Los Ale habrían tenido un informante en la Justicia Federal

A María Jesús Rivero y a Fabián González los sorprendieron los gendarmes a primera hora del 23 de diciembre de 2013, cuando estaban en sus respectivas casas. Fueron los primeros detenidos de la causa por lavado de activos que investiga el juez Federal 2 Fernando Poviña. Pero la orden de detención también alcanzaba a Rubén “La Chancha” Ale, Oscar Roberto Dilascio y Víctor “Pelado” Suárez. Ninguno de estos tres estaba en su vivienda.

Esa misma tarde “La Chancha” se internó en un sanatorio céntrico, donde quedó detenido. Dilascio y Suárez, en cambio, continúan prófugos. Para la Justicia, alguien les había adelantado que iban a quedar presos. Un año más tarde, uno de los detenidos habría develado quien fue “la fuente”, y señaló a un funcionario del Juzgado Federal de Tucumán N° 2.

Poviña habría iniciado una investigación reservada para comprobar si la denuncia que realizó González (el imputado que habría develado quién filtraba la información), es certera.

Ninguno de los abogados defensores de los distintos acusados pudo acceder a copias de la declaración de González, pero tampoco realizaron presentaciones por esta situación, con excepción de Carlos Varela Soria (representante de Rivero), quien puso en conocimiento de la denuncia a la Cámara Federal de Apelaciones.

Fuentes tribunalicias revelaron que la declaración de González ocurrió el 5 de diciembre del año pasado. El imputado estuvo detenido durante un año en la cárcel federal de Jujuy, y su abogado Mario Leiva Haro había solicitado su excarcelación. Entre los fundamentos por los que le rechazaban el pedido, la Justicia contestaba que los imputados tenían conexiones con Gendarmería Nacional, lo que se comprobaba con el hecho de que aún había dos prófugos.

González, según revelaron las fuentes, se cansó de que utilizaran ese argumento para mantenerlo detenido, y pidió que se le permita ampliar su declaración. Al sentarse frente al juez Poviña, le indicó que un alto funcionario de su Juzgado había sido el que filtró la información de que el auto de procesamiento iba a ser dictado con prisión preventiva para cinco personas.

El auto de procesamiento con el dictado de las prisiones preventivas había sido firmado por Poviña el viernes 20 de diciembre de 2013, y Gendarmería Nacional hizo efectiva la medida en la madrugada del lunes 23 de diciembre. En ese fin de semana, el alto funcionario habría filtrado la información.

En la presentación que Varela Soria realizó en la Cámara Federal de Apelaciones, dejó constancia que solicitó en el Juzgado Federal copias de la declaración de González, para corroborar la denuncia. “Falta una firma”, “la tiene el juez”, “mañana”, “pasado”, fueron algunas de las respuestas que recibió el abogado.

En el Juzgado Federal nadie confirmó la denuncia, pero tampoco fue negada. “No hay autorización para dar información sobre la causa”, fue la respuesta que dieron los empleados. Sin embargo, fuentes tribunalicias aseguraron que Poviña apartó al funcionario cuestionado solamente en la intervención de la causa por lavado de activos, y que habría iniciado actuaciones reservadas.

El funcionario en cuestión habría tenido contactos telefónicos casi cotidianos con el clan Ale, y Poviña trataría de verificar esa relación. Pero varios abogados defensores se quejaron por lo bajo de lo que consideran una inacción del juez para investigar el caso, y la extrema reserva que mantiene. Sin embargo, salvo Varela Soria, ninguno quiso hacer una presentación o referirse públicamente a la denuncia, por temor a que se agrave la situación procesal de sus defendidos.

“No vamos a tolerar tejes y manejes por parte de funcionarios judiciales corruptos, ni tampoco que el juez esconda, retacee o evite dar información, afectando el derecho al control de las pruebas”, aseguró Varela Soria.

El abogado de Rivero insistió ante la Cámara de Apelaciones para obtener una copia de la declaración de González. “Al final, parece que los malos no eran tan malos, y los buenos no son tan buenos”, expresó.