19 Enero 2015
El escándalo desatado en torno de las denuncias del fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, conmocionó al conjunto del sistema político argentino y puede llegar a tener también, en función de cómo avance el proceso, profundas repercusiones en el plano internacional. No existen muchos antecedentes en estas tres décadas de transición a la democracia de un hecho de estas características, que amenaza con constituirse en un fenómeno de una toxicidad creciente, contagiosa y expansiva. Asimismo, se trata de un caso que permite dimensionar, tal vez como ningún otro, el profundo deterioro institucional y la pésima calidad en la concepción, diseño e implementación de la política pública que impera en la Argentina desde hace tiempo, pero que empeoró todavía más durante el finalmente agonizante ciclo K.
En efecto, el simbólico silencio de la Presidenta contrastó con los profusos ataques de los medios y voceros oficialistas a la figura del fiscal, en especial asociándolo con protagonistas centrales del submundo de los agentes de inteligencia, que lograron acumular cuotas notables de influencia antes de la llegada de los Kirchner al poder. Lo contradictorio y paradójico de esas prédicas consiste en que esos espías consolidaron su influencia a partir del 2003, en particular gracias a sus redes de contactos internacionales. A su vez, estos vínculos de confianza fueron fundamentales para el desarrollo de la causa AMIA, gracias al intercambio de información con servicios de inteligencia colegas de los principales países de Occidente. Cabe recordar que a raíz de esos esfuerzos, el Estado argentino denunció local e internacionalmente a varios funcionarios del régimen iraní, que fue el motivo por el que Interpol dispuso las alertas rojas que impiden su desplazamiento fuera de su país.
Como en otros muchos aspectos de la política argentina, el punto de inflexión de esta saga parece haber sido la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010 y el extraordinario triunfo del oficialismo un año después: en el marco del “vamos por todo”. Cristina imprimió a partir de entonces un cambio radical a su política exterior, alejándose de los países democráticos y buscando estrechar su vínculo con los países bolivarianos y, por extensión, con Irán. Uno de los requisitos para desplegar esa nueva estrategia habría consistido, de acuerdo a la hipótesis de Nisman, en el levantamiento de las alertas rojas. El capítulo comercial y el estrechamiento de vínculos militares habrían sido otros componentes críticos de la nueva estrategia internacional: petróleo, granos y armas conformaban un combo en el que, al parecer, Venezuela, Argentina e Irán pasarían a jugar un papel novedoso.
Lo verdaderamente curioso de esta a la sazón frustrada aventura es la cuestión militar. Interesa saber en particular qué armas iban a ser parte de ese intercambio. ¿Serían fabricadas en la Argentina? ¿Por las Fuerzas Armadas? ¿Acaso se ha reconstruido la capacidad de los militares argentinos de fabricar armas? ¿Con cuales otros productos de la industria de la defensa cuenta la Argentina? ¿Con qué tecnología y financiamiento? ¿Existen acaso proyectos secretos orientados a fomentar sectores de la industria nacional subsidiada para producir armas?
Estos interrogantes generan escozor para un país que sigue supuestamente comprometido con el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar. Sin embargo, contribuirían a explicar mejor el incremento en la influencia y el creciente involucramiento del Gral. César Milani en asuntos de inteligencia interior y defensa, en el contexto de su ambiciosa visión de reconstrucción del poder militar en la Argentina como subproducto de la hegemonía kirchnerista, eventualmente frustrada con la derrota electoral del 2013. Recordemos que en la Venezuela chavista las fuerzas armadas ocupan un lugar medular. Y lo mismo ocurre con el régimen teocrático de Irán, donde la fortaleza militar y los programas de desarrollo nuclear forman parte de una misma concepción geopolítica y cultural. A propósito, también Rusia (soporte histórico de Irán, muy cercano a Venezuela por la conexión cubana y reciente aliado de la Argentina) tiene en su poderío militar (en particular de sus armas nucleares) la base de su influencia regional y global.
Detrás de la aparente improvisación y al margen de las desprolijidades de los personajes menores involucrados en esta trama, ¿habría acaso un proyecto más profundo, controversial y de consecuencias imprevisibles para la frágil y dilapidada democracia argentina? Si este fuera el caso, tendría algunas consecuencias particularmente negativas para la Argentina que no han despertado hasta ahora suficiente inquietud.
