18 Enero 2015
La orden es clara: Hay que “cuidar” a la Presidenta. Cristina Fernández transita los últimos meses en el poder imputada en varias causas, con un pedido para que la justicia le tome declaración indagatoria y con un vicepresidente procesado y enviado a juicio oral.
¿Cómo terminó en esta situación? ¿Cómo pasó de ser testigo a imputada en la causa AMIA? ¿Cómo se dejó en manos de amigos de familiares, piqueteros y líderes de agrupaciones poco transparentes como Quebracho el manejo de las relaciones con un Estado totalitario y que niega el Holocausto? ¿Cómo se terminó aliando estratégicamente a la Argentina con países no democráticos como China?
La respuesta, quizás, esté en el modelo elegido para gobernar. Un estilo confrontativo, personalista, que fue dejando demasiados heridos al costado del camino durante más de una década y que terminó viendo complots y conspiraciones detrás de todo. Que se enredó en su propio relato y quedó lleno de contradicciones.
Para los defensores de este modelo, Cristina Fernández es blanco del ataque de los “grupos concentrados de poder”, de los “monopolios mediáticos” o de la “corporación judicial”.
En cualquier caso, los primeros días de enero le trajeron al gobierno malas noticias, como el anuncio de la Organización Mundial de Comercio de que la Argentina quedó obligada a desmontar sus sistemas de control de importaciones tras perder un recurso de apelación ante el panel que le iniciaron unos 40 países.
Pero lo más complicado para el Gobierno provino del ámbito judicial. Precisamente, este poder fue el blanco de la última embestida kirchnerista. Frenada la reforma judicial, los propios magistrados suspendieron la designación de 16 fiscales subrogantes que nombró la procuradora Alejandra Gils Carbó amparándose en la reforma del Código Procesal Penal.
Los jueces parecieron reaccionar rápidamente ante esta iniciativa, que aun no está en vigencia y a la que ven como un peligro para sí mismos. El procesamiento y elevación a juicio oral de Boudou y las investigaciones por la empresa Hotesur de la Presidenta fueron medidas que en el gobierno interpretaron como respuestas a esta reforma.
La peor noticia llegó de la mano del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman, elegido por Néstor Kirchner.
Nisman denunció a la Presidenta y pidió que se le tome declaración indagatoria con fortísimas acusaciones. La responsabilizó de encabezar una “maniobra criminal” para encubrir a Irán a cambio de negocios para el país. Y lo hizo mientras Cristina Fernández está en el poder.
En un escrito de 300 páginas, Nisman le solicitó al juez federal Ariel Lijo que trabe embargo por 200 millones de pesos a la jefa del Estado, al canciller Héctor Timerman, al diputado nacional y dirigente de “La Cámpora” Andrés “el Cuervo” Larroque, al piquetero Luis D’Elía, al jefe de Quebracho Fernando Esteche y al referente comunitario y “nexo local del régimen iraní” Jorge ‘Yussuf’ Khalil.
Allí, el fiscal formuló duras imputaciones. Dijo que la Presidenta ordenó “desviar la investigación” y “buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”.
Este “plan”, según el fiscal, comenzó “dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”.
Para Nisman, “se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales” y Timerman “se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol”.
El fiscal consideró también que el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 “fue la culminación de una maniobra criminal” y Cristina Fernández y Timerman “han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños”.
La reacción oficial fue la clásica. Negar todo y atribuir la embestida a supuestas “campañas desestabilizadoras”. Pero en esta oportunidad esa estrategia se limitó se concentró en la protección de la figura presidencial.
Así, Timerman acusó a Nisman de “mentir”, “investigar clandestinamente” a la mandataria y “montar un show mediático” en torno a su denuncia, y vinculó la denuncia a la reciente decisión” de la Presidenta de “separar” al ex funcionario Jaime Stiuso de la Secretaría de Inteligencia. Otros argumentos esgrimidos desde el gobierno incluyeron referencias a “poderes económicos, mediáticos y judiciales”, a la existencia de “una alianza” entre “grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos y algunos miembros del Poder Judicial” que pretende “la desestabilización” del Gobierno y a lo “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional” que es la decisión del fiscal.
