27 Enero 2015
VOTO POLÉMICO. Mirkin ocupó fugazmente su banca en Diputados. la gaceta / foto de franco vera (archivo)
El memorándum de entendimiento que firmaron en 2013 Argentina e Irán, en la lejana Etiopía, es una de las bases de la denuncia que formuló el fallecido fiscal especial Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández, contra dirigentes kirchneristas y contra supuestos espías y nexos entre el país y el gobierno persa. Según el informe del titular de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, ese texto era parte de una operación conjunta entre representantes de ambas naciones para garantizarles inmunidad a los ex funcionarios iraníes sospechosos del atentado, a cambio de transacciones de granos y petróleo.
Ayer, luego de haberse referido con preocupación a la muerte de Nisman, el gobernador José Alperovich evitó profundizar respecto a ese documento, que contó con el aval de los diputados y senadores que responden a su espacio. “El memorándum tenía una medida de no innovar por parte de la Justicia, o sea que desde el año 2014 no tenía nada que ver el memorándum con respecto a esto”, dijo el mandatario en la rueda de prensa que dio ayer en Villa Angelina.
En enero de 2013, Cristina anunció por Twitter que el canciller Héctor Timerman había firmado un acuerdo para la creación de una “Comisión de la Verdad” con el gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad. Ese acuerdo fue aprobado poco después por el Congreso de la Nación, con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria. Entre ellos estuvieron los representantes tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla (en el Senado), Isaac Bromberg, Stella Maris Córdoba, Alfredo Carlos Dato, Miriam Gallardo de Dip, Juan Arturo Salim, Marcelo Santillán y Beatriz Mirkin (en la Cámara de Diputados).
La participación de esta última, que renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para asumir en la banca, votar y luego regresar al gabinete de Alperovich, fue controvertida. Incluso, el radical José Cano realizó un planteo judicial al respecto, aunque la Justicia le dio la razón a la actual funcionaria tucumana. La semana pasada, Mirkin fue consultada por LA GACETA al respecto, pero declinó de hacer declaraciones.
Una norma truncada
La ley nacional 26.843, que avalaba la rúbrica del memorándum, permitía la creación de una “comisión de la verdad”, compuesta por juristas internacionales. Su función consistía en el análisis de toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de Irán. El comité debía darse su propio reglamento; elaborar un informe con recomendaciones y celebrar una audiencia en Teherán, en presencia de las autoridades judiciales argentinas e iraníes, para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol había emitido una notificación roja.
Pero el memorándum nunca pudo ser aplicado. El primer escollo provino de Irán, que jamás ratificó el pacto.
Mientras tanto, en la Justicia avanzaba un amparo promovido por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con el apoyo de Nisman.
Finalmente el 15 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la petición, y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y de la ley que lo había aprobado.
El estrado asimismo ordenó que el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de realizar actos de ejecución del citado memorándum mientras transiten las eventuales vías recursivas que contra la decisión puedan ser deducidas (el juicio está en esa etapa en el presente). Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero ordenaron a Rodolfo Canicoba Corral, juez que entiende en la causa del atentado, la adopción de medidas para reiterar los pedidos de extradición y asistencia judicial formulados a Irán.
Ayer, luego de haberse referido con preocupación a la muerte de Nisman, el gobernador José Alperovich evitó profundizar respecto a ese documento, que contó con el aval de los diputados y senadores que responden a su espacio. “El memorándum tenía una medida de no innovar por parte de la Justicia, o sea que desde el año 2014 no tenía nada que ver el memorándum con respecto a esto”, dijo el mandatario en la rueda de prensa que dio ayer en Villa Angelina.
En enero de 2013, Cristina anunció por Twitter que el canciller Héctor Timerman había firmado un acuerdo para la creación de una “Comisión de la Verdad” con el gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad. Ese acuerdo fue aprobado poco después por el Congreso de la Nación, con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria. Entre ellos estuvieron los representantes tucumanos Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla (en el Senado), Isaac Bromberg, Stella Maris Córdoba, Alfredo Carlos Dato, Miriam Gallardo de Dip, Juan Arturo Salim, Marcelo Santillán y Beatriz Mirkin (en la Cámara de Diputados).
La participación de esta última, que renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para asumir en la banca, votar y luego regresar al gabinete de Alperovich, fue controvertida. Incluso, el radical José Cano realizó un planteo judicial al respecto, aunque la Justicia le dio la razón a la actual funcionaria tucumana. La semana pasada, Mirkin fue consultada por LA GACETA al respecto, pero declinó de hacer declaraciones.
Una norma truncada
La ley nacional 26.843, que avalaba la rúbrica del memorándum, permitía la creación de una “comisión de la verdad”, compuesta por juristas internacionales. Su función consistía en el análisis de toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de Irán. El comité debía darse su propio reglamento; elaborar un informe con recomendaciones y celebrar una audiencia en Teherán, en presencia de las autoridades judiciales argentinas e iraníes, para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol había emitido una notificación roja.
Pero el memorándum nunca pudo ser aplicado. El primer escollo provino de Irán, que jamás ratificó el pacto.
Mientras tanto, en la Justicia avanzaba un amparo promovido por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con el apoyo de Nisman.
Finalmente el 15 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la petición, y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y de la ley que lo había aprobado.
El estrado asimismo ordenó que el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de realizar actos de ejecución del citado memorándum mientras transiten las eventuales vías recursivas que contra la decisión puedan ser deducidas (el juicio está en esa etapa en el presente). Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero ordenaron a Rodolfo Canicoba Corral, juez que entiende en la causa del atentado, la adopción de medidas para reiterar los pedidos de extradición y asistencia judicial formulados a Irán.
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