“La ciudadanía pide una Ley de Ética Pública”, dijo Amaya

El nombre de Domingo Amaya no ha sido descartado -ni mucho menos- por los armadores de la Casa de Gobierno que trabajan en la sucesión de José Alperovich. Sin embargo, el intendente de San Miguel de Tucumán, cada vez que puede, muestra sus diferencias con la gestión alperovichista. En esta ocasión, el jefe municipal tomó distancia de la decisión del oficialismo de la Legislatura, que no tiene en su agenda inmediata la sanción de una Ley de Ética Pública.

“Eso es algo que, más que gustarme a mí, le gustaría a toda la ciudadanía”, señaló Amaya, al ser consultado por LA GACETA respecto a un proyecto ya caduco que había presentado la legisladora de su espacio, Beatriz Ávila, para que se difundan las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

El intendente recorrió ayer junto a monseñor Luis Héctor Villalba obras de pavimentación al sudeste de la ciudad. Antes, el jefe municipal dialogó con este diario sobre la situación financiera de su administración, y mencionó la palabra “transparencia”. Tucumán, sin embargo, no tiene demasiados puntos a favor en ese sentido, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Este organismo difundió un informe en el que pregunta, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública), qué provincias han adaptado sus normas para garantizar el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, para limitar el nepotismo y para impedir la contratación discrecional de empresas por parte del Estado, entre otros puntos. Tucumán figura en el lote de 12 provincias que están en “rojo” en cuanto a la publicidad de esos datos. Cinco distritos ofrecen esa información con restricciones, y en sólo cuatro se adaptó la normativa nacional a la local.

En la Legislatura fueron presentados en los últimos años al menos cinco proyectos de ley referidos a la Ética Pública. El titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, confió a este diario que no está previsto el debate de esas iniciativas. “Quizás se lo pueda discutir en la comisión respectiva, y si hay acuerdo, se lo tratará. Pero no hay fecha”, remarcó el monterizo.

Amaya, en ese sentido, consideró que no sólo a él le “gustaría” que llegara al recinto un proyecto similar al enviado por la legisladora Ávila, ya caduco por el paso del tiempo. “La ciudadanía pide una Ley de Ética Pública. Pero los legisladores verán qué resuelven ellos”, apuntó.

El intendente defendió la “transparencia” de su gestión, más allá que no exista esa normativa. “La bancarización de nuestras cuentas habla a las claras que todo lo que tributa el vecino va a los bancos”, indicó. Y contó que, gracias a la planta de producción de asfalto, las obras de pavimentación para la ciudad implican “un 25% de lo que costarían si las hiciéramos a través de una empresa privada”.

Acuerdo por sueldos

Con la llegada de 2015, caducó el “Pacto Social”, un régimen que funcionaba desde 2000 y que permitía convenios entre el Poder Ejecutivo (PE) y los Municipios. La Casa de Gobierno se hacía cargo de los salarios y las obras públicas de los gobiernos locales; a cambio, estos entregaban sus recursos por coparticipación. Según Amaya, las conversaciones entre la Capital y el PE están avanzadas para continuar con un sistema similar, aunque no se firmó aún ningún documento. “Lo más importante es que los vecinos tengan sus servicios y los empleados de las instituciones municipales tengan su sueldo. No se puede jugar con el pan del trabajador, y no creo que eso suceda”, consideró el intendente.

El fin del “Pacto Social” reveló además que la deuda exigible a los municipios suma $ 2.173 millones, de los que $ 438 millones corresponden a San Miguel de Tucumán, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía del PE, a cargo del ministro Jorge Jiménez.

Un estudio anterior difundido por el Ministerio del Interior, que conduce Osvaldo Jaldo, indicaba que los compromisos de la Capital ascendían a $ 670 millones. Estos datos generaron el rechazo de Amaya. “Cuando salió ese primer informe dije que era poco serio, que no tenía seriedad, porque no coincidía con nuestros registros. Hemos ido pagando la deuda todos los años. Si no, en lugar de $ 418 millones, hoy serían casi $ 8.000 millones. El monto equivale al 18% del presupuesto municipal, y no se han sumado obligaciones financieras en esta gestión”, aseguró el intendente. Y eludió interpretar el estudio elaborado por el Ministerio del Interior como un resultado de la interna política que mantendría con el espacio que lidera Jaldo, quien aparece como precandidato a vicegobernador en la fórmula del Frente para la Victoria. “No hay que mezclar cuestiones políticas con las instituciones, eso degrada las instituciones” señaló.

Luego, agregó que el secretario de Hacienda del municipio, Silvio Bellomio, está elaborando un estudio de los compromisos con el Gobierno provincial. “Hemos reconocido públicamente lo que debemos, no lo negamos. Pero si usted tiene un crédito, y si mañana la casa que se lo dio quiere cobrarle todo junto, no va a resistir”, analizó Amaya.