Incluso, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, llegó a decir que la imputación a la Presidenta buscaba “interferir en la agenda positiva que se está implementando en la Argentina” y “contrarrestar” el “boom de consumo” en los centros turísticos...
Ante el fuerte impacto de la noticia, en la Casa Rosada buscaron mostrar que la Presidenta estaba tranquila. Luego de varias semanas sin mostrarse ante las cámaras, el mismo día que se conoció el escrito de Nisman, Cristina Fernández reapareció públicamente desde Olivos encabezando un acto. Pero no habló. Sólo se difundieron las imágenes del encuentro.
“Cuando estuvimos en esa reunión ya había sucedido el tema, y son testigos quienes participaron, los gobernadores de Mendoza y de San Juan, y los representantes del sector, y la vieron a la Presidente absolutamente de buen ánimo. Preocuparse por esta estupidez no tiene sentido”, intentó minimizar el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández
Esta “estupidez”, que el juez Lijo resolverá recién en febrero tras la feria, seguirá el lunes en el Congreso.
Nisman fue convocado por la oposición para que dé detalles de la acusación. El fiscal podría revelar datos que compliquen a la Presidenta. A diferencia de otras oportunidades, esta vez el kirchnerismo concurrirá.
“Lo que hemos decidido desde el Frente para la Victoria es concurrir la mayor cantidad de integrantes posibles del bloque, no para escuchar sino para hacerle preguntas a Nisman. Tenemos preparado sobre el tema una serie de inquietudes y queremos que públicamente nos conteste”, anunció la diputada Diana Conti.
A menos de un año de dejar el poder, el kirchnerismo se enfrenta a una delicada situación. Con la economía complicada, un cronograma electoral en marcha y la andanada de conflictos judiciales, desde ese espacio ya se tomó una decisión.
Como dijo la diputada Conti, enfrentará esos escenarios “con los tapones de punta”.
¿Cómo terminó en esta situación? ¿Cómo pasó de ser testigo a imputada en la causa AMIA? ¿Cómo se dejó en manos de amigos de familiares, piqueteros y líderes de agrupaciones poco transparentes como Quebracho el manejo de las relaciones con un Estado totalitario y que niega el Holocausto? ¿Cómo se terminó aliando estratégicamente a la Argentina con países no democráticos como China?
La respuesta, quizás, esté en el modelo elegido para gobernar. Un estilo confrontativo, personalista, que fue dejando demasiados heridos al costado del camino durante más de una década y que terminó viendo complots y conspiraciones detrás de todo. Que se enredó en su propio relato y quedó lleno de contradicciones.
Para los defensores de este modelo, Cristina Fernández es blanco del ataque de los “grupos concentrados de poder”, de los “monopolios mediáticos” o de la “corporación judicial”.
En cualquier caso, los primeros días de enero le trajeron al gobierno malas noticias, como el anuncio de la Organización Mundial de Comercio de que la Argentina quedó obligada a desmontar sus sistemas de control de importaciones tras perder un recurso de apelación ante el panel que le iniciaron unos 40 países.
Pero lo más complicado para el Gobierno provino del ámbito judicial. Precisamente, este poder fue el blanco de la última embestida kirchnerista. Frenada la reforma judicial, los propios magistrados suspendieron la designación de 16 fiscales subrogantes que nombró la procuradora Alejandra Gils Carbó amparándose en la reforma del Código Procesal Penal.
Los jueces parecieron reaccionar rápidamente ante esta iniciativa, que aun no está en vigencia y a la que ven como un peligro para sí mismos. El procesamiento y elevación a juicio oral de Boudou y las investigaciones por la empresa Hotesur de la Presidenta fueron medidas que en el gobierno interpretaron como respuestas a esta reforma.
La peor noticia llegó de la mano del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman, elegido por Néstor Kirchner.
