14 Febrero 2015
La Procuración rechazó la denuncia y dijo que se parece a una “ficción”
Defendió las gestiones de Kirchner y Cristina reclamando a Irán que ayude a la investigación El organismo que dirige al cuerpo de abogados del Estado restó validez a la acusación de Nisman y aportó documentos que sostienen esos argumentos. Asegura que no protegieron a iraníes
PROCURADORA. Abbona juró en el cargo el 10 de diciembre de 2011. dyn (archivo)
BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional rechazó ayer la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó contra la presidenta, Cristina Fernández, por “encubrimiento” en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA, al considerar que no tiene sustento probatoria y que es un “entramado ficcional”. La presentación fue hecha a primera hora del día, ante el juzgado federal que encabeza Daniel Rafecas, por la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, informaron fuentes judiciales. La Procuración también acompañó una serie de documentos para sostener su postura. Entre ellos, el intercambio de cartas entre el canciller argentino, Héctor Timerman, y el secretario general de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), Ronald Noble.
La presentación se efectuó en el marco de las normas orgánicas que delimitan las competencias y obligaciones de la Procuración del Tesoro y del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional (Leyes 12.954, 17.516, 18.777, 24.946 -Título III- y 24.667; Decretos 34.952/47, 411/80 -texto según Decreto Nº 1265/87- y sus modificaciones)”.
“Resulta absolutamente claro que tales ‘indicios’, considerados por el denunciante a partir de la apreciación subjetiva de los hechos direccionada a la formulación de la incriminación que nos ocupa, no tienen entidad, siquiera, para constituir una mera pista o huella de un proceder delictivo”, sostiene la presentación firmada por la procuradora del Tesoro, Angelina María Esther Abbona, y los subrprocuradores Horacio Pedro Diez y Javier Pargament Mariasch.
Y agregaron: “Algunos indicios invocados, como la supuesta prueba del fantástico plan delictivo, no soportan siquiera un mínimo test (prueba o examen)”.
El escrito también fue difundido en la página web de la Procuración. Allí, el organismo argumenta la “posición clara y enérgica” de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “reclamando” a Irán “su colaboración efectiva” para el esclarecimiento del atentado contra la AMIA y sostiene que el Memorándum de Entendimiento “fue aprobado a través de la Ley 26.843 conforme a los procedimientos que la Constitución Nacional Argentina” prevé.
Asimismo, indica que el “objetivo” que persiguió el Gobierno a través de ese acuerdo fue “favorecer el progreso de la Causa AMIA”, ante la “inexistencia de acuerdos bilaterales que obligaran” a Irán a extraditar a los sospechosos.
Entre los argumentos, el Gobierno señaló que la potestad de levantar las ‘alertas rojas’ contra los iraníes acusados del atentado a la AMIA solo estaba en poder del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. “En el texto del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso; ni que contemple la cancelación de las ‘notificaciones rojas’ de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral”, detalla la presentación.
Según el texto, “los informes técnicos producidos” por los Ministerios de Planificación Federal y de Economía y la AFIP “desbaratan las afirmaciones de la denuncia, en el sentido que la firma del Memorándum habría tenido un móvil ilegítimo encubierto: desincriminar a los ciudadanos iraníes, para favorecer el intercambio comercial de granos por petróleo entre los Estados argentino e iraní”.
Asimismo destaca que “queda desvirtuada la supuesta pertenencia” a la Secretaría de Inteligencia (SI) de “Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado, a quienes Nisman les atribuye el carácter de agentes de inteligencia”. (DyN)
La presentación se efectuó en el marco de las normas orgánicas que delimitan las competencias y obligaciones de la Procuración del Tesoro y del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional (Leyes 12.954, 17.516, 18.777, 24.946 -Título III- y 24.667; Decretos 34.952/47, 411/80 -texto según Decreto Nº 1265/87- y sus modificaciones)”.
“Resulta absolutamente claro que tales ‘indicios’, considerados por el denunciante a partir de la apreciación subjetiva de los hechos direccionada a la formulación de la incriminación que nos ocupa, no tienen entidad, siquiera, para constituir una mera pista o huella de un proceder delictivo”, sostiene la presentación firmada por la procuradora del Tesoro, Angelina María Esther Abbona, y los subrprocuradores Horacio Pedro Diez y Javier Pargament Mariasch.
Y agregaron: “Algunos indicios invocados, como la supuesta prueba del fantástico plan delictivo, no soportan siquiera un mínimo test (prueba o examen)”.
El escrito también fue difundido en la página web de la Procuración. Allí, el organismo argumenta la “posición clara y enérgica” de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “reclamando” a Irán “su colaboración efectiva” para el esclarecimiento del atentado contra la AMIA y sostiene que el Memorándum de Entendimiento “fue aprobado a través de la Ley 26.843 conforme a los procedimientos que la Constitución Nacional Argentina” prevé.
Asimismo, indica que el “objetivo” que persiguió el Gobierno a través de ese acuerdo fue “favorecer el progreso de la Causa AMIA”, ante la “inexistencia de acuerdos bilaterales que obligaran” a Irán a extraditar a los sospechosos.
Entre los argumentos, el Gobierno señaló que la potestad de levantar las ‘alertas rojas’ contra los iraníes acusados del atentado a la AMIA solo estaba en poder del juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. “En el texto del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso; ni que contemple la cancelación de las ‘notificaciones rojas’ de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral”, detalla la presentación.
Según el texto, “los informes técnicos producidos” por los Ministerios de Planificación Federal y de Economía y la AFIP “desbaratan las afirmaciones de la denuncia, en el sentido que la firma del Memorándum habría tenido un móvil ilegítimo encubierto: desincriminar a los ciudadanos iraníes, para favorecer el intercambio comercial de granos por petróleo entre los Estados argentino e iraní”.
Asimismo destaca que “queda desvirtuada la supuesta pertenencia” a la Secretaría de Inteligencia (SI) de “Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado, a quienes Nisman les atribuye el carácter de agentes de inteligencia”. (DyN)
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