La ex esposa del fiscal sólo confía en la Defensoría Oficial

BUENOS AIRES.- La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, madre de las dos hijas del difunto fiscal Alberto Nisman, dijo que sólo encuentra “garantías” en el Ministerio Público de la Defensa, por lo que revocó la representación privada que tenía en el expediente por la muerte de su ex pareja. “Sólo encuentro garantías en el Programa de Asistencia y Patrocinio jurídico de ese Ministerio Público de la Defensa al que tuve el honor de pertenecer”, explicó Arroyo Salgado en un escrito en el que avaló la resolución de la Defensoría General de la Nación, que nombró al defensor público Germán Carlevaro como representante de la familia.

De esa manera, desplazó al abogado particular Jorge Breiman, quien estaba hasta ahora representando a su querella y a la de la madre de Nisman, Sara Garfunkel.

Arroyo Salgado reivindicó a la Defensoría para desempeñarse en la investigación por la muerte de Nisman, ante “la trascendencia e intereses de magnitud, aún desconocidos, que subyacen a la instrucción a cargo de la fiscala Viviana Fein”.

“La trascendencia e intereses de magnitudes aún desconocidas que subyacen a la instrucción a cargo de la fiscal, convencen a la suscripta de que el valor ‘justicia’ y el anhelado descubrimiento de la verdad sólo habrán de alcanzarse a partir del desenvolvimiento profesional idóneo y ético de las partes que intervienen en el proceso”, sostuvo Arroyo salgado.

Según se entendió en la Defensoría, el pedido de la querellante reúne los requisitos mínimos para habilitar el uso del patrocinio.

“En virtud de la evidente trascendencia y complejidad del suceso en cuestión, corresponde designar a cargo del patrocinio solicitado, a un integrante de este Ministerio Público que será seleccionado de la lista de Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Orales de esta ciudad, como así también de un funcionario letrado que preste colaboración”.

La ex pareja de Nisman señaló que las circunstancias en que se produjo el fallecimiento del padre de sus hijas eran “indeterminadas” y destacó “el contexto en el que había ocurrido ese penoso desenlace”.

Por ello, la jueza de San Isidro consideró que “era necesario conformar un equipo capacitado en recursos técnicos e intelectuales que se aboque al descubrimiento de lo realmente acontecido”.

“La promiscua intervención del ministerio Público se dirige a garantizar el debido proceso, la defensa en juicio, el adecuado acceso a la justicia y el derecho a ser oído de las personas menores de edad, tutelados por la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño”, expresa la resolución que emitió el organismo judicial. (DyN)