Por Marcelo Batiz
30 Enero 2015
BUENOS AIRES.- Hay que admitirlo. Revisar cada una de las ediciones del Boletín Oficial de enero no es la manera más recomendable de pasar las vacaciones. Pero es un trabajo necesario a fin de tener una idea aproximada de las desprolijidades cometidas para cerrar de apuro y fuera de hora un presupuesto nacional, de tal modo que parezca que la tarea se realizó dentro de los límites legalmente establecidos.
Las circunstancias se asemejan a la de un pequeño comerciante sobrepasado por un papeleo que no llega a comprender, después de un año de trabajo, y que no tiene más remedio que pedirle a un contador de confianza que le presente un balance lo más decente posible para conformar a los inspectores.
Pero en este caso no se trata de un boliche de barrio sino de la Administración Pública Nacional, que reitera una práctica que vulnera el sentido original de un presupuesto público por partida doble: primero, lo modifica sin la intervención del Poder Legislativo a razón de dos veces por semana. Y, además, lo formaliza mucho después de realizado el gasto. Así, el “presupuesto” pasaría a ser un “pospuesto”.
El 30 de diciembre pasado, la administración pública nacional tuvo asueto desde el mediodía. A partir de ese momento terminaba oficialmente la actividad de 2014 y hubo que esperar hasta el viernes 2 de enero para retomarla, ya formalmente en otro año y en otro ejercicio fiscal. Pero de la lectura de los boletines oficiales surge que en esas pocas horas de la mañana del último día hábil del año, la Jefatura de Gabinete trabajó como nunca antes. De ser ciertas las fechas de los documentos públicos firmados por Jorge Capitanich -y nada indica que no lo sean- ese día se suscribieron por lo menos 130 decisiones administrativas, correspondientes a diferentes áreas de Gobierno. Lo de “por lo menos” no es una formalidad, todavía siguen publicándose normas del año pasado.
Hay (también “por lo menos”) 192 decretos fechados ese breve 30 de diciembre firmados por la presidenta Cristina Fernández, poco antes de partir rumbo a El Calafate con la recomendación médica de reposo absoluto.
Y para completar, también está fechada el 30 de diciembre la resolución 1101 del Ministerio de Economía, por la que se aprobó el “pre” supuesto de Nación Fideicomisos para todo el año que estaba por terminar. Es una suerte que nadie haya adherido a la ley de Pago Soberano: cuando el ministro Axel Kicillof anunciaba que todo estaba “estudiado en profundidad”, el agente colocador designado ni siquiera tenía su presupuesto aprobado.
En lo que respecta a la Jefatura de Gabinete, muchas de las decisiones administrativas no revisten demasiada importancia institucional y se limitan a dejar constancia de actos administrativos rutinarios. Pero en 12 de las 130 se dispusieron modificaciones de un presupuesto al que le quedaban -literalmente- unos pocos minutos de vigencia.
•La decisión administrativa 1179 amplió en $ 182 millones los gastos de “Prensa y difusión”.
•La 1205 aprobó más gastos por $ 11.770 millones y la emisión de títulos públicos por $ 12.850 millones.
•La 1206 autorizó gastos por $ 92,1 millones para el Ministerio de Seguridad.
•La 1214 dispuso transferir $ 93,3 millones a varias jurisdicciones.
•La 1215 estableció una ampliación de $ 35,4 millones en los créditos del Ministerio de Justicia.
•La 1229 compensó créditos en favor de Acumar por $ 100 millones.
•Por la 1230, se transfieren $ 30 millones a gobiernos municipales.
•La 1234 dispuso un incremento de $ 14.400 millones en recursos y de $ 4.734 millones en gastos.
•La 1235, 3 millones para el Servicio Penitenciario Federal.
•Finalmente (¿finalmente? La historia reciente muestra modificaciones a un presupuesto publicadas en marzo del año siguiente), la decisión administrativa 1236 pareció ir en sentido inverso, al reducir el déficit en $ 680 millones. Pero no lo hizo a costa de achicar gastos improductivos, sino por el contrario, a expensas de recortes en obras de infraestructura ferroviaria y portuaria.
En síntesis, el 30 de diciembre, sobre el filo del cierre de la actividad oficial del año, se formalizaron aumentos de gastos por $ 17.039 millones, de recursos por $ 14.400 millones y la emisión de bonos por $ 12.850 millones.
La publicación de normas en el Boletín Oficial con varios días de demora es una práctica habitual que no constituye delito alguno. Pero este de blanqueo de última hora de gastos y recursos por miles de millones de pesos pone de manifiesto no solo la desprolijidad, sino la actitud de un gobierno por evitar o postergar cualquier clase de control. Admitidos los “superpoderes” que delegan en la Jefatura de Gabinete la facultad de redistribuir los créditos presupuestarios cuantas veces lo desee, ya ni siquiera se respeta la condición elemental que establece el prefijo que compone la palabra.
