Por Irene Benito
29 Enero 2015
El colmo judicial es una Asociación de Magistrados fuera de la ley. Y a esa situación -con comisión normalizadora incluida- ha llegado la entidad que nuclea a más del 80% de los jueces, fiscales y defensores de la provincia “por descuido de quien llevaba la contabilidad”, según dijo la presidenta reelegida con mandato vencido, Liliana Vitar, y ratificó la ex titular Ester Julieta Valderrábano de Casas. O sea que toda la responsabilidad derivada de la omisión de presentar memorias y balances en la Dirección de Personas Jurídicas durante siete años es del contador: un profesional que no forma parte de la comisión directiva, que aparentemente sigue prestando servicios en la Asociación y cuyo nombre no ha trascendido. Curioso destino para la legión de abogados de élite el quedar expuesta a la ilegalidad por culpa de un asesor contable anónimo.
Por paradójico que parezca, la imposibilidad de obtener una constancia de normal funcionamiento ha permitido acceder a una institución cerrada -incluso para sus miembros-, y más acostumbrada a negociar soterradamente que en el escenario público. No son pocos los asociados indiscretos que ven en esa posición escurridiza y hasta opaca un síntoma evidente de la colonización que sobre la casa desplegó Edmundo Jiménez, ex ministro histórico de esta gestión. Lo cierto es que la Asociación dio refugio -o asilo- a los magistrados ligados al oficialismo: basta con advertir que la prosecretaría de la entidad está a cargo de Alejandro Noguera, el fiscal del caso “Lebbos” fotografiado con escándalo mientras salía de la casa de otro contador, el que gobierna la provincia desde 2003. Quizá sea por estos datos de la realidad que más de uno entendió que el jefe de facto del fuero penal salía de las sombras cuando Jiménez pasó -otra vez gracias al contador- del Ministerio de Gobierno y Justicia con mandato limitado al Ministerio Público Fiscal y Pupilar vitalicio.
Pero los intereses políticos ajenos no habrían penetrado en la Asociación si del lado de adentro no les hubiesen abierto la puerta. Esa debilidad increpa a la corporación de los jueces, que “por descuido de quien llevaba la contabilidad” no pudo celebrar elecciones en diciembre del año pasado. En aras de la transparencia otra vez no hay mal que por bien no venga: si no fuese por ese problemilla de papeles, el comicio pasaría inadvertido como, salvo casos muy concretos, han pasado los anteriores. Por algo en una sesión de noviembre del Consejo Asesor de la Magistratura, Eudoro Albo, otro camarista incondicional de Jiménez y ex directivo de la entidad, se jactó de que las internas de la judicatura tenían bajo perfil. Lo que pretendía ser un reproche para los consejeros vinculados al Colegio de Abogados de la Capital, a la Corte y a la Unión Cívica Radical se ha vuelto en contra: la próxima renovación de la comisión directiva de la Asociación se anticipa como un acontecimiento de alto voltaje institucional, que en definitiva determinará si los jueces electores quieren más de lo mismo, o si están dispuestos a darse y a dar otra imagen a lo mejor más apropiada a la majestad de la justicia.
Ese frontispicio está averiado por los silencios más que por las palabras. La Asociación, que carece de sede física separada del Poder Judicial y de un portal digital actualizado, miró para otro lado cuando la retirada vergonzosa de Carlos Albaca, el fiscal de la impunidad del homicidio de Paulina Lebbos. En la cima de aquella crisis y a título personal, Vitar dijo que el ex funcionario había “revictimizado” a la joven, pero la cúpula se quedó calladita y de lo más pancha. Idéntico vacío hizo el año pasado, cuando la Legislatura endureció el procedimiento de remoción de magistrados con el afán de que funcione alguna vez el desdichado Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006. Tal vez sean esos mutismos estratégicos reiterados los que hacen que la Asociación no sea tomada en serio cuando exige para los magistrados locales la misma remuneración que perciben los jueces federales, compensación funcional existente en la mayoría de las jurisdicciones. Todo le pasa por arriba como si no existiese: si hasta un legislador oficialista propuso regular la ética de la magistratura por ley. Entonces, a nadie extrañó que la Asociación no dijese ni pío a propósito de la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si puede ser indiferente a ese episodio histórico, capaz que lo suyo sea otra cosa. En cualquier caso, conviene abreviar el proceso y preguntárselo al contador.
