14 Febrero 2015
Pablo Camuña, fiscal federal N°2, y Patricio Rovira, fiscal federal ad hoc, se unieron a la minoría de miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación que rechaza la marcha convocada por otro sector de la institución en homenaje de Alberto Nisman (la movilización es denominada 18-F). Los dos funcionarios tucumanos firmaron la carta colectiva de los fiscales identificados con Justicia Legítima, movimiento judicial afín al Gobierno Nacional fundado por la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Aquel documento dice que la mejor y más sincera forma de demostrar respeto por quien ya no está y por sus familiares es manifestar colaboración personal y profesional a la fiscala Viviana Beatriz Fein, que está a cargo de la investigación del deceso de Nisman, y a los fiscales que continuarán interviniendo en los casos en los que él trabajaba. “Nos ponemos a su disposición para aquello que necesiten”, expresaron Camuña, Rovira y otros 70 fiscales del círculo de Gils Carbó, entre ellos, Carlos Gonella, Daniel Adler, Hernán Schapiro, Claudia Katok y Marcelo García Berro.
“Entendemos asimismo que frente a la sociedad, nuestro compromiso como miembros del Ministerio Público debe ser el de acompañar desde el lugar que nos corresponde por mandato constitucional: el tratamiento de los casos que nos tocan”, afirmaron sin mencionar la marcha en silencio organizada por colegas críticos, como José María Campagnoli, Ricardo Sáenz y Guillermo Marijuán.
“Finalmente, tenemos la certeza de que la desaparición física del fiscal Nisman no entorpecerá el avance de las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales del atentado contra la sede de la AMIA, y de aquellos acusados de entorpecer la investigación. Nuestro compromiso está, también, con las víctimas del atentado y sus familiares”, dijeron.
En las antípodas de esa posición, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió adherir y apoyar la convocatoria a la marcha prevista para el miércoles 18 de febrero a las 18 (en la Ciudad de Buenos Aires) y a las 20 (en esta ciudad). Carlos Brito, fiscal federal N°1 de Tucumán, integra la comisión directiva de esa entidad.
Camuña y Rovira ingresaron al Ministerio Público como fiscales ad hoc para causas de derechos humanos por decisión discrecional de Esteban Righi, ex procurador general de la Nación. El año pasado y tras rendir concurso en el Ministerio de Gils Carbó, Camuña se convirtió en fiscal federal N°2 en virtud de una designación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Cámara Alta y por primera vez en la historia de la Justicia Federal de Tucumán, el aspirante a fiscal recibió el rechazo de la oposición. En particular, senadores de la Unión Cívica Radical objetaron la intervención de Camuña favorable al archivo de la denuncia que implicaba al jefe del Ejército, César Milani, en el “Operativo Independencia”. El nombramiento pasó el trámite en el Senado gracias a la mayoría kirchnerista.
Aquel documento dice que la mejor y más sincera forma de demostrar respeto por quien ya no está y por sus familiares es manifestar colaboración personal y profesional a la fiscala Viviana Beatriz Fein, que está a cargo de la investigación del deceso de Nisman, y a los fiscales que continuarán interviniendo en los casos en los que él trabajaba. “Nos ponemos a su disposición para aquello que necesiten”, expresaron Camuña, Rovira y otros 70 fiscales del círculo de Gils Carbó, entre ellos, Carlos Gonella, Daniel Adler, Hernán Schapiro, Claudia Katok y Marcelo García Berro.
“Entendemos asimismo que frente a la sociedad, nuestro compromiso como miembros del Ministerio Público debe ser el de acompañar desde el lugar que nos corresponde por mandato constitucional: el tratamiento de los casos que nos tocan”, afirmaron sin mencionar la marcha en silencio organizada por colegas críticos, como José María Campagnoli, Ricardo Sáenz y Guillermo Marijuán.
“Finalmente, tenemos la certeza de que la desaparición física del fiscal Nisman no entorpecerá el avance de las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales del atentado contra la sede de la AMIA, y de aquellos acusados de entorpecer la investigación. Nuestro compromiso está, también, con las víctimas del atentado y sus familiares”, dijeron.
En las antípodas de esa posición, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió adherir y apoyar la convocatoria a la marcha prevista para el miércoles 18 de febrero a las 18 (en la Ciudad de Buenos Aires) y a las 20 (en esta ciudad). Carlos Brito, fiscal federal N°1 de Tucumán, integra la comisión directiva de esa entidad.
Camuña y Rovira ingresaron al Ministerio Público como fiscales ad hoc para causas de derechos humanos por decisión discrecional de Esteban Righi, ex procurador general de la Nación. El año pasado y tras rendir concurso en el Ministerio de Gils Carbó, Camuña se convirtió en fiscal federal N°2 en virtud de una designación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Cámara Alta y por primera vez en la historia de la Justicia Federal de Tucumán, el aspirante a fiscal recibió el rechazo de la oposición. En particular, senadores de la Unión Cívica Radical objetaron la intervención de Camuña favorable al archivo de la denuncia que implicaba al jefe del Ejército, César Milani, en el “Operativo Independencia”. El nombramiento pasó el trámite en el Senado gracias a la mayoría kirchnerista.
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