14 Enero 2015
Referentes del Acuerdo Cívico y Social alertaron sobre la situación de los municipios de Monteros, Yerba Buena y Lules tras el vencimiento del Pacto Social. Según manifestaron, la caída del convenio puso al descubierto el alto grado de endeudamiento de las administraciones del interior.
“La desproporción de las deudas pone de manifiesto el verdadero propósito del Pacto Social, que no es más que un manejo discrecional y sin control, dejando a las claras el saqueo que sufrieron nuestros municipios, dando como resultado funcionarios ricos y municipios pobres y endeudados”, afirmaron en un documento los concejales Mariano Campero (Yerba Buena) y Gonzalo Guerra (Lules), y el dirigente monterizo Héctor Monayer. “La fiesta del descontrol y derroche deberán pagarlas los vecinos y próximas autoridades, quedando una enorme deuda social con los trabajadores en negro y contratos ‘basura’”, añadieron los también precandidatos a intendente dentro del ACyS en esos municipios.
Según el decreto 4.157/3 firmado por el gobernador, José Alperovich, el 30 de diciembre del año pasado, la deuda exigible a los municipios totaliza $ 2.173 millones. De ese monto, unos $ 333 millones corresponden a Yerba Buena; $ 241 millones, a Lules; y $ 109 millones, a Monteros. “No existen obras que justifiquen las deudas y no se conoce el costo de las que se hicieron, como así tampoco existe control de calidad sobre los proyectos concretados. De hecho, muchas obras deben hacerse de nuevo”, plantearon Campero, Guerra y Monayer.
Finalmente, aseguraron que la finalización del Pacto Social, sistema mediante el que el PE se hizo cargo del pago de sueldos en los municipios adherentes a cambio de retener la coparticipación, pone al desnudo el mecanismo usurario con el que el Gobierno centralizó el manejo de las Intendencias. “Las municipalidades perdieron totalmente su autonomía”, insistieron los dirigentes de esa alianza política opositora.
“La desproporción de las deudas pone de manifiesto el verdadero propósito del Pacto Social, que no es más que un manejo discrecional y sin control, dejando a las claras el saqueo que sufrieron nuestros municipios, dando como resultado funcionarios ricos y municipios pobres y endeudados”, afirmaron en un documento los concejales Mariano Campero (Yerba Buena) y Gonzalo Guerra (Lules), y el dirigente monterizo Héctor Monayer. “La fiesta del descontrol y derroche deberán pagarlas los vecinos y próximas autoridades, quedando una enorme deuda social con los trabajadores en negro y contratos ‘basura’”, añadieron los también precandidatos a intendente dentro del ACyS en esos municipios.
Según el decreto 4.157/3 firmado por el gobernador, José Alperovich, el 30 de diciembre del año pasado, la deuda exigible a los municipios totaliza $ 2.173 millones. De ese monto, unos $ 333 millones corresponden a Yerba Buena; $ 241 millones, a Lules; y $ 109 millones, a Monteros. “No existen obras que justifiquen las deudas y no se conoce el costo de las que se hicieron, como así tampoco existe control de calidad sobre los proyectos concretados. De hecho, muchas obras deben hacerse de nuevo”, plantearon Campero, Guerra y Monayer.
Finalmente, aseguraron que la finalización del Pacto Social, sistema mediante el que el PE se hizo cargo del pago de sueldos en los municipios adherentes a cambio de retener la coparticipación, pone al desnudo el mecanismo usurario con el que el Gobierno centralizó el manejo de las Intendencias. “Las municipalidades perdieron totalmente su autonomía”, insistieron los dirigentes de esa alianza política opositora.
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