Por LA GACETA
16 Febrero 2015
El Ministro Fiscal Edmundo Jiménez anunció que avanzará con la creación de una Policía Judicial, que funcionaría bajo su órbita, y que se haría cargo de algunas tareas que actualmente realiza la Policía Científica. “Estamos trabajando en el armado, tratando de ver las necesidades de personal, de espacios y de equipos que tendrá la Policía Judicial. Hay que ver dónde instalaríamos esta área, que es equivalente a la Policía Científica, porque trabaja en la investigación del delito con el aporte de la ciencia, la informática, la balística y otras tareas de orden científico. Pero, para esto, uno de los requerimientos es el espacio físico”, había afirmado Jiménez a LA GACETA.
El titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar sustenta su iniciativa gracias a la sanción de una ley que le permite -entre otros atributos- disponer la creación de oficinas y de cargos, así como las normativas internas. Pero esta iniciativa no es nueva. Varios proyectos fueron presentados en los últimos años por legisladores oficialistas y opositores, pero nunca fueron tratados en el recinto.
A mediados de 2010 ya se había debatido la creación de la Policía Judicial, a iniciativa del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán. En esa ocasión, la Legislatura había avanzado en un anteproyecto, pero nunca se concretó su tratamiento en sesiones. “Es un tema que tiene sus pros y sus contras. En principio, yo no estoy muy de acuerdo”, había lanzado el gobernador José Alperovich, y la iniciativa se frenó. La falta de una decisión política concreta fue siempre el escollo central.
La necesidad de contar con un cuerpo de investigadores que dependa directamente de los fiscales, comenzó a esbozarse con el retorno a la democracia. En 1983 empezó la discusión para reformar los sistemas procesales penales, y pasar del sistema inquisito al sistema acusatorio. Tucumán fue pionero en este cambio, y en 1991 adoptó el segundo sistema. En la exposición de motivos de la ley que aprobó el actual Código Procesal Penal provincial, se mencionaba que los fiscales, a cargo desde entonces de la investigación, debían contar con una Policía Judicial.
Córdoba fue la primera en instrumentar este cuerpo de investigadores. Al aprobar su pase al sistema acusatorio, en la provincia mediterránea no se puso en vigencia la nueva normativa hasta que no estuvo creada la Policía Judicial, con su propio edificio y sus normas de funcionamiento. El debate volvió a crecer cuando con la reforma constitucional de 1994 , el Ministerio Público Fiscal de la Nación pasó a ser un extrapoder, que no depende de ninguno de los tres poderes del estado.
El actual debate en Tucumán parece una iniciativa aislada del ministro Fiscal. La Policía, que depende del Poder Ejecutivo, resiste el cambio y propone nuevas modificaciones para profesionalizar a sus investigadores. La ley orgánica de la fuerza establece que una de sus funciones es auxiliar a la Justicia en la investigación de los delitos. El Código Procesal Penal también establece algunas de las tareas de la Policía. Sin dudas, la creación de un cuerpo de investigación que sea independiente de los poderes de turno es una necesidad, pero su creación debe ser consecuencia del consenso entre todos los actores que participan de la represión de los delitos. La Policía Judicial debería ser un cuerpo sistemático, con directivas claras de funcionamiento y en unidad con el sistema procesal penal de la provincia.
El titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar sustenta su iniciativa gracias a la sanción de una ley que le permite -entre otros atributos- disponer la creación de oficinas y de cargos, así como las normativas internas. Pero esta iniciativa no es nueva. Varios proyectos fueron presentados en los últimos años por legisladores oficialistas y opositores, pero nunca fueron tratados en el recinto.
A mediados de 2010 ya se había debatido la creación de la Policía Judicial, a iniciativa del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán. En esa ocasión, la Legislatura había avanzado en un anteproyecto, pero nunca se concretó su tratamiento en sesiones. “Es un tema que tiene sus pros y sus contras. En principio, yo no estoy muy de acuerdo”, había lanzado el gobernador José Alperovich, y la iniciativa se frenó. La falta de una decisión política concreta fue siempre el escollo central.
La necesidad de contar con un cuerpo de investigadores que dependa directamente de los fiscales, comenzó a esbozarse con el retorno a la democracia. En 1983 empezó la discusión para reformar los sistemas procesales penales, y pasar del sistema inquisito al sistema acusatorio. Tucumán fue pionero en este cambio, y en 1991 adoptó el segundo sistema. En la exposición de motivos de la ley que aprobó el actual Código Procesal Penal provincial, se mencionaba que los fiscales, a cargo desde entonces de la investigación, debían contar con una Policía Judicial.
Córdoba fue la primera en instrumentar este cuerpo de investigadores. Al aprobar su pase al sistema acusatorio, en la provincia mediterránea no se puso en vigencia la nueva normativa hasta que no estuvo creada la Policía Judicial, con su propio edificio y sus normas de funcionamiento. El debate volvió a crecer cuando con la reforma constitucional de 1994 , el Ministerio Público Fiscal de la Nación pasó a ser un extrapoder, que no depende de ninguno de los tres poderes del estado.
El actual debate en Tucumán parece una iniciativa aislada del ministro Fiscal. La Policía, que depende del Poder Ejecutivo, resiste el cambio y propone nuevas modificaciones para profesionalizar a sus investigadores. La ley orgánica de la fuerza establece que una de sus funciones es auxiliar a la Justicia en la investigación de los delitos. El Código Procesal Penal también establece algunas de las tareas de la Policía. Sin dudas, la creación de un cuerpo de investigación que sea independiente de los poderes de turno es una necesidad, pero su creación debe ser consecuencia del consenso entre todos los actores que participan de la represión de los delitos. La Policía Judicial debería ser un cuerpo sistemático, con directivas claras de funcionamiento y en unidad con el sistema procesal penal de la provincia.
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