Como la ley azucarera, pero para regular la producción de uva

El Gobierno nacional, a través de diferentes convenios que estableció con el sector vitivinícola, pautó una régimen productivo que fija precios de referencia y la intervención del Estado para absorber el stock en esa actividad. Los acuerdos fueron sellados en la Residencia de Olivos, con la participación de la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y San Juan, José Luis Gioja, además de empresarios de esa economía regional.

De acuerdo con la información oficial, para la absorción del volumen vitivinícola se utilizarán unos $ 50 millones del fideicomiso Mendoza Fiduciaria, conformado entre el Ministerio de Agroindustria y Tecnología y entidades representativas de la actividad comercial y financiera de la Provincia, informó la agencia de noticias DyN.

El acto oficial se sumó al anuncio a fines del año pasado de ambos mandatarios cuyanos sobre el nuevo programa que regula los vinos que se van a vender en el mercado interno, consignaron distintos diarios de esa región.

Ese conjunto de medidas dispuesto en San Juan y Mendoza fue calificado de positivo en el Gobierno tucumano, debido a que podría apaciguar la pelea entre Cuyo y el NOA por la llamada “ley del mosto”, aunque sea por un tiempo.

Según consignó el diario “Tiempo” de San Juan, las disposiciones centrales tenderán a reducir e inmovilizar las disponibilidades de uvas y vinos. En particular, se planteó que sólo el 60% de la uva que se produzca tendrá libre disponibilidad; el 40% restante podrá ser utilizado para exportación, mosto, destilación o usos no “vínicos”, como el vinagre.

El matutino explicó que ese punto está siendo ejecutado en gran proporción en San Juan. Por ejemplo, en la temporada pasada más del 41% del fruto se destinó al mosto. Pero la situación cambiaria en Mendoza, donde se registraban, aparentemente, incumplimientos de la ley vigente.

Entre otras normativas, también se inmovilizará un 30% de los vinos elaborados al 31 de diciembre y que entrarán en uso bonos como Cedin. Inclusive, se habla de prohibir la implantación de viñedos en el país.

En un sentido conceptual, se trata de un régimen similar o semejante al que se estableció en la agroindustria azucarera desde 2013, a través de la Ley provincial N° 8.573. Esa legislación apuntó a proveer el abastecimiento del mercado interno nacional de azúcar y alcohol, pero también a asegurar el cumplimiento de la exportación del producto para evitar una sobreoferta en la plaza interna que lleve a la caída del precio de la bolsa de 50 kilogramos.

Proyecto polémico

El proyecto denominado ahora “Ley de Uso de Jugos Naturales”, conocido como la “ley del mosto”, estipula variaciones en la contribución por Impuestos Internos. La iniciativa contempla que la tasa se elevará de un 8% a un 28% para las bebidas analcohólicas, gasificadas o no -el azúcar es un componente para la edulcoración de esos productos-. Se incluyó también una disminución de un 4% a un 2,8% para las bebidas elaboradas con un 10%, como mínimo, de jugos o zumos de frutas. Luego hubo un retoque y el ajuste de la tasa se redujo de 28% a un 18%, cuando se utilice azúcar (un 75%) y mosto (9%).

Los empresarios y las provincias azucareras cuestionaron la medida debido a que generará un aumento de los precios de las bebidas sin alcohol y, por ende, la caída del consumo de bebidas y una menor demanda de azúcar, uno de los dos endulzantes utilizados junto con la fructosa de maíz.