En efecto, si se confirma la denuncia del fiscal Nisman, Argentina podría haber violado la letra y el espíritu de las severas sanciones impuestas a Irán por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre 2006 y el 2012 (entre ellas, las resoluciones 1696, 1737, 1803 y 1929). Más aún, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos complementaron este esfuerzo consensuado de la comunidad internacional por contener la expansión nuclear iraní, con rígidos mecanismos que impedían que empresas reguladas por sus gobiernos se involucraran en actividades comerciales con el país persa. Por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea dispuso el embargo en el comercio de petróleo con Irán a comienzo del 2012. Naturalmente, la actitud de los EEUU fue mucho más determinante desde la Revolución de 1979. En ese año Jimmy Carter y luego Ronald Reagan (1984 y 1987) impusieron fuertes sanciones. Pero en 1996, durante la administración Clinton, el Congreso norteamericano dictó un paquete más completo (denominado ISA, Iran Sanctions Act), renovado y ampliado una década más tarde durante el segundo gobierno de George W. Bush. Ya durante la administración de Barack Obama, a mediados del 2010 se sancionó el llamado CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) que profundiza el régimen de sanciones existentes imponiendo penalidades efectivas a quienes mantengan relaciones comerciales con Irán. Por ejemplo, muchos bancos iraníes o que hacían negocios con ese país sufrieron el congelamiento de sus activos, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Recientemente, el gobierno de Obama sancionó con una pena de 5 millones de dólares al señor Li Fangwei, un empresario chino acusado de intentar evadir esas sanciones. Cabe recordar que de acuerdo a la información hasta ahora revelada, YPF (que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sometida a la regulación legal de los Estados Unidos) iba a involucrarse en el comercio de petróleo con Irán. Si el gobierno argentino tiene dudas al respecto, puede preguntarle a un abogado conocido de Cleary Gottlieb, el estudio que defiende al país en el caso de los Fondos Buitre, que elaboró a mediados del 2013 un documento específico sobre la cuestión.
Una causa judicial sobre el peor ataque terrorista en la historia argentina que lleva más de dos décadas sin esclarecerse y, para peor, promete más ciénagas que verdad. Servicios de inteligencia que se mueven de acuerdo a las necesidades del poder de turno, sin controles rigurosos efectivos ni esfuerzos orientados a defender el interés nacional. Sospechas de operaciones comerciales con países sancionados por organismos internacionales y las potencias más democráticas del planeta por su violación permanente de las normas que regulan el desarrollo nuclear. Curiosos personajes de ese sainete marginal que es a menudo la política argentina, queriéndose protagonistas de la geopolítica internacional y las grandes decisiones. Este nuevo vuelco del caso AMIA constituye un certero reflejo que ilustra el descalabro institucional y la baja estopa dirigencial que caracteriza este penoso momento del país.
En efecto, el simbólico silencio de la Presidenta contrastó con los profusos ataques de los medios y voceros oficialistas a la figura del fiscal, en especial asociándolo con protagonistas centrales del submundo de los agentes de inteligencia, que lograron acumular cuotas notables de influencia antes de la llegada de los Kirchner al poder. Lo contradictorio y paradójico de esas prédicas consiste en que esos espías consolidaron su influencia a partir del 2003, en particular gracias a sus redes de contactos internacionales. A su vez, estos vínculos de confianza fueron fundamentales para el desarrollo de la causa AMIA, gracias al intercambio de información con servicios de inteligencia colegas de los principales países de Occidente. Cabe recordar que a raíz de esos esfuerzos, el Estado argentino denunció local e internacionalmente a varios funcionarios del régimen iraní, que fue el motivo por el que Interpol dispuso las alertas rojas que impiden su desplazamiento fuera de su país.
Como en otros muchos aspectos de la política argentina, el punto de inflexión de esta saga parece haber sido la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010 y el extraordinario triunfo del oficialismo un año después: en el marco del “vamos por todo”. Cristina imprimió a partir de entonces un cambio radical a su política exterior, alejándose de los países democráticos y buscando estrechar su vínculo con los países bolivarianos y, por extensión, con Irán. Uno de los requisitos para desplegar esa nueva estrategia habría consistido, de acuerdo a la hipótesis de Nisman, en el levantamiento de las alertas rojas. El capítulo comercial y el estrechamiento de vínculos militares habrían sido otros componentes críticos de la nueva estrategia internacional: petróleo, granos y armas conformaban un combo en el que, al parecer, Venezuela, Argentina e Irán pasarían a jugar un papel novedoso.