Por paradójico que parezca, la imposibilidad de obtener una constancia de normal funcionamiento ha permitido acceder a una institución cerrada -incluso para sus miembros-, y más acostumbrada a negociar soterradamente que en el escenario público. No son pocos los asociados indiscretos que ven en esa posición escurridiza y hasta opaca un síntoma evidente de la colonización que sobre la casa desplegó Edmundo Jiménez, ex ministro histórico de esta gestión. Lo cierto es que la Asociación dio refugio -o asilo- a los magistrados ligados al oficialismo: basta con advertir que la prosecretaría de la entidad está a cargo de Alejandro Noguera, el fiscal del caso “Lebbos” fotografiado con escándalo mientras salía de la casa de otro contador, el que gobierna la provincia desde 2003. Quizá sea por estos datos de la realidad que más de uno entendió que el jefe de facto del fuero penal salía de las sombras cuando Jiménez pasó -otra vez gracias al contador- del Ministerio de Gobierno y Justicia con mandato limitado al Ministerio Público Fiscal y Pupilar vitalicio.
Pero los intereses políticos ajenos no habrían penetrado en la Asociación si del lado de adentro no les hubiesen abierto la puerta. Esa debilidad increpa a la corporación de los jueces, que “por descuido de quien llevaba la contabilidad” no pudo celebrar elecciones en diciembre del año pasado. En aras de la transparencia otra vez no hay mal que por bien no venga: si no fuese por ese problemilla de papeles, el comicio pasaría inadvertido como, salvo casos muy concretos, han pasado los anteriores. Por algo en una sesión de noviembre del Consejo Asesor de la Magistratura, Eudoro Albo, otro camarista incondicional de Jiménez y ex directivo de la entidad, se jactó de que las internas de la judicatura tenían bajo perfil. Lo que pretendía ser un reproche para los consejeros vinculados al Colegio de Abogados de la Capital, a la Corte y a la Unión Cívica Radical se ha vuelto en contra: la próxima renovación de la comisión directiva de la Asociación se anticipa como un acontecimiento de alto voltaje institucional, que en definitiva determinará si los jueces electores quieren más de lo mismo, o si están dispuestos a darse y a dar otra imagen a lo mejor más apropiada a la majestad de la justicia.
Ese frontispicio está averiado por los silencios más que por las palabras. La Asociación, que carece de sede física separada del Poder Judicial y de un portal digital actualizado, miró para otro lado cuando la retirada vergonzosa de Carlos Albaca, el fiscal de la impunidad del homicidio de Paulina Lebbos. En la cima de aquella crisis y a título personal, Vitar dijo que el ex funcionario había “revictimizado” a la joven, pero la cúpula se quedó calladita y de lo más pancha. Idéntico vacío hizo el año pasado, cuando la Legislatura endureció el procedimiento de remoción de magistrados con el afán de que funcione alguna vez el desdichado Jurado de Enjuiciamiento creado en 2006. Tal vez sean esos mutismos estratégicos reiterados los que hacen que la Asociación no sea tomada en serio cuando exige para los magistrados locales la misma remuneración que perciben los jueces federales, compensación funcional existente en la mayoría de las jurisdicciones. Todo le pasa por arriba como si no existiese: si hasta un legislador oficialista propuso regular la ética de la magistratura por ley. Entonces, a nadie extrañó que la Asociación no dijese ni pío a propósito de la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman. Si puede ser indiferente a ese episodio histórico, capaz que lo suyo sea otra cosa. En cualquier caso, conviene abreviar el proceso y preguntárselo al contador.
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