El memorándum nació cuestionado y fue suspendido

En su momento, el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) acentuó la grieta que separa al oficialismo de la oposición. El trámite relativo a su conversión en ley puso en escena esa división, con diputados y senadores acorralados entre la decisión del Gobierno de avanzar sí o sí -y pasara lo que pasase- con el acuerdo, y el rechazo de la comunidad judía y del propio fiscal general Alberto Nisman. En su carácter de investigador del atentado, ese funcionario constitucional se había opuesto al “entendimiento” con el argumento de que este constituía una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera exclusiva de la función judicial, y una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia.

El revuelo no impidió que el Congreso de la Nación sancionase la ley promovida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el concurso de los parlamentarios del oficialismo y de sus aliados. Aquella norma del 27 de febrero de 2013 esencialmente creaba una “Comisión de la Verdad” compuesta por juristas internacionales. Su función consistía en el análisis de toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de Irán. El comité debía darse su propio reglamento; elaborar un informe con recomendaciones y celebrar una audiencia en Teherán, en presencia de las autoridades judiciales argentinas e iraníes, para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol había emitido una notificación roja. El dato curioso de la Ley 26.843 es la firma de la senadora tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, entonces presidenta provisional del Senado.

Pero el memorándum nunca pudo ser aplicado. El primer escollo provino de Irán, que jamás ratificó el pacto que habían suscrito Ali Akbar Saleh, ministro de Relaciones Exteriores, y el canciller Héctor Timerman. En septiembre de 2013 y durante la 68° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Fernández de Kirchner dijo: “esperamos que nos digan si se ha aprobado el acuerdo; cuándo se va a aprobar si no se hizo y si podemos tener una fecha para que un juez argentino puede viajar a Teherán, porque no tenemos miedo a Teherán, porque creemos en la buena voluntad de la gente”. La mandataria añadió que Argentina esperaba de Irán acciones coincidentes. “Tampoco se confunda nuestra paciencia con ingenuidad y estupidez”, advirtió.

Irán hizo caso omiso del discurso y siguió indiferente. Mientras tanto, en la Justicia avanzaba un amparo promovido por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con el apoyo de Nisman. Finalmente el 15 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a la petición, y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán y de la Ley 26.843 que lo había aprobado.

El estrado asimismo ordenó que el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de realizar actos de ejecución del citado memorándum mientras transiten las eventuales vías recursivas que contra la decisión puedan ser deducidas (el juicio está en esa etapa en el presente). Por último, los camaristas Eduardo G. Farah y Jorge L. Ballestero ordenaron a Rodolfo Canicoba Corral, titular del juzgado donde tramita la investigación del atentado, la adopción de medidas para reiterar los pedidos de extradición y asistencia judicial formulados a Irán (no contestados), y para requerir a Interpol que reexamine la solicitud de difusión roja de las capturas de Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour.