21 Enero 2015
EL MAGISTRADO DE LAS CAUSAS DIFÍCILES. Ariel Lijo mandó a juicio al ex presidente Carlos Menem en 2012. dyn
Los jueces pasan a la historia por dos razones: porque enfrentan al poder político o porque son funcionales a él. Ariel Lijo quedó identificado con los magistrados del primer grupo el año pasado, cuando firmó el primer procesamiento de un vicepresidente en funciones. A partir de entonces y aunque se mantuvo en el puesto, Amado Boudou ingresó en el ostracismo político. Un semestre después de ese acontecimiento judicial, Lijo vuelve a quedar en el centro de la escena institucional esta vez como consecuencia de la denuncia del fiscal especial Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y figuras de su entorno.
Fallecido Nisman, la suerte de la acusación de un supuesto encubrimiento de los responsables del atentado contra la AMIA depende de la posición que adopte el titular del Juzgado Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluso puede asumir la investigación. Ese magistrado ya demostró agallas en el trámite de la primera denuncia por encubrimiento de ese crimen de lesa humanidad. En 2012, Lijo firmó la resolución que mandó a juicio a cinco exponentes del poder durante la década de 1990: el ex juez federal Juan José Galeano; el ex presidente Carlos Menem; Hugo Alfredo Anzorreguy, ex titular de la Secretaría de Estado de Inteligencia (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia); Juan Carlos Anchezar, número dos de esa oficina; Jorge Alberto Palacios, ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Polícia Federal y Carlos Castañeda, ex comisario del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal. En esa misma causa, Lijo sobreseyó a Carlos Corach, ex ministro del Interior célebre por la influencia que ejerció en la designación de magistrados durante la primera etapa del menemismo.
El escándalo de los magistrados de la servilleta de Corach determinó la sustitución de la discrecionalidad presidencial pura por el Consejo de la Magistratura de la Nación incorporado a la Constitución en 1994. Lijo rindió el concurso público de antecedentes y oposición, y en 2004, gracias a un nombramiento del ex presidente Néstor Kirchner, llegó a su cargo. Ese mismo año y tras el fracaso del juicio oral de la causa de Galeano, Nisman fue designado -también con el aval del mandatario- fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA.
Aunque el juicio oral por el presunto encubrimiento de la voladura de la mutual todavía no ha sido celebrado, este se presenta como el primer enjuiciamiento que expondrá por completo las prácticas cuestionadas de la ex SIDE. Según Lijo, los ex funcionarios de inteligencia imputados operaron para impedir el progreso de la llamada pista siria o “Kanoore Edul” en función de la voluntad expresa de Munir Menem (fallecido en 2010), y de su hermano y ex presidente de la Nación. “Su desempeño tuvo como objeto relegar de la investigación a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a otras personas de su entorno que se encontraban sospechadas de haber realizado el atentado, incluso en forma previa a su comisión, como es el caso de Mohsen Rabbani, a sabiendas de tales circunstancias”, dijo.
Pero el bautismo de Lijo como juez “condenado” a dirimir los casos del poder llegó definitivamente con la causa “Ciccone”. En una sentencia de 333 fojas (pendiente de revisión ante la alzada), el magistrado consideró probado el ingreso de The Old Fund, la compañía ligada a Boudou, en el accionariado de Ciccone para poner en marcha el salvataje de la imprenta y un plan destinado a lograr el contrato para la impresión de billetes. Esto habría incluido el levantamiento de la quiebra mediante la presentación de un aval de la AFIP; el desplazamiento -a partir de intimaciones de oficinas del Estado- de la arrendataria Boldt de la planta de Ciccone; la obtención de un certificado fiscal previo otorgamiento de un plan de facilidades de pagos por parte de la AFIP; el entorpecimiento de una licitación de la Casa de la Moneda que podía perjudicar a la futura contratación con Ciccone y la obtención de otros negocios privados que generasen ingresos mientras era tramitado el certificado fiscal.
LA DENUNCIA COMPLETA
La acusación de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios está disponible en cij.gob.ar
Fallecido Nisman, la suerte de la acusación de un supuesto encubrimiento de los responsables del atentado contra la AMIA depende de la posición que adopte el titular del Juzgado Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluso puede asumir la investigación. Ese magistrado ya demostró agallas en el trámite de la primera denuncia por encubrimiento de ese crimen de lesa humanidad. En 2012, Lijo firmó la resolución que mandó a juicio a cinco exponentes del poder durante la década de 1990: el ex juez federal Juan José Galeano; el ex presidente Carlos Menem; Hugo Alfredo Anzorreguy, ex titular de la Secretaría de Estado de Inteligencia (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia); Juan Carlos Anchezar, número dos de esa oficina; Jorge Alberto Palacios, ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Polícia Federal y Carlos Castañeda, ex comisario del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal. En esa misma causa, Lijo sobreseyó a Carlos Corach, ex ministro del Interior célebre por la influencia que ejerció en la designación de magistrados durante la primera etapa del menemismo.
El escándalo de los magistrados de la servilleta de Corach determinó la sustitución de la discrecionalidad presidencial pura por el Consejo de la Magistratura de la Nación incorporado a la Constitución en 1994. Lijo rindió el concurso público de antecedentes y oposición, y en 2004, gracias a un nombramiento del ex presidente Néstor Kirchner, llegó a su cargo. Ese mismo año y tras el fracaso del juicio oral de la causa de Galeano, Nisman fue designado -también con el aval del mandatario- fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA.
Aunque el juicio oral por el presunto encubrimiento de la voladura de la mutual todavía no ha sido celebrado, este se presenta como el primer enjuiciamiento que expondrá por completo las prácticas cuestionadas de la ex SIDE. Según Lijo, los ex funcionarios de inteligencia imputados operaron para impedir el progreso de la llamada pista siria o “Kanoore Edul” en función de la voluntad expresa de Munir Menem (fallecido en 2010), y de su hermano y ex presidente de la Nación. “Su desempeño tuvo como objeto relegar de la investigación a Alberto Jacinto Kanoore Edul y a otras personas de su entorno que se encontraban sospechadas de haber realizado el atentado, incluso en forma previa a su comisión, como es el caso de Mohsen Rabbani, a sabiendas de tales circunstancias”, dijo.
Pero el bautismo de Lijo como juez “condenado” a dirimir los casos del poder llegó definitivamente con la causa “Ciccone”. En una sentencia de 333 fojas (pendiente de revisión ante la alzada), el magistrado consideró probado el ingreso de The Old Fund, la compañía ligada a Boudou, en el accionariado de Ciccone para poner en marcha el salvataje de la imprenta y un plan destinado a lograr el contrato para la impresión de billetes. Esto habría incluido el levantamiento de la quiebra mediante la presentación de un aval de la AFIP; el desplazamiento -a partir de intimaciones de oficinas del Estado- de la arrendataria Boldt de la planta de Ciccone; la obtención de un certificado fiscal previo otorgamiento de un plan de facilidades de pagos por parte de la AFIP; el entorpecimiento de una licitación de la Casa de la Moneda que podía perjudicar a la futura contratación con Ciccone y la obtención de otros negocios privados que generasen ingresos mientras era tramitado el certificado fiscal.
LA DENUNCIA COMPLETA
La acusación de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios está disponible en cij.gob.ar
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