Nisman denunció a la Presidenta y pidió que se le tome declaración indagatoria con fortísimas acusaciones. La responsabilizó de encabezar una “maniobra criminal” para encubrir a Irán a cambio de negocios para el país. Y lo hizo mientras Cristina Fernández está en el poder.
En un escrito de 300 páginas, Nisman le solicitó al juez federal Ariel Lijo que trabe embargo por 200 millones de pesos a la jefa del Estado, al canciller Héctor Timerman, al diputado nacional y dirigente de “La Cámpora” Andrés “el Cuervo” Larroque, al piquetero Luis D’Elía, al jefe de Quebracho Fernando Esteche y al referente comunitario y “nexo local del régimen iraní” Jorge ‘Yussuf’ Khalil.
Allí, el fiscal formuló duras imputaciones. Dijo que la Presidenta ordenó “desviar la investigación” y “buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”.
Este “plan”, según el fiscal, comenzó “dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”.
Para Nisman, “se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales” y Timerman “se comprometió a dar de baja las notificaciones rojas de los terroristas iraníes prófugos, circunstancia que no pudo cumplir por la firme negativa de Interpol”.
El fiscal consideró también que el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 “fue la culminación de una maniobra criminal” y Cristina Fernández y Timerman “han manipulado a sobrevivientes, a familiares de las víctimas del atentado y a instituciones judías comunitarias, desplegando una completa artillería de mentiras, falacias y engaños”.
La reacción oficial fue la clásica. Negar todo y atribuir la embestida a supuestas “campañas desestabilizadoras”. Pero en esta oportunidad esa estrategia se limitó se concentró en la protección de la figura presidencial.
Así, Timerman acusó a Nisman de “mentir”, “investigar clandestinamente” a la mandataria y “montar un show mediático” en torno a su denuncia, y vinculó la denuncia a la reciente decisión” de la Presidenta de “separar” al ex funcionario Jaime Stiuso de la Secretaría de Inteligencia. Otros argumentos esgrimidos desde el gobierno incluyeron referencias a “poderes económicos, mediáticos y judiciales”, a la existencia de “una alianza” entre “grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos y algunos miembros del Poder Judicial” que pretende “la desestabilización” del Gobierno y a lo “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional” que es la decisión del fiscal.
Incluso, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, llegó a decir que la imputación a la Presidenta buscaba “interferir en la agenda positiva que se está implementando en la Argentina” y “contrarrestar” el “boom de consumo” en los centros turísticos...
Ante el fuerte impacto de la noticia, en la Casa Rosada buscaron mostrar que la Presidenta estaba tranquila. Luego de varias semanas sin mostrarse ante las cámaras, el mismo día que se conoció el escrito de Nisman, Cristina Fernández reapareció públicamente desde Olivos encabezando un acto. Pero no habló. Sólo se difundieron las imágenes del encuentro.
“Cuando estuvimos en esa reunión ya había sucedido el tema, y son testigos quienes participaron, los gobernadores de Mendoza y de San Juan, y los representantes del sector, y la vieron a la Presidente absolutamente de buen ánimo. Preocuparse por esta estupidez no tiene sentido”, intentó minimizar el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández
Esta “estupidez”, que el juez Lijo resolverá recién en febrero tras la feria, seguirá el lunes en el Congreso.
Nisman fue convocado por la oposición para que dé detalles de la acusación. El fiscal podría revelar datos que compliquen a la Presidenta. A diferencia de otras oportunidades, esta vez el kirchnerismo concurrirá.
“Lo que hemos decidido desde el Frente para la Victoria es concurrir la mayor cantidad de integrantes posibles del bloque, no para escuchar sino para hacerle preguntas a Nisman. Tenemos preparado sobre el tema una serie de inquietudes y queremos que públicamente nos conteste”, anunció la diputada Diana Conti.
A menos de un año de dejar el poder, el kirchnerismo se enfrenta a una delicada situación. Con la economía complicada, un cronograma electoral en marcha y la andanada de conflictos judiciales, desde ese espacio ya se tomó una decisión.
Como dijo la diputada Conti, enfrentará esos escenarios “con los tapones de punta”.
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