Lo verdaderamente curioso de esta a la sazón frustrada aventura es la cuestión militar. Interesa saber en particular qué armas iban a ser parte de ese intercambio. ¿Serían fabricadas en la Argentina? ¿Por las Fuerzas Armadas? ¿Acaso se ha reconstruido la capacidad de los militares argentinos de fabricar armas? ¿Con cuales otros productos de la industria de la defensa cuenta la Argentina? ¿Con qué tecnología y financiamiento? ¿Existen acaso proyectos secretos orientados a fomentar sectores de la industria nacional subsidiada para producir armas?
Estos interrogantes generan escozor para un país que sigue supuestamente comprometido con el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar. Sin embargo, contribuirían a explicar mejor el incremento en la influencia y el creciente involucramiento del Gral. César Milani en asuntos de inteligencia interior y defensa, en el contexto de su ambiciosa visión de reconstrucción del poder militar en la Argentina como subproducto de la hegemonía kirchnerista, eventualmente frustrada con la derrota electoral del 2013. Recordemos que en la Venezuela chavista las fuerzas armadas ocupan un lugar medular. Y lo mismo ocurre con el régimen teocrático de Irán, donde la fortaleza militar y los programas de desarrollo nuclear forman parte de una misma concepción geopolítica y cultural. A propósito, también Rusia (soporte histórico de Irán, muy cercano a Venezuela por la conexión cubana y reciente aliado de la Argentina) tiene en su poderío militar (en particular de sus armas nucleares) la base de su influencia regional y global.
Detrás de la aparente improvisación y al margen de las desprolijidades de los personajes menores involucrados en esta trama, ¿habría acaso un proyecto más profundo, controversial y de consecuencias imprevisibles para la frágil y dilapidada democracia argentina? Si este fuera el caso, tendría algunas consecuencias particularmente negativas para la Argentina que no han despertado hasta ahora suficiente inquietud.
En efecto, si se confirma la denuncia del fiscal Nisman, Argentina podría haber violado la letra y el espíritu de las severas sanciones impuestas a Irán por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre 2006 y el 2012 (entre ellas, las resoluciones 1696, 1737, 1803 y 1929). Más aún, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos complementaron este esfuerzo consensuado de la comunidad internacional por contener la expansión nuclear iraní, con rígidos mecanismos que impedían que empresas reguladas por sus gobiernos se involucraran en actividades comerciales con el país persa. Por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea dispuso el embargo en el comercio de petróleo con Irán a comienzo del 2012. Naturalmente, la actitud de los EEUU fue mucho más determinante desde la Revolución de 1979. En ese año Jimmy Carter y luego Ronald Reagan (1984 y 1987) impusieron fuertes sanciones. Pero en 1996, durante la administración Clinton, el Congreso norteamericano dictó un paquete más completo (denominado ISA, Iran Sanctions Act), renovado y ampliado una década más tarde durante el segundo gobierno de George W. Bush. Ya durante la administración de Barack Obama, a mediados del 2010 se sancionó el llamado CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) que profundiza el régimen de sanciones existentes imponiendo penalidades efectivas a quienes mantengan relaciones comerciales con Irán. Por ejemplo, muchos bancos iraníes o que hacían negocios con ese país sufrieron el congelamiento de sus activos, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Recientemente, el gobierno de Obama sancionó con una pena de 5 millones de dólares al señor Li Fangwei, un empresario chino acusado de intentar evadir esas sanciones. Cabe recordar que de acuerdo a la información hasta ahora revelada, YPF (que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sometida a la regulación legal de los Estados Unidos) iba a involucrarse en el comercio de petróleo con Irán. Si el gobierno argentino tiene dudas al respecto, puede preguntarle a un abogado conocido de Cleary Gottlieb, el estudio que defiende al país en el caso de los Fondos Buitre, que elaboró a mediados del 2013 un documento específico sobre la cuestión.
Una causa judicial sobre el peor ataque terrorista en la historia argentina que lleva más de dos décadas sin esclarecerse y, para peor, promete más ciénagas que verdad. Servicios de inteligencia que se mueven de acuerdo a las necesidades del poder de turno, sin controles rigurosos efectivos ni esfuerzos orientados a defender el interés nacional. Sospechas de operaciones comerciales con países sancionados por organismos internacionales y las potencias más democráticas del planeta por su violación permanente de las normas que regulan el desarrollo nuclear. Curiosos personajes de ese sainete marginal que es a menudo la política argentina, queriéndose protagonistas de la geopolítica internacional y las grandes decisiones. Este nuevo vuelco del caso AMIA constituye un certero reflejo que ilustra el descalabro institucional y la baja estopa dirigencial que caracteriza este penoso momento del país.
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