02 Febrero 2015
CARTEL. En una marcha, una mujer pide justicia para el fiscal Nisman. reuters
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional tiene por delante una semana en la que la agenda estará signada por los coletazos de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero hace 15 días, poco después de haber denunciado por el presunto encubrimiento de la “pista iraní” a la presidenta, Cristina Fernández, a dirigentes kirchneristas y a presuntos espías.
Por un lado, el Senado está en condiciones de comenzar a analizar el proyecto girado por la jefa de Estado para la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), una oficina que reemplazará a la Secretaría de Inteligencia (SI). Este órgano de espionaje estatal quedó en el centro de la polémica tras la muerte de Nisman. El oficialismo ligó el misterioso deceso del magistrado a una interna en esa fuerza, y mencionó al ex espía Antonio “Jaime” Stiusso, quien fuera estrecho colaborador de Nisman en la causa por el atentado a la AMIA.
Tras esto, la Presidenta anunció una reforma de la SI. Uno de los puntos principales en el nuevo funcionamiento que pretende el kirchnerismo del servicio de inteligencia está el pase de las escuchas telefónicas a la Procuraduría General de Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó, una magistrada vinculada al oficialismo.
En paralelo a las repercusiones políticas por el caso Nisman, la fiscal federal Viviana Fein, quien investiga la causa caratulada como “muerte dudosa”, aguarda la llegada de los resultados de nuevos informes periciales. La magistrada todavía no pudo inclinarse por alguna de las tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido u homicidio. La semana pasada se pudo determinar que en el lugar del hecho sólo había material genético de la víctima. Además, las pericias balísticas revelaron que el disparo letal salió de la pistola calibre 22 que había sido prestada por Diego Lagomarsino, el polémico colaborador de la UFI ARIA. Fein, sin embargo, busca determinar si la escena fue “fabricada” o si, en efecto, Nisman se quitó la vida. Para ello serán clave otros informes, como la revisión de las cámaras de seguridad de la torre Le Parc, donde se produjo el deceso, y el análisis de los llamados telefónicos.
Por otra parte, el juez federal Ariel Lijo ya está analizando la denuncia por presunto encubrimiento que le giró Nisman en contra de la Presidenta, del canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque y del “piquetero” Luis D’Elía, entre otras personas. El magistrado, que investiga el encubrimiento a la “conexión local” del atentado a la AMIA, debe resolver si continúa a cargo del expediente o si lo eleva para que sea sorteado. Fue Lijo quien, el 20 de enero pasado, dio la orden de publicar la denuncia íntegra en contra de Cristina, y de “tachar” algunos párrafos referidos a las medidas de investigación que había solicitado Nisman. La hipótesis del fiscal fallecido indica que la Presidenta, dirigentes de su entorno y presuntos nexos iraníes y argentinos gestionaban la inmunidad de los sospechosos del atentado a cambio de mejorar la relación geopolítica con Irán.
Por un lado, el Senado está en condiciones de comenzar a analizar el proyecto girado por la jefa de Estado para la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), una oficina que reemplazará a la Secretaría de Inteligencia (SI). Este órgano de espionaje estatal quedó en el centro de la polémica tras la muerte de Nisman. El oficialismo ligó el misterioso deceso del magistrado a una interna en esa fuerza, y mencionó al ex espía Antonio “Jaime” Stiusso, quien fuera estrecho colaborador de Nisman en la causa por el atentado a la AMIA.
Tras esto, la Presidenta anunció una reforma de la SI. Uno de los puntos principales en el nuevo funcionamiento que pretende el kirchnerismo del servicio de inteligencia está el pase de las escuchas telefónicas a la Procuraduría General de Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó, una magistrada vinculada al oficialismo.
En paralelo a las repercusiones políticas por el caso Nisman, la fiscal federal Viviana Fein, quien investiga la causa caratulada como “muerte dudosa”, aguarda la llegada de los resultados de nuevos informes periciales. La magistrada todavía no pudo inclinarse por alguna de las tres hipótesis: suicidio, suicidio inducido u homicidio. La semana pasada se pudo determinar que en el lugar del hecho sólo había material genético de la víctima. Además, las pericias balísticas revelaron que el disparo letal salió de la pistola calibre 22 que había sido prestada por Diego Lagomarsino, el polémico colaborador de la UFI ARIA. Fein, sin embargo, busca determinar si la escena fue “fabricada” o si, en efecto, Nisman se quitó la vida. Para ello serán clave otros informes, como la revisión de las cámaras de seguridad de la torre Le Parc, donde se produjo el deceso, y el análisis de los llamados telefónicos.
Por otra parte, el juez federal Ariel Lijo ya está analizando la denuncia por presunto encubrimiento que le giró Nisman en contra de la Presidenta, del canciller Héctor Timerman, del diputado Andrés Larroque y del “piquetero” Luis D’Elía, entre otras personas. El magistrado, que investiga el encubrimiento a la “conexión local” del atentado a la AMIA, debe resolver si continúa a cargo del expediente o si lo eleva para que sea sorteado. Fue Lijo quien, el 20 de enero pasado, dio la orden de publicar la denuncia íntegra en contra de Cristina, y de “tachar” algunos párrafos referidos a las medidas de investigación que había solicitado Nisman. La hipótesis del fiscal fallecido indica que la Presidenta, dirigentes de su entorno y presuntos nexos iraníes y argentinos gestionaban la inmunidad de los sospechosos del atentado a cambio de mejorar la relación geopolítica con Irán.
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