Amaya creó un sistema igual al “Pacto Social”

Ante los nubarrones financieros que pudieran cernerse en el horizonte tras el cese del Pacto Social, el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, abrió el paraguas. El último día hábil del año pasado firmó el decreto N° 5171, que habilita al municipio a cancelar cualquier deuda que se genere por asistencia financiera mediante la cesión de los recursos provenientes de las coparticipaciones nacional y provincial. En otras palabras, se trata de una herramienta que funciona exactamente igual al Pacto Social, pero con un nombre distinto. Junto a la firma del intendente rubricó el titular de la Secretaría de Economía y Hacienda, Silvio Bellomío.

“No los abandonamos”

Este mes dejó de regir este sistema, que había utilizado el gobernador, José Alperovich, desde que llegó al poder, en 2003. “No es que los abandonamos; al contrario, creemos que los municipios seguirán necesitando financiamiento, porque la situación no cambia de la noche a la mañana. Y el gobernador y este Ministerio tienen la misma decisión, la misma voluntad y la misma certeza de que hay que seguir ayudando a los municipios. Pero con un instrumento legal, económico y financiero diferente al Pacto”, había dicho el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, cuando anunció el fin del Pacto. Mediante este sistema, el Gobierno garantizaba el pago de sueldos -con sus respectivos incrementos- y de los gastos de funcionamiento del municipio que se adhería y, a cambio, retenía recursos que correspondían a estos, en conceptos de coparticipaciones nacional y provincial.

La semana pasada, LA GACETA había prenunciado que varios municipios venían charlando con el Gobierno, para que la asistencia financiera se mantenga, al menos durante este año, electoral. Uno de los municipios era el de la capital. San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Aguilares, Famaillá, Alderetes, Monteros y Tafí Viejo aglutinan el 87% de los $ 2.173 millones, la totalidad de la deuda que los municipios mantienen con el Poder Ejecutivo (PE). Con $ 418 millones, la capital lidera ese ranking. Fuentes amayistas habían admitido acercamientos con el PE. “Los sueldos de enero están garantizados, (porque) se acordó un funcionamiento como el que había con el Pacto Social; pero fue todo de palabra, habrá que ver por cuánto tiempo se mantiene”, había dicho la fuente.

“Eventual necesidad”

En el “Visto” del decreto firmado por Amaya se admite la eventual necesidad de adoptar medidas financieras que aseguren el funcionamiento y la prestación de servicios del municipio. En los “Considerando” se alude al Pacto Social. “La municipalidad celebró los convenios necesarios a fin de obtener asistencia financiera (...) durante los sucesivos ejercicios, a partir de 2003”, dice. A renglón seguido, destaca la forma en que se administraron los recursos del municipio durante esos años, de gestión amayista: “(se concretó) un proceso de saneamiento financiero basado en el incremento de la recaudación de tributos, el control de gastos y la cancelación de obligaciones preexistentes”.

El artículo N° 1 del decreto señala: “dispónese que la cancelación de obligaciones que se generen en virtud de la obtención de la asistencia financiera destinada a atender obligaciones salariales y referidas a la prestación de servicios esenciales y realización de obras públicas correspondientes al ejercicio 2015 podrá ser realizada a través de la cesión de recursos proveniente del régimen de coparticipación federal, de coparticipación provincial, o regímenes que en el futuro los modifiquen o reemplacen, como así también cualquier otro recurso de libre disponibilidad en las sumas que resulten necesarias”.

En el siguiente punto se precisa que la asistencia que se obtenga durante este año deberá ser cancelada con ingresos correspondientes al mismo ejercicio.