Por Jorge Figueroa
16 Febrero 2015
El kirchnerismo apura una ley de cultura en el ocaso de su gobierno. Lanzada en los últimos meses (desde que asumió Teresa Parodi al frente del Ministerio de Cultura), y con la realización de limitados debates (algunos hasta cuestionados como el que se hizo en esta ciudad), pretende legitimar un proyecto para ser presentado al Parlamento el próximo mes.
Complejo de entrada, desde ya, cuando circulan en el mundo no menos de medio millar de definiciones de cultura (esto es, para saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura), el proyecto obvia a los trabajadores del sector: los relega en un consejo asesor de políticas culturales, pero sin carácter vinculante, mientras crea dos grandes estructuras de funcionarios ligados directamente al Ministerio de Cultura.
¿Quién debe, pues, definir las políticas culturales, sino sus propios hacedores?
El proyecto que se conoce entiende como cultura una variedad de conceptos y términos, saludable a la hora de tener una comprensión amplia y no cerrada; pero es la misma imprecisión, la falta de una definición concreta del objeto de la ley lo que conspira en su contra. En otras palabras, si todo puede ser cultura, nada puede serlo. Por ejemplo, se consigna en el borrador: la ley entiende a la cultura como “identidad nacional y latinoamericana, patrimonio, conciencia colectiva, tradiciones, historia, valores, pueblos originarios, creación colectiva, arte, pensamiento, lenguaje”.
Igualmente, considerar a la cultura como un derecho humano no pasa de una ser una generalidad (con el agravante que se desjerarquizan los derechos humanos, tal como los argentinos los conocemos desde la época de la dictadura).
Ahora bien, en distintas consideraciones se insiste en la necesidad de promocionar y colaborar con la llamada industria cultural, de la que el kirchnerismo ha hecho el norte de su política (véase los Mica). Un tema no menor, por cierto, analizado hace décadas por la Escuela de Frankfurt, en especial por Teodor Adorno. Y que, de uno u otro modo, registra el estado de la cultura en el capitalismo (el arte equiparado a una mercancía, con un valor de uso y de cambio). Queda claro que alrededor de expresiones como el cine, el teatro, las editoriales y la música hay una industria (el plural debería utilizarse) en la que a la par de una producción en serie, existen los trabajadores y los dueños de esos medios de producción.
Pero, 1.- En países como el nuestro, hay una producción independiente de esa industria. 2.- ¿Podrá entenderse que las artes visuales forman parte de la industria cultural?
Son las salas, los proyectos, los teatristas y artistas independientes los que necesitan respuestas, y los que están alejados de las leyes del mercado.
Del borrador de la Ley federal de Culturas no queda claro (aunque podría sobreentenderse) que están excluidos el Incaa y el INT, que son entes autárquicos y cuentan con sus propios presupuestos y autoridades (que dependen del Ministerio de Cultura). Pero entonces, ¿habrá una política cultural para un sector y otra, distinta tal vez, para otro?
El 1% del Presupuesto, que se destinará a la inversión en cultura, ¿anulará otros fondos, como el de la Ley de Fomento de Teatro de Tucumán?
Muchos son los interrogantes de este proyecto. Y los debates no han sido claros.
“Comenzó como un foro de cultura y terminó siendo un grupo de autoayuda. Cuando nos tocó hablar a nosotros, a los hacedores, el escenario estaba semivacío”, resumió Fernando Ríos, uno de los que pudo expresar sus críticas, hace casi un par de semanas, en la sala Caviglia, cuando las autoridades convocaron a uno de esos debates.
Complejo de entrada, desde ya, cuando circulan en el mundo no menos de medio millar de definiciones de cultura (esto es, para saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura), el proyecto obvia a los trabajadores del sector: los relega en un consejo asesor de políticas culturales, pero sin carácter vinculante, mientras crea dos grandes estructuras de funcionarios ligados directamente al Ministerio de Cultura.
¿Quién debe, pues, definir las políticas culturales, sino sus propios hacedores?
El proyecto que se conoce entiende como cultura una variedad de conceptos y términos, saludable a la hora de tener una comprensión amplia y no cerrada; pero es la misma imprecisión, la falta de una definición concreta del objeto de la ley lo que conspira en su contra. En otras palabras, si todo puede ser cultura, nada puede serlo. Por ejemplo, se consigna en el borrador: la ley entiende a la cultura como “identidad nacional y latinoamericana, patrimonio, conciencia colectiva, tradiciones, historia, valores, pueblos originarios, creación colectiva, arte, pensamiento, lenguaje”.
Igualmente, considerar a la cultura como un derecho humano no pasa de una ser una generalidad (con el agravante que se desjerarquizan los derechos humanos, tal como los argentinos los conocemos desde la época de la dictadura).
Ahora bien, en distintas consideraciones se insiste en la necesidad de promocionar y colaborar con la llamada industria cultural, de la que el kirchnerismo ha hecho el norte de su política (véase los Mica). Un tema no menor, por cierto, analizado hace décadas por la Escuela de Frankfurt, en especial por Teodor Adorno. Y que, de uno u otro modo, registra el estado de la cultura en el capitalismo (el arte equiparado a una mercancía, con un valor de uso y de cambio). Queda claro que alrededor de expresiones como el cine, el teatro, las editoriales y la música hay una industria (el plural debería utilizarse) en la que a la par de una producción en serie, existen los trabajadores y los dueños de esos medios de producción.
Pero, 1.- En países como el nuestro, hay una producción independiente de esa industria. 2.- ¿Podrá entenderse que las artes visuales forman parte de la industria cultural?
Son las salas, los proyectos, los teatristas y artistas independientes los que necesitan respuestas, y los que están alejados de las leyes del mercado.
Del borrador de la Ley federal de Culturas no queda claro (aunque podría sobreentenderse) que están excluidos el Incaa y el INT, que son entes autárquicos y cuentan con sus propios presupuestos y autoridades (que dependen del Ministerio de Cultura). Pero entonces, ¿habrá una política cultural para un sector y otra, distinta tal vez, para otro?
El 1% del Presupuesto, que se destinará a la inversión en cultura, ¿anulará otros fondos, como el de la Ley de Fomento de Teatro de Tucumán?
Muchos son los interrogantes de este proyecto. Y los debates no han sido claros.
“Comenzó como un foro de cultura y terminó siendo un grupo de autoayuda. Cuando nos tocó hablar a nosotros, a los hacedores, el escenario estaba semivacío”, resumió Fernando Ríos, uno de los que pudo expresar sus críticas, hace casi un par de semanas, en la sala Caviglia, cuando las autoridades convocaron a uno de esos debates.
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