20 Enero 2015
El año pasado, en la conmemoración del vigésimo aniversario de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), una palabra se impuso entre todas las posibles: “impunidad”. En 20 años de trabajo investigativo todo lo que podía ir mal fue muy mal y todo lo que podía ir bien simplemente no sucedió. Pareciera que las 85 víctimas mortales del atentado no tuviesen derecho a la verdad, la memoria y la justicia.
Lo que se conoce como causa “AMIA” es un conjunto de expedientes inimaginable que sintetiza la incapacidad de las instituciones judiciales argentinas para resolver crímenes complejos. Ese déficit quedó a la vista el 2 de septiembre de 2004, cuando después de más de dos años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 absolvió a cinco acusados del atentado, y acusó al ex juez federal Juan José Galeano, al ex presidente Carlos Menem y a otros funcionarios de su Gobierno de haber contribuido a la construcción de la causa “para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.
Aquel veredicto aplacó la ilusión de la comunidad judía y de la comunidad en general de hallar y condenar a los responsables del crimen de lesa humanidad. Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo concluyeron que sólo estaba probado que el edificio de la AMIA había sido demolido como consecuencia de la explosión de una bomba colocada dentro de la camioneta Trafic vendida por el mecánico Carlos Telleldín, y cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos. No fue posible descubrir nada sobre los autores materiales: ni cómo entraron o salieron del país ni dónde armaron la bomba ni de dónde vinieron los explosivos ni quiénes fueron los cómplices locales. Los jueces, en cambio, constataron abundantes irregularidades, como el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que implicase a ex policías bonaerenses en la perpetración del atentado.
Ninguna condena
El fracaso de la pesquisa de Galeano registrado en el fallo del TOF N°3 dio pie a la creación de la Unidad Fiscal AMIA con Alberto Nisman a la cabeza. Durante los años subsiguientes, el Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner intentó convertir al caso en una política de Estado semejante a la concebida respecto de la violación de derechos humanos durante la dictadura. Aquellos fueron los años de mayor distanciamiento con Menem, demonizado también por su política económica afín al Consenso de Washington. Entonces Nisman ponía el ojo sobre Irán y la organización islamista Hezbolá, y sus dictámenes eran reproducidos con vehemencia por los Kirchner en los foros internacionales.
Aquel espíritu político proclive a esclarecer los hechos encontró correlato en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2009 revocó parcialmente la nulidad de la instrucción dispuesta por el TOF N°3 y ordenó su reapertura respecto de Telleldín. “El resultado de un proceso judicial no puede ser nunca el vacío, la nada, la falta de solución de los problemas. El fallo de la Corte evita esa impunidad en un caso como el de la AMIA, que, además, es de extrema gravedad institucional. La frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las víctimas”, reflexionó Ricardo Luis Lorenzetti, presidente del alto tribunal, luego de la sentencia.
Pero los años siguieron pasando con avances pequeños que no se tradujeron en ninguna condena concreta, como la emisión de órdenes internaciones de captura para miembros y ex miembros del régimen iraní, y el procesamiento por supuesto encubrimiento ordenado por el juez federal Ariel Lijo. Esa resolución alcanzó a Galeano; a Menem ; a Hugo Alfredo Anzorreguy, ex titular de la Secretaría de Estado de Inteligencia; a Juan Carlos Anchezar, número dos de esa oficina; a Jorge Alberto Palacios, ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Polícia Federal y a Carlos Castañeda, ex comisario del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal.
Y en el momento menos pensado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un giro y anunció la firma de un memorando de entendimiento con Irán sobre los temas vinculados con el ataque a la AMIA. Ese cambio de estrategia acompañado de un acercamiento del oficialismo a Menem confinó a las tinieblas a la investigación de la causa principal: la “politización” inicial del proyecto rechazado por la oposición derivó, con los meses, en un enfrentamiento entre los distintos sectores de los servicios de inteligencia. Para peor, Irán nunca firmó el memorando. En 2014, mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral enviaba a juicio por segunda vez al imputado Telleldín, Nisman preparaba la imputación contra la presidenta Fernández de Kirchner y miembros de su entorno. La muerte violenta del fiscal especial días después de la presentación de esa denuncia acrecienta una tragedia oscura signada por la impunidad.
