15 Enero 2015
CON VECINOS. El oficialista Amado visitó la comuna de Santa Lucía. prensa regino amado
La obligación de publicar el contenido de sus declaraciones juradas. La prohibición de los contratos entre el Estado y empresas pertenecientes a funcionarios públicos o a sus familiares directos. Un límite normativo al nepotismo. En los últimos años, al menos cinco proyectos para una Ley de Ética Pública fueron presentados en la Legislatura, con el objetivo de regular aspectos vinculados a la transparencia en la administración pública. Sin embargo, el alperovichismo decidió no llevar el tema al recinto, y ni siquiera fue debatido en las comisiones internas del cuerpo colegiado. Y, al parecer, esa postura continuará en 2015.
El oficialista Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura y titular interino del Poder Ejecutivo (PE), manifestó que los proyectos de Ética Pública no están en la agenda de la Cámara. “Quizás se lo pueda discutir en la comisión respectiva, y si hay acuerdo, se lo tratará. Pero no hay fecha. Sigue los carriles normales de cualquier proyecto”, señaló Amado desde Santa Lucía, tras anunciar que ha sido promulgada la ley que cede cuatro hectáreas para un cementerio en esa comuna.
La oposición, en tanto, exige que esos proyectos sean debatidos en lo inmediato. Esta postura tiene el apoyo de la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput), ente que elaboró una iniciativa, formalizada por el legislador José Páez (Democracia Cristiana).
En la Legislatura descansan al menos cuatro textos similares. El legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, propuso una normativa separada en 11 capítulos que incluye, entre otras novedades, la creación de una comisión de Ética Pública. “La desgraciadamente extendida práctica de nombrar parientes en los cargos públicos no sólo constituye un accionar poco ético, sino que afecta derechos amparados por la Constitución, en donde la idoneidad representa la condición indispensable para el acceso a los cargos del Estado”, dijo el referente del macrismo local.
Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) afirmó que “en buena hora Feput se ha sumado a una vieja lucha de este partido por transparentar el patrimonio de todos los funcionarios públicos de la Provincia”. “Hace siete años, en absoluta soledad, vengo bregando por la implementación de una normativa como la que rige en la Nación. Ahora, con este nuevo impulso que viene de esta prestigiosa institución, la posibilidad de que los ciudadanos controlen a sus mandatarios cobra nuevos bríos. Ojalá se dé en el menor tiempo posible”, afirmó Bussi.
Las restantes dos iniciativas sobre Ética Pública provinieron desde las bancas de la Unión Cívica Radical (UCR). Una fue elevada por Federico Romano Norri en su gestión anterior, en 2010 (se encuentra caduco); el restante también podría estar en el archivo, ya que fue redactado en 2013 por la ex legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (fue electa diputada ese año, y finalmente asumió como senadora). En el Congreso, la radical insistió con esta temática, al presentar un proyecto que propone que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.
En Tucumán rige desde 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar declaraciones cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de que se produzca una modificación sustancial. Esos documentos son de carácter secreto (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder mediante un fallo judicial.
El domingo, LA GACETA publicó un documento elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Este organismo difundió un informe en el que pregunta, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública), qué provincias han adaptado sus normativas para garantizar el libre acceso a esos documentos. Para graficar el nivel de “accesibilidad”, usaron como referencia los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. Tucumán figura entre las 12 provincias que están en “luz roja”. Según ese informe, sólo cinco distritos del país permiten el acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios, y en seis provincias es restringido el permiso para esos datos. Tras esto, Feput exigió que se traten los proyectos para una Ley de Ética Pública.
El oficialista Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura y titular interino del Poder Ejecutivo (PE), manifestó que los proyectos de Ética Pública no están en la agenda de la Cámara. “Quizás se lo pueda discutir en la comisión respectiva, y si hay acuerdo, se lo tratará. Pero no hay fecha. Sigue los carriles normales de cualquier proyecto”, señaló Amado desde Santa Lucía, tras anunciar que ha sido promulgada la ley que cede cuatro hectáreas para un cementerio en esa comuna.
La oposición, en tanto, exige que esos proyectos sean debatidos en lo inmediato. Esta postura tiene el apoyo de la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput), ente que elaboró una iniciativa, formalizada por el legislador José Páez (Democracia Cristiana).
En la Legislatura descansan al menos cuatro textos similares. El legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, propuso una normativa separada en 11 capítulos que incluye, entre otras novedades, la creación de una comisión de Ética Pública. “La desgraciadamente extendida práctica de nombrar parientes en los cargos públicos no sólo constituye un accionar poco ético, sino que afecta derechos amparados por la Constitución, en donde la idoneidad representa la condición indispensable para el acceso a los cargos del Estado”, dijo el referente del macrismo local.
Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) afirmó que “en buena hora Feput se ha sumado a una vieja lucha de este partido por transparentar el patrimonio de todos los funcionarios públicos de la Provincia”. “Hace siete años, en absoluta soledad, vengo bregando por la implementación de una normativa como la que rige en la Nación. Ahora, con este nuevo impulso que viene de esta prestigiosa institución, la posibilidad de que los ciudadanos controlen a sus mandatarios cobra nuevos bríos. Ojalá se dé en el menor tiempo posible”, afirmó Bussi.
Las restantes dos iniciativas sobre Ética Pública provinieron desde las bancas de la Unión Cívica Radical (UCR). Una fue elevada por Federico Romano Norri en su gestión anterior, en 2010 (se encuentra caduco); el restante también podría estar en el archivo, ya que fue redactado en 2013 por la ex legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (fue electa diputada ese año, y finalmente asumió como senadora). En el Congreso, la radical insistió con esta temática, al presentar un proyecto que propone que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.
En Tucumán rige desde 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar declaraciones cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de que se produzca una modificación sustancial. Esos documentos son de carácter secreto (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder mediante un fallo judicial.
El domingo, LA GACETA publicó un documento elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Este organismo difundió un informe en el que pregunta, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública), qué provincias han adaptado sus normativas para garantizar el libre acceso a esos documentos. Para graficar el nivel de “accesibilidad”, usaron como referencia los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde. Tucumán figura entre las 12 provincias que están en “luz roja”. Según ese informe, sólo cinco distritos del país permiten el acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios, y en seis provincias es restringido el permiso para esos datos. Tras esto, Feput exigió que se traten los proyectos para una Ley de Ética Pública.
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