Las circunstancias se asemejan a la de un pequeño comerciante sobrepasado por un papeleo que no llega a comprender, después de un año de trabajo, y que no tiene más remedio que pedirle a un contador de confianza que le presente un balance lo más decente posible para conformar a los inspectores.
Pero en este caso no se trata de un boliche de barrio sino de la Administración Pública Nacional, que reitera una práctica que vulnera el sentido original de un presupuesto público por partida doble: primero, lo modifica sin la intervención del Poder Legislativo a razón de dos veces por semana. Y, además, lo formaliza mucho después de realizado el gasto. Así, el “presupuesto” pasaría a ser un “pospuesto”.
El 30 de diciembre pasado, la administración pública nacional tuvo asueto desde el mediodía. A partir de ese momento terminaba oficialmente la actividad de 2014 y hubo que esperar hasta el viernes 2 de enero para retomarla, ya formalmente en otro año y en otro ejercicio fiscal. Pero de la lectura de los boletines oficiales surge que en esas pocas horas de la mañana del último día hábil del año, la Jefatura de Gabinete trabajó como nunca antes. De ser ciertas las fechas de los documentos públicos firmados por Jorge Capitanich -y nada indica que no lo sean- ese día se suscribieron por lo menos 130 decisiones administrativas, correspondientes a diferentes áreas de Gobierno. Lo de “por lo menos” no es una formalidad, todavía siguen publicándose normas del año pasado.
Hay (también “por lo menos”) 192 decretos fechados ese breve 30 de diciembre firmados por la presidenta Cristina Fernández, poco antes de partir rumbo a El Calafate con la recomendación médica de reposo absoluto.
Y para completar, también está fechada el 30 de diciembre la resolución 1101 del Ministerio de Economía, por la que se aprobó el “pre” supuesto de Nación Fideicomisos para todo el año que estaba por terminar. Es una suerte que nadie haya adherido a la ley de Pago Soberano: cuando el ministro Axel Kicillof anunciaba que todo estaba “estudiado en profundidad”, el agente colocador designado ni siquiera tenía su presupuesto aprobado.
En lo que respecta a la Jefatura de Gabinete, muchas de las decisiones administrativas no revisten demasiada importancia institucional y se limitan a dejar constancia de actos administrativos rutinarios. Pero en 12 de las 130 se dispusieron modificaciones de un presupuesto al que le quedaban -literalmente- unos pocos minutos de vigencia.
•La decisión administrativa 1179 amplió en $ 182 millones los gastos de “Prensa y difusión”.
•La 1205 aprobó más gastos por $ 11.770 millones y la emisión de títulos públicos por $ 12.850 millones.
•La 1206 autorizó gastos por $ 92,1 millones para el Ministerio de Seguridad.
•La 1214 dispuso transferir $ 93,3 millones a varias jurisdicciones.
•La 1215 estableció una ampliación de $ 35,4 millones en los créditos del Ministerio de Justicia.
•La 1229 compensó créditos en favor de Acumar por $ 100 millones.
•Por la 1230, se transfieren $ 30 millones a gobiernos municipales.
•La 1234 dispuso un incremento de $ 14.400 millones en recursos y de $ 4.734 millones en gastos.
•La 1235, 3 millones para el Servicio Penitenciario Federal.
•Finalmente (¿finalmente? La historia reciente muestra modificaciones a un presupuesto publicadas en marzo del año siguiente), la decisión administrativa 1236 pareció ir en sentido inverso, al reducir el déficit en $ 680 millones. Pero no lo hizo a costa de achicar gastos improductivos, sino por el contrario, a expensas de recortes en obras de infraestructura ferroviaria y portuaria.
En síntesis, el 30 de diciembre, sobre el filo del cierre de la actividad oficial del año, se formalizaron aumentos de gastos por $ 17.039 millones, de recursos por $ 14.400 millones y la emisión de bonos por $ 12.850 millones.
La publicación de normas en el Boletín Oficial con varios días de demora es una práctica habitual que no constituye delito alguno. Pero este de blanqueo de última hora de gastos y recursos por miles de millones de pesos pone de manifiesto no solo la desprolijidad, sino la actitud de un gobierno por evitar o postergar cualquier clase de control. Admitidos los “superpoderes” que delegan en la Jefatura de Gabinete la facultad de redistribuir los créditos presupuestarios cuantas veces lo desee, ya ni siquiera se respeta la condición elemental que establece el prefijo que compone la palabra.
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