Lo que se conoce como causa “AMIA” es un conjunto de expedientes inimaginable que sintetiza la incapacidad de las instituciones judiciales argentinas para resolver crímenes complejos. Ese déficit quedó a la vista el 2 de septiembre de 2004, cuando después de más de dos años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 absolvió a cinco acusados del atentado, y acusó al ex juez federal Juan José Galeano, al ex presidente Carlos Menem y a otros funcionarios de su Gobierno de haber contribuido a la construcción de la causa “para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.
Aquel veredicto aplacó la ilusión de la comunidad judía y de la comunidad en general de hallar y condenar a los responsables del crimen de lesa humanidad. Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo concluyeron que sólo estaba probado que el edificio de la AMIA había sido demolido como consecuencia de la explosión de una bomba colocada dentro de la camioneta Trafic vendida por el mecánico Carlos Telleldín, y cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivos. No fue posible descubrir nada sobre los autores materiales: ni cómo entraron o salieron del país ni dónde armaron la bomba ni de dónde vinieron los explosivos ni quiénes fueron los cómplices locales. Los jueces, en cambio, constataron abundantes irregularidades, como el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que implicase a ex policías bonaerenses en la perpetración del atentado.
Ninguna condena
El fracaso de la pesquisa de Galeano registrado en el fallo del TOF N°3 dio pie a la creación de la Unidad Fiscal AMIA con Alberto Nisman a la cabeza. Durante los años subsiguientes, el Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner intentó convertir al caso en una política de Estado semejante a la concebida respecto de la violación de derechos humanos durante la dictadura. Aquellos fueron los años de mayor distanciamiento con Menem, demonizado también por su política económica afín al Consenso de Washington. Entonces Nisman ponía el ojo sobre Irán y la organización islamista Hezbolá, y sus dictámenes eran reproducidos con vehemencia por los Kirchner en los foros internacionales.
Aquel espíritu político proclive a esclarecer los hechos encontró correlato en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2009 revocó parcialmente la nulidad de la instrucción dispuesta por el TOF N°3 y ordenó su reapertura respecto de Telleldín. “El resultado de un proceso judicial no puede ser nunca el vacío, la nada, la falta de solución de los problemas. El fallo de la Corte evita esa impunidad en un caso como el de la AMIA, que, además, es de extrema gravedad institucional. La frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las víctimas”, reflexionó Ricardo Luis Lorenzetti, presidente del alto tribunal, luego de la sentencia.
Pero los años siguieron pasando con avances pequeños que no se tradujeron en ninguna condena concreta, como la emisión de órdenes internaciones de captura para miembros y ex miembros del régimen iraní, y el procesamiento por supuesto encubrimiento ordenado por el juez federal Ariel Lijo. Esa resolución alcanzó a Galeano; a Menem ; a Hugo Alfredo Anzorreguy, ex titular de la Secretaría de Estado de Inteligencia; a Juan Carlos Anchezar, número dos de esa oficina; a Jorge Alberto Palacios, ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Polícia Federal y a Carlos Castañeda, ex comisario del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal.
Y en el momento menos pensado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un giro y anunció la firma de un memorando de entendimiento con Irán sobre los temas vinculados con el ataque a la AMIA. Ese cambio de estrategia acompañado de un acercamiento del oficialismo a Menem confinó a las tinieblas a la investigación de la causa principal: la “politización” inicial del proyecto rechazado por la oposición derivó, con los meses, en un enfrentamiento entre los distintos sectores de los servicios de inteligencia. Para peor, Irán nunca firmó el memorando. En 2014, mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral enviaba a juicio por segunda vez al imputado Telleldín, Nisman preparaba la imputación contra la presidenta Fernández de Kirchner y miembros de su entorno. La muerte violenta del fiscal especial días después de la presentación de esa denuncia acrecienta una tragedia oscura signada por la impunidad.
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