10 Febrero 2015
BUENOS AIRES.- La Mesa de Enlace Agropecuaria efectuó ayer fuertes reclamos al Gobierno nacional por la elevada presión fiscal y los problemas en la comercialización del trigo, maíz y la leche. Las cuatro entidades rurales expresaron su posición la primera reunión del año, que se desarrolló en la sede de Coninagro.
Entre los reclamos, también figuraron el incremento en los costos de producción, los efectos de la inflación y el déficit de infraestructura en el país, según destacó un comunicado de la organización.
Además del presidente de la entidad anfitriona, Egidio Mailland, participaron sus pares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero; y de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe. Los dirigentes de la Mesa de Enlace llegaron al encuentro tras el debate surgido por el acuerdo en materia de comercialización de trigo alcanzado entre funcionarios del Gobierno y la Federación Agraria.
En ese acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a habilitar nuevos permisos de exportación de trigo (ROEs) a aquellas empresas exportadoras que compren el cereal a precio FAS Teórico, que surge del cálculo del valor FOB o paridad de exportación en el puerto.
Además, dispuso que el Banco de la Nación facilite financiamiento para los pequeños y medianos productores cuyo volumen de producción total anualizada no exceda las 600 toneladas de soja y que acumulen una tenencia no superior a un 10% de ese valor, para los que tengan un mayor acopio se restringe el crédito.
Las medidas fueron calificadas de “nueva estafa” a los productores triguero por parte de CRA, quien objetó que ese esquema no genera transparencia ni competencia.
Tras el encuentro, Príncipe buscó minimizar las quejas que se suscitaron durante la reunión y expresó que no hubo reproches de sus pares tras las gestiones con la Nación.
“La marca registrada de la Mesa de Enlace es haber trabajado siempre sobre las coincidencias y continuamos trabajando sobre todos los puntos sobre los que tenemos una visión en conjunto. Independientemente de eso cada entidad realiza las actividades que crea necesario”, expresó Etchevehere.
Ayer, Centros de Corredores Cereales del país expresaron su disconformidad con el acuerdo al considerar que perpetúa un sistema que “viola las normas más elementales de competencia”.
“Viola las normas más elementales de competencia, canalizando ventas de trigo a través de un canal comercial al que no acceden la totalidad de los productores agropecuarios”, plantearon en un comunicado los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.
“Medidas de este tipo tienen un efecto acotado y no resuelven el problema de fondo, ya que perpetúan el sistema de ROEs que opera en la práctica como una licencia no automática para la exportación, originando importantes transferencias de ingresos en el interior de la cadena de producción y comercialización”, cuestionaron.
Además, señalaron que ese esquema interrumpe el desarrollo de los mercados, impidiendo a los productores capturar el precio pleno de su producción y privando al país de importantes ingresos al obstaculizar la colocación de los excedentes de producción en los mercados internacionales.
Entre los reclamos, también figuraron el incremento en los costos de producción, los efectos de la inflación y el déficit de infraestructura en el país, según destacó un comunicado de la organización.
Además del presidente de la entidad anfitriona, Egidio Mailland, participaron sus pares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero; y de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe. Los dirigentes de la Mesa de Enlace llegaron al encuentro tras el debate surgido por el acuerdo en materia de comercialización de trigo alcanzado entre funcionarios del Gobierno y la Federación Agraria.
En ese acuerdo, la Casa Rosada se comprometió a habilitar nuevos permisos de exportación de trigo (ROEs) a aquellas empresas exportadoras que compren el cereal a precio FAS Teórico, que surge del cálculo del valor FOB o paridad de exportación en el puerto.
Además, dispuso que el Banco de la Nación facilite financiamiento para los pequeños y medianos productores cuyo volumen de producción total anualizada no exceda las 600 toneladas de soja y que acumulen una tenencia no superior a un 10% de ese valor, para los que tengan un mayor acopio se restringe el crédito.
Las medidas fueron calificadas de “nueva estafa” a los productores triguero por parte de CRA, quien objetó que ese esquema no genera transparencia ni competencia.
Tras el encuentro, Príncipe buscó minimizar las quejas que se suscitaron durante la reunión y expresó que no hubo reproches de sus pares tras las gestiones con la Nación.
“La marca registrada de la Mesa de Enlace es haber trabajado siempre sobre las coincidencias y continuamos trabajando sobre todos los puntos sobre los que tenemos una visión en conjunto. Independientemente de eso cada entidad realiza las actividades que crea necesario”, expresó Etchevehere.
Ayer, Centros de Corredores Cereales del país expresaron su disconformidad con el acuerdo al considerar que perpetúa un sistema que “viola las normas más elementales de competencia”.
“Viola las normas más elementales de competencia, canalizando ventas de trigo a través de un canal comercial al que no acceden la totalidad de los productores agropecuarios”, plantearon en un comunicado los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.
“Medidas de este tipo tienen un efecto acotado y no resuelven el problema de fondo, ya que perpetúan el sistema de ROEs que opera en la práctica como una licencia no automática para la exportación, originando importantes transferencias de ingresos en el interior de la cadena de producción y comercialización”, cuestionaron.
Además, señalaron que ese esquema interrumpe el desarrollo de los mercados, impidiendo a los productores capturar el precio pleno de su producción y privando al país de importantes ingresos al obstaculizar la colocación de los excedentes de producción en los mercados internacionales.
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