El PE afirma que le depositará los sueldos, pero Orellana duda

Las hojas del calendario del recién nacido 2015 caen, y los 19 intendentes trabajan contrarreloj para buscar la manera de afrontar los sueldos de enero (que se depositan en febrero) y la primera parte del bono de fin de año de $ 1.750 (los $ 875 deberían estar disponibles en los próximos días para todos los estatales). Con la caída del “Pacto Social”, cada jefe municipal deberá negociar con la Casa de Gobierno, si es que le interesa recibir ayuda financiera desde 25 de Mayo y San Martín. En este lote aparece, entre otros, el massista Enrique Orellana, intendente de Famaillá.

Ayer, el “Mellizo” se reunió con Regino Amado, titular subrogante de la Legislatura -a cargo del Poder Ejecutivo (PE)-, con Miguel Acevedo, secretario de Municipios y Comunas del Ministerio del Interior, y con Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación. En la charla se habló de los salarios de los estatales famaillenses. Si bien todo fue en buenos términos, Orellana y Amado salieron del mitin con sensaciones disímiles.

“(El intendente) me ha pedido una reunión porque quería tener la seguridad del pago de los salarios para el mes que viene. Pero antes de eso están los $ 875, correspondiente a la mitad del bono de fin de año, el doble salario que se paga ahora también y otros compromisos. Antes de irse, el gobernador (José Alperovich) ha dejado la instrucción de que todos los municipios sean atendidos”, señaló el representante del Ejecutivo. Y, para no dejar dudas, agregó: “Famaillá tiene garantizados los sueldos del personal registrado”.

El massista Orellana, en cambio, dijo que “la cuestión salarial no está resuelta”. “He sido citado por el vicegobernador (sic). Hemos arreglado únicamente lo que hay que pagar ahora, como la mitad del bono de fin de año, y un 20% de anticipo que viene para enero. Pero a todo lo va a resolver el gobernador cuando vuelva de su descanso. Yo sugerí que el ‘Pacto Social’ siga, por lo menos hasta que se aclaren los números”, dijo el hermano mellizo del legislador José Orellana.

El 31 de diciembre de 2014 caducó el “Pacto Social”. Este convenio, establecido por ley desde 2000, implicaba que los municipios cedían todos sus recursos federales. En tanto, el PE enviaba fondos para salarios (“Pacto Sueldos”) y para pavimento, cloacas y otras inversiones (“Pacto Obras”).

La caída del régimen reveló que la deuda global exigible a los municipios por el PE alcanza los $ 2.173 millones. El 87% corresponde a nueve administraciones, entre las que se encuentra Famaillá (la Capital es la más comprometida).

Amado sostuvo que San Miguel de Tucumán, Bella Vista y Simoca fueron algunos de los distritos con los que ya se ha dialogado, y se les brindará ayuda financiera. “En el caso de Famaillá, se aseguró el pago del bono, de la doble asignación, y los sueldos de todo el personal. Además, se va a enviar lo que les corresponda por el Fondo Soja”, afirmó el monterizo.

Orellana sin embargo dijo que sólo se acordó un 20% de los sueldos de enero, y el 50% del bono. Y añadió que, antes de cobrar la deuda, debe haber consenso con el PE para determinar qué se reconoce. “El municipio está funcionando, trabajando intensamente. Pero todo va a depender de si se amplía el ‘Pacto Social’ y si nos liberan la coparticipación. Además, hay que fijar un plan de pagos de 200 cuotas y un año de gracia, como le dio la Nación a la Provincia. Más allá de todo esto, enero es una decisión política y económica del gobernador”, dijo el massista.