se acabaría en los ex responsables de la seguridad de Tucumán. El ex sargento de Policía Hugo Rodríguez está imputado por encubrimiento y falso testimonio y también debería sentarse en el banquillo de los acusados. Luis Gómez, el único detenido que tiene la causa y que utilizó el teléfono celular de Paulina poco después de su desaparición, enfrentaría el cargo de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.
Paulina había desaparecido el 26 de febrero de 2006 cuando, según la declaración que había dado su amiga Virginia Mercado, habían tomado un remise a la salida de un boliche de El Abasto, y la hija de Alberto Lebbos había continuado viaje, supuestamente, para la casa de su novio César Soto.
El cuerpo de la víctima apareció el 11 de marzo de ese año, a la vera de la ruta 341 a la altura de la localidad de Tapia. Según determinaron los médicos forenses, la habían estrangulado con las manos.
El encubrimiento
Las maniobras de encubrimiento comenzaron a evidenciarse ese día. El entonces jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, y los policías Manuel Yapura y Roberto Lencina, fueron condenados en diciembre de 2013 por la sala III de la Cámara Penal, por haber adulterado las actas del hallazgo del cuerpo.
García fue sentenciado a cumplir cinco años de prisión y Yapura cuatro, ambos por encubrimiento. Lencina, en tanto, fue condenado a dos años de prisión condicional por falsificación de actas. Sin embargo, a pesar de que pasó más de un año, la Corte Suprema de Justicia no confirmó el fallo, por lo que las penas no comenzaron a cumplirse.
En esa misma sentencia, los camaristas Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Emilio Páez de la Torre habían considerado que el entonces secretario de Seguridad Di Lella, los ex jefe y subjefe de Policía Sánchez y Barrera y el ex jefe de la Regional Norte, Brito, debían ser investigados por su posible participación en el encubrimiento.
Ese camino ya estaba siendo transitado por la investigación que llevaba adelante López Ávila, para quien Di Lella, Sánchez y Barrera pergeñaron el plan para adjudicar que el hallazgo del cadáver había sido obra de la Policía, y no de los baqueanos Marcelo y Sergio Goitea. Además, habrían ordenado la modificación de actas para que constara que se habían realizado rastrillajes en la zona, de acuerdo a la imputación que el fiscal les había realizado el año pasado.
Lo que no habría quedado claro en la investigación, según comentaron fuentes judiciales, es si la maniobra de encubrimiento habría sido pactada desde el momento en el que ocurrió el crimen, o si los funcionarios del área de seguridad trataron de tapar algún mal accionar policial.
El falso testimonio
Rodríguez, por su parte, era un policía jubilado que vivía en la zona de Tapia, y a quien recurrieron los hermanos Goitea para comentarle que habían visto un cuerpo al costado de la ruta. López Ávila lo había citado como testigo, y según consideró el fiscal, habría mentido para beneficiar a los policías acusados de encubrimiento. Por eso, le imputó el delito de falso testimonio. También habría colaborado en la modificación de las actas.
Presunto homicida
Gómez, en tanto, está imputado por el crimen de Paulina. Sucede que los análisis de los IMEI del aparato celular que utilizaba la víctima (algo así como la huella dactilar de cada teléfono) determinaron que el 26 de febrero de 2006 a las 10.20, una antena ubicada en avenida Independencia, al sur de la ciudad, detectó una consulta de saldo efectuada desde el teléfono de Paulina. Unos pocos minutos más tarde, se insertó en el aparato un chip de un número de teléfono adjudicado a Gómez.
López Ávila calificó este hecho como una prueba de que el imputado tuvo directa participación en la muerte de Paulina, y que aunque haya rechazado la acusación, conoce más datos del homicidio. Gómez, defendido por Juan Carlos Nacul, sostiene que el chip que se colocó en el teléfono de la víctima contiene un número mellizo al suyo. Sin embargo, un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones dejó asentado en el expediente que no existen dos líneas con el mismo número telefónico.
Otros implicados
Lo que aún no trascendió es qué mención habrá en el requerimiento de elevación a juicio que realizará López Ávila, sobre otras personas que fueron señaladas en distintas hipótesis. Ninguno de ellos fue formalmente imputado. Párrafo aparte merece la situación del ex fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Carlos Albaca, quien tuvo a su cargo la investigación del caso hasta mediados de 2013. La fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo investiga si Albaca incumplió con sus deberes al mantener paralizada la causa varios años.
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