Por LA GACETA
27 Enero 2015
Son testigos mudos de nuestra historia. Cualquier comunidad estaría orgullosa de tenerlos, de protegerlos y de promocionarlos como el tesoro arqueológico que son. Pero no tienen suerte. Desde hace años, los menhires son una suerte de parias, a juzgar por el tratamiento que se les ha dado. El Mollar sigue siendo protagonista de las malas noticias. Al descontrol juvenil por excesos de alcohol y a la basura en las inmediaciones del dique La Angostura y de la villa, se suma la instalación de puestos de venta y juegos mecánicos en el parque provincial Los Menhires.
La cacica de la comunidad indígena sostiene que la comuna les alquila a personas desconocidas un predio no puede alquilar, porque no le pertenece, que está protegido por ley y que guarda restos de sus antepasados. “Han metido topadoras y destruido nuestros rumis (piedras sagradas)”, afirmó.
La directora provincial de Patrimonio dijo que el 3 de enero de 2014 se radicó una denuncia penal en la comisaría en contra de la comuna, en la que aparece como damnificado el museo a cielo abierto. La resolución 4.759 del 18 de diciembre de 2013 prohíbe la instalación de ferias en el predio, e incluye las superficies circundantes.
El delegado comunal de El Mollar afirmó que la gente necesita trabajar. “Es el único lugar para que se instalen. Y gracias a que cobramos ‘el piso’, una suma módica, en 2012 compramos los materiales para hacer la planta alta del edificio comunal”. Conoce la resolución del Ente, pero asevera que él es un administrador más de la Provincia. “Está prohibido pero no rompo nada, así que me tomo la atribución de poner la feria. Necesito la plata”, dijo.
En 1977, durante el gobierno militar de Antonio Bussi, los menhires fueron trasladados desde su emplazamiento original en Casas Viejas hasta un loma frente al dique La Angostura con “fines turísticos”. La comunidad científica puso el grito en el cielo porque se había perdido para siempre la posibilidad de desentrañar el significado de estas piedras milenarias. Tras marchas y contramarchas y promesas, la “repatriación” de los menhires se efectuó el 24 de marzo de 2000; se los emplazó en La Sala, frente a la plaza de El Mollar. Sin embargo, las piedras sagradas siguieron su derrotero de desdicha. “Los turistas critican el parque de diversiones de El Mollar”, decía nuestra crónica del 18 de enero de 2004. “La importancia de los menhires reside, primero, en su tremenda belleza, pero sobre todo en su valor simbólico, ya que su significado todavía está en estudio. No es lo mismo que un patrimonio de pobladores que ya no existe. En este caso ellos están; son los herederos vivos, allí radica la trascendencia de conservar este patrimonio”, dijo en 2010 una experta chilena.
Parece absurda la argumentación del comisionado rural para violar la ley. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en el patio de la Casa Histórica de la Independencia se instalaran carpas y juegos mecánicos esgrimiendo que el presupuesto para su mantenimiento es insuficiente. El problema es que esta invasión del predio de los menhires es un problema de vieja data y pese a las resoluciones gubernamentales, este espacio arqueológico sigue siendo bastardeado, sin que el Poder Ejecutivo lo impida. Quizás ello significa que tampoco al Gobierno le interesa el destino de este tesoro arqueológico, o que carece de autoridad sobre un funcionario comunal. Si el mismo Estado permite la violación de la ley, qué se le puede exigir al ciudadano común.
La cacica de la comunidad indígena sostiene que la comuna les alquila a personas desconocidas un predio no puede alquilar, porque no le pertenece, que está protegido por ley y que guarda restos de sus antepasados. “Han metido topadoras y destruido nuestros rumis (piedras sagradas)”, afirmó.
La directora provincial de Patrimonio dijo que el 3 de enero de 2014 se radicó una denuncia penal en la comisaría en contra de la comuna, en la que aparece como damnificado el museo a cielo abierto. La resolución 4.759 del 18 de diciembre de 2013 prohíbe la instalación de ferias en el predio, e incluye las superficies circundantes.
El delegado comunal de El Mollar afirmó que la gente necesita trabajar. “Es el único lugar para que se instalen. Y gracias a que cobramos ‘el piso’, una suma módica, en 2012 compramos los materiales para hacer la planta alta del edificio comunal”. Conoce la resolución del Ente, pero asevera que él es un administrador más de la Provincia. “Está prohibido pero no rompo nada, así que me tomo la atribución de poner la feria. Necesito la plata”, dijo.
En 1977, durante el gobierno militar de Antonio Bussi, los menhires fueron trasladados desde su emplazamiento original en Casas Viejas hasta un loma frente al dique La Angostura con “fines turísticos”. La comunidad científica puso el grito en el cielo porque se había perdido para siempre la posibilidad de desentrañar el significado de estas piedras milenarias. Tras marchas y contramarchas y promesas, la “repatriación” de los menhires se efectuó el 24 de marzo de 2000; se los emplazó en La Sala, frente a la plaza de El Mollar. Sin embargo, las piedras sagradas siguieron su derrotero de desdicha. “Los turistas critican el parque de diversiones de El Mollar”, decía nuestra crónica del 18 de enero de 2004. “La importancia de los menhires reside, primero, en su tremenda belleza, pero sobre todo en su valor simbólico, ya que su significado todavía está en estudio. No es lo mismo que un patrimonio de pobladores que ya no existe. En este caso ellos están; son los herederos vivos, allí radica la trascendencia de conservar este patrimonio”, dijo en 2010 una experta chilena.
Parece absurda la argumentación del comisionado rural para violar la ley. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en el patio de la Casa Histórica de la Independencia se instalaran carpas y juegos mecánicos esgrimiendo que el presupuesto para su mantenimiento es insuficiente. El problema es que esta invasión del predio de los menhires es un problema de vieja data y pese a las resoluciones gubernamentales, este espacio arqueológico sigue siendo bastardeado, sin que el Poder Ejecutivo lo impida. Quizás ello significa que tampoco al Gobierno le interesa el destino de este tesoro arqueológico, o que carece de autoridad sobre un funcionario comunal. Si el mismo Estado permite la violación de la ley, qué se le puede exigir al ciudadano común.
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