El amayismo defendió su “pacto social”, que mañana quedará firme

La cuestión de las finanzas municipales es uno de los temas que marcó la agenda en este inicio de 2015, que tuvo por novedad, luego de 15 años, la caída del “Pacto Social”, una normativa que permitía a los municipios ceder sus recursos de coparticipación al PE a cambio de que se le garanticen los sueldos y obras. El intendente Domingo Amaya ya buscó una alternativa, y el 30 de diciembre de 2014 firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le permite entregar esos fondos para equilibrar las cuentas municipales. Los ediles de la oposición habían cuestionado la medida del jefe municipal, ya que consideran “ilegal” la normativa porque no la trataron en el recinto.

Desde la Intendencia sin embargo rechazaron esos cuestionamientos. El secretario de Gobierno, Germán Alfaro, explicó que el plazo para que quede firme el DNU es de 20 días (es decir, mañana), y que es potestad del cuerpo colegiado convocar a un debate para abordar el asunto.

“El instrumento enviado al Concejo Deliberante es idóneo y suficiente para el financiamiento de nuestro municipio. Esto nos va a permitir asegurar el pago de salarios, la prestación de servicios y la continuación de la obra pública, como así también afrontar las obligaciones exigibles a nuestro municipio”, señaló el funcionario. Y aseguró que se informará al Concejo Deliberante de todos los movimientos financieros que se produzcan debido a la aplicación de este “pacto social” alternativo.

Antes de que concluyera 2014 y de que feneciera el “Pacto Social”, Amaya firmó el decreto N° 5.171/SEH/14. Ese instrumento establece que “la cancelación de las obligaciones que se generen en virtud de la obtención de asistencia financiera -destinada a atender obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y de obras públicas durante el ejercicio 2015-, será paliada con la afectación de la sesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal y Provincial”.

Este mecanismo es similar al “Pacto Social”, pero en la oposición criticaron a Amaya porque el texto no fue abordado por el cuerpo colegiado. José Avignone (UCR), Sandra Manzone (CC-ARI) y Claudio Viña (Fuerza Republicana) habían cuestionado la normativa sobre la cual el jefe municipal se había apoyado para rubricar ese DNU. Según ellos, ese documento es nulo e ilegal.

Alfaro replicó que ese texto aún puede ser discutido en el recinto de calle Monteagudo y San Martín. “La convocatoria para el tratamiento de este instrumento, como de cualquier otro, también es facultad del Concejo Deliberante. Nuestro municipio se encuentra adherido a la Ley 7.304, en la que se establece el mecanismo para el debate de los DNU. Mediante esta norma, se establece el plazo de 20 días hábiles para esto”, expresó el referente amayista. Y manifestó un compromiso: “este Departamento Ejecutivo Municipal, como es su costumbre, remitirá al Concejo Deliberante todas las actuaciones que se hayan producido como consecuencia de esta normativa”.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que pese a la caída del “Pacto Social”, las autonomías municipales “siguen avasalladas”. Y criticó tanto al gobernador José Alperovich como al intendente capitalino por el manejo de esas finanzas. “Amaya es una versión más moderada de Alperovich, pero mantiene su misma lógica. En sus años como intendente jamás levantó la voz para reclamar autonomía y dejó que el gobernador resolviera desde la pavimentación de calles hasta la suerte de los maestros municipales. Su decisión de ceder recursos para equilibrar las cuentas es de una improvisación tremenda para quien dice ser buen administrador. No resolvió ningún problema estructural de la ciudad e incluso agravó situaciones, como el incremento de la deuda”, dijo.