17 Enero 2015
Piden 42 años de cárcel para un ex tesorero del PP
La investigación salpica al Partido Popular, al que pertenece el presidente del país ibérico, Mariano Rajoy. Además, están implicados una diputada y un empresario La Justicia española acusó a Luis Bárcenas de integrar una red de corrupción que pagaba a funcionarios a cambio de favores empresariales
MADRID, España.- La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó ayer 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular (PP), al que pertenece el presidente español, Mariano Rajoy. La Justicia presume que Bárcenas está implicado en el “caso Gürtel”, una de las mayores tramas de corrupción política en la historia de España, que se destapó en 2009, en medio de la crisis económica y financiera.
Los delitos de los que se acusa a Bárcenas son fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida e intento de estafa procesal.
El resonante caso salpica al partido del mandatario español desde hace cinco años, cuando comenzó la investigación judicial en la Audiencia Nacional. En noviembre del año pasado, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, renunció cuando la Justicia la acusó de haber lucrado con los negocios ilícitos de su ex marido, uno de los 42 procesados. En la actualidad, continúa como diputada.
Bárcenas, quien tuvo 48 millones de euros en cuentas en Suiza, lleva un año y medio en prisión preventiva en el marco de la investigación judicial. En los últimos año acusó a su ex partido de financiarse ilegalmente, lo que llevó al juez instructor, Pablo Ruz, a abrir otra causa para investigar la existencia de una presunta “caja” en el entorno del presidente Rajoy.
El magistrado se basó en informes de la Fiscalía Anticorrupción, según los cuales entre 1999 y 2009 hubo una trama organizada mediante la cual se pagaba a funcionarios a cambio de favores empresariales.
Otro acusado
Para el presunto cabecilla del “caso Gürtel”, el empresario Francisco Correa, la fiscalía solicitó 110 años de cárcel. Según la instrucción, su entorno empresarial se especializó en organizar campañas electorales al PP mientras, según argumentó el juez de la causa, aprovechaba sus contactos con directivos del partido para obtener contratos públicos en municipios españoles por los que pagaba contraprestaciones.
Además, la Fiscalía Anticorrupción de España pidió al PP más de 328.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haber lucrado de los beneficios obtenidos por la trama en las comunidades de Pozuelo y de Majadahonda, en la región de Madrid. En tanto, para la ex ministra de Sanidad, la Justicia reclamó cerca de 28.500 euros, y la acusa de haber lucrado con los regalos que le hizo a su entonces marido cuando ejerció el cargo de alcalde en Pozuelo. (DPA-Reuters)
Los delitos de los que se acusa a Bárcenas son fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida e intento de estafa procesal.
El resonante caso salpica al partido del mandatario español desde hace cinco años, cuando comenzó la investigación judicial en la Audiencia Nacional. En noviembre del año pasado, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, renunció cuando la Justicia la acusó de haber lucrado con los negocios ilícitos de su ex marido, uno de los 42 procesados. En la actualidad, continúa como diputada.
Bárcenas, quien tuvo 48 millones de euros en cuentas en Suiza, lleva un año y medio en prisión preventiva en el marco de la investigación judicial. En los últimos año acusó a su ex partido de financiarse ilegalmente, lo que llevó al juez instructor, Pablo Ruz, a abrir otra causa para investigar la existencia de una presunta “caja” en el entorno del presidente Rajoy.
El magistrado se basó en informes de la Fiscalía Anticorrupción, según los cuales entre 1999 y 2009 hubo una trama organizada mediante la cual se pagaba a funcionarios a cambio de favores empresariales.
Otro acusado
Para el presunto cabecilla del “caso Gürtel”, el empresario Francisco Correa, la fiscalía solicitó 110 años de cárcel. Según la instrucción, su entorno empresarial se especializó en organizar campañas electorales al PP mientras, según argumentó el juez de la causa, aprovechaba sus contactos con directivos del partido para obtener contratos públicos en municipios españoles por los que pagaba contraprestaciones.
Además, la Fiscalía Anticorrupción de España pidió al PP más de 328.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haber lucrado de los beneficios obtenidos por la trama en las comunidades de Pozuelo y de Majadahonda, en la región de Madrid. En tanto, para la ex ministra de Sanidad, la Justicia reclamó cerca de 28.500 euros, y la acusa de haber lucrado con los regalos que le hizo a su entonces marido cuando ejerció el cargo de alcalde en Pozuelo. (DPA-Reuters)
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