La reforma en Inteligencia no debe ser una ley K

El anuncio de la disolución de la Secretaria de Inteligencia y del tratamiento de una ley para reformar el sistema nacional de inteligencia debe ser tomado con cautela. Durante casi ocho años el Gobierno se desentendió del tema y además utilizó en su provecho esa peligrosa y poderosa herramienta. Para lograr cambios efectivos y profundos, que modifiquen las prácticas de convivencia entre la política, la Justicia y la ex SIDE, el proyecto de ley debe contener los lineamientos centrales indispensables de una reforma integral: mecanismos eficaces de control político, transparencia y herramientas de monitoreo de la labor de la nueva agencia, una comisión bicameral que funcione y rinda cuentas de su trabajo, reordenamiento de sus recursos humanos, diseño de un plan anual de inteligencia, entre otros. Sólo así será creíble y concitará el apoyo de la oposición.

Asimismo, esta reforma necesita ser acompañada de otros cambios normativos e institucionales impostergables. En tal sentido, resulta imperioso la sanción de una ley de acceso a información pública. También debe ponerse en marcha una Policía judicial que permita al Poder Judicial realizar sus propias investigaciones y no depender de las controvertidas fuerzas de seguridad. Otro aspecto central tiene que ver con cambiar las reglas del control en el ámbito legislativo. Las comisiones de control deben estar en manos de la oposición, de lo contrario dicha labor se torna una utopía: nadie se controla a sí mismo.

Por último, resulta indispensable que esta no sea otra ley del kirchnerismo, sino que sea una ley de todas las fuerzas políticas. De lo contrario la reforma no será sostenible en el tiempo y el riesgo de una contrarreforma será alto. ¿Cómo lograrlo? El Gobierno acostumbra a impulsar leyes a libro cerrado, sin margen para modificar siquiera una coma. Esa actitud debe cambiar; la importancia de esta reforma así lo requiere. Por su parte, la oposición debe estar abierta al diálogo. Ya hubo declaraciones de algunos presidenciables anunciando su oposición a este proyecto. Esta dinámica política es lesiva de los intereses de los ciudadanos y sólo sirve a un sector de la clase política. A efectos de generar la confianza necesaria, las ONG y otros sectores sociales podrían servir de anfitriones del diálogo político que hoy se requiere para generar, por primera vez en más de una década, una verdadera política de Estado y así lograr un cambio cualitativo en nuestra joven democracia.