31 Enero 2015
El jefe del Ejército, César Milani, insiste en que Carlos Brito, el fiscal federal que solicitó su indagatoria, debe ser apartado de la investigación de la desaparición del soldado Alberto Ledo. Fuentes judiciales informaron este viernes que la defensa del militar acusado apeló la resolución de Daniel Bejas, juez federal N°1, que había desestimado la recusación. Aquel magistrado ya concedió el recurso y dispuso la remisión del incidente a la Cámara Federal de Apelaciones.
El trámite que comienza presenta una particularidad: Gustavo Gómez, el fiscal general competente ante el tribunal de alzada, también fue recusado por Milani. Pese a que ese planteo fue articulado un mes antes que el de Brito, Bejas aún no se expidió. La última información disponible al respecto data del 9 de enero, cuando Virginia Duffy, secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°1, confirmó que aún no había una decisión tomada sobre Gómez, a quien la defensa recusó en ocasión de que este se hiciese cargo de la investigación por una licencia de Brito. “Aquel planteo requería de abundante producción de pruebas”, explicó Duffy, que también sostuvo que el magistrado no tiene un plazo para resolver. “Todo depende de la complejidad de la cuestión”, añadió.
En este escenario y antes de proseguir con el tema “Brito”, Gómez podría requerir que Bejas se pronuncie sobre su recusación. La eventual decisión del juez favorable o no al pedido de apartamiento del fiscal general podría, a su vez, ser apelada. En ese caso, Diego Velasco, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), ejercería la representación del Ministerio Público ante el estrado formado por Marina Cossio (presidenta), Ricardo Sanjuán, Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar y Raúl Mender.
Todas son conjeturas, pero lo cierto es que el año pasado, en la investigación del supuesto enriquecimiento del ministro nacional Juan Manzur (otra causa de interés político e institucional), la Cámara apartó a Gómez al considerar pertinente el temor de falta de objetividad que había alegado la defensa del funcionario. Aquella causal invocó Milani para provocar la inhibición de Brito. Aunque Bejas consideró que el argumento no tenía asidero, la defensa del militar entiende que el fiscal debe ser apartado porque fundó el pedido de indagatoria en una copia -certificada- del legajo de deserción de Ledo. Adolfo Bertini, defensor oficial, previamente había pedido que ese documento sea excluido del expediente, planteo que Bejas también debe resolver. Si el juez hace lugar a la solicitud de Bertini y si esa decisión queda firme, la pretensión de indagar a Milani quedará sin sustento.
En su carácter de subteniente, el acusado confeccionó el sumario administrativo correspondiente a la supuesta fuga de Ledo ocurrida en Monteros, en junio de 1976 (durante la dictadura). Pero Brito consideró que el conscripto fue secuestrado y, a continuación, asesinado (el cuerpo nunca apareció). Según el dictamen del 22 de diciembre, Milani habría intervenido en ese crimen con la doble condición de falsificador del legajo y de encubridor. En esta misma causa está procesado con prisión preventiva domiciliaria el ex capitán Esteban Sanguinetti. Brito pidió que este imputado sea citado para que amplíe su declaración indagatoria.
El trámite que comienza presenta una particularidad: Gustavo Gómez, el fiscal general competente ante el tribunal de alzada, también fue recusado por Milani. Pese a que ese planteo fue articulado un mes antes que el de Brito, Bejas aún no se expidió. La última información disponible al respecto data del 9 de enero, cuando Virginia Duffy, secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°1, confirmó que aún no había una decisión tomada sobre Gómez, a quien la defensa recusó en ocasión de que este se hiciese cargo de la investigación por una licencia de Brito. “Aquel planteo requería de abundante producción de pruebas”, explicó Duffy, que también sostuvo que el magistrado no tiene un plazo para resolver. “Todo depende de la complejidad de la cuestión”, añadió.
En este escenario y antes de proseguir con el tema “Brito”, Gómez podría requerir que Bejas se pronuncie sobre su recusación. La eventual decisión del juez favorable o no al pedido de apartamiento del fiscal general podría, a su vez, ser apelada. En ese caso, Diego Velasco, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), ejercería la representación del Ministerio Público ante el estrado formado por Marina Cossio (presidenta), Ricardo Sanjuán, Graciela Fernández Vecino, Ernesto Wayar y Raúl Mender.
Todas son conjeturas, pero lo cierto es que el año pasado, en la investigación del supuesto enriquecimiento del ministro nacional Juan Manzur (otra causa de interés político e institucional), la Cámara apartó a Gómez al considerar pertinente el temor de falta de objetividad que había alegado la defensa del funcionario. Aquella causal invocó Milani para provocar la inhibición de Brito. Aunque Bejas consideró que el argumento no tenía asidero, la defensa del militar entiende que el fiscal debe ser apartado porque fundó el pedido de indagatoria en una copia -certificada- del legajo de deserción de Ledo. Adolfo Bertini, defensor oficial, previamente había pedido que ese documento sea excluido del expediente, planteo que Bejas también debe resolver. Si el juez hace lugar a la solicitud de Bertini y si esa decisión queda firme, la pretensión de indagar a Milani quedará sin sustento.
En su carácter de subteniente, el acusado confeccionó el sumario administrativo correspondiente a la supuesta fuga de Ledo ocurrida en Monteros, en junio de 1976 (durante la dictadura). Pero Brito consideró que el conscripto fue secuestrado y, a continuación, asesinado (el cuerpo nunca apareció). Según el dictamen del 22 de diciembre, Milani habría intervenido en ese crimen con la doble condición de falsificador del legajo y de encubridor. En esta misma causa está procesado con prisión preventiva domiciliaria el ex capitán Esteban Sanguinetti. Brito pidió que este imputado sea citado para que amplíe su declaración indagatoria.