14 Enero 2015
LA MADRE. Marcela Ledo llevó un prendedor con la efigie de su hijo este viernes, durante la visita al juez Daniel Bejas. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
De la investigación de la desaparición del soldado Alberto Ledo que lleva adelante el fiscal federal N°1, Carlos Brito, surge que el conscripto fue tildado de “desertor” sin pruebas y como consecuencia de un sumario iniciado 12 días después de haber sido visto por última vez en el campamento militar de Monteros. El fiscal sostuvo que el supuesto desertor fue en realidad secuestrado y asesinado, e imputó el carácter de posible encubridor y falsificador a César Milani, hoy jefe del Ejército y entonces subteniente encargado de documentar la supuesta fuga de Ledo. Esta historia no es, sin embargo, única: según el capitán fallecido José Luis D’Andrea Mohr, 129 jóvenes desaparecieron entre 1975 (“Operativo Independencia) y el final de la última dictadura (1976-1983) mientras cumplían el servicio militar obligatorio.
Al menos 12 soldados fueron vistos por última vez en Tucumán. Del libro “El escuadrón perdido” (1988), de D’Andrea Mohr, se desprende la siguiente lista: Luis Amaya, Jesús María Bravo, Juan A. Canizzo, Germán Francisco Cantos, Eduardo Castellano, Hugo M. Concha López, Alfredo Antonio Coronel, Federico Furth, Víctor Hugo González, Ledo, Juan Carlos Pastori y Luis Alberto Soldati.
“A ellos se les había tomado juramento de servir a la bandera de la patria. Sus victimarios, a su vez, juraron también -qué duda cabe- por la misma patria y por Dios su absoluta ignorancia del destino de aquellos desdichados. Más aún, urdieron historias tan cínicas como ridículas, cuya sola exposición constituía un burdo agravio para quienes las recibían”, escribió Federico Eduardo Mittelbach, capitán de Caballería retirado, a modo de presentación de la investigación de D’Andrea Mohr.
En el epílogo, el autor de “Escuadrón perdido” dice que los jefes de los soldados desaparecidos se conformaron con hacer un “acta de investigación por deserción” para legalizar la falsedad. Y dirigiéndose a ese superior imaginario, el capitán añade: “si usted era inocente debió -lo sabe- agotar sus fuerzas para develar la verdad; pero, en lugar de eso, avaló la mentira, la infamia y el delito con su firma al pie del acta. No fue usted el único culpable. Hubo responsables bajo su mando y sobre usted, como el jefe de Regimiento, los comandantes de Zona y Subzona y los tenebrosos miembros de la Inteligencia militar, responsables de los centros clandestinos de detención”.
El trabajo de D’Andrea Mohr, un “crítico” de las Fuerzas Armadas, guarda relación con el folleto “Conscriptos-Detenidos-Desaparecidos”, que el influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó en 1982. Augusto Conte Mac Donnell, Noemí Labrune y Emilio Fermín Mignone, autores de esa publicación, sostienen que relatos y testimonios prueban sin lugar a dudas que las “desapariciones” de casi un centenar de jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio fueron, en realidad, detenciones ordenadas por sus superiores o ejecutadas por agentes de los servicios de inteligencia con autorización de aquellos. “Producidos los hechos, las autoridades militares se limitaron a sostener que se trataba de deserciones, proporcionando, en algunos casos, explicaciones inverosímiles o aceptando en otros, tácitamente, su participación”, consideraron los investigadores. Y agregaron: “este ocultamiento de la verdad y la negativa a aceptar una responsabilidad evidente expone a la luz pública una de las facetas más agudas de la acción represiva llevada a cabo por las Fuerzas Armadas”.
Aquel folleto disponible en la web; la copia del expediente de deserción de Ledo; la foja de servicio del actual jefe del Ejército y el testimonio del detenido riojano Ramón Alfredo Olivera fueron adjuntados a la impugnación que el CELS presentó en el Senado, el 22 de julio de 2013, para impedir el ascenso de Milani (el bloque kirchnerista finalmente aprobó el pliego el 19 de diciembre de ese año). Antes, en 2009, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó la rectificación de los legajos de conscriptos que, habiendo sido declarados desertores por las Fuerzas, constan con la condición de “detenidos–desaparecidos” en el Archivo Nacional de la Memoria.
Entre esos casos no está el del soldado riojano Ledo, pese a que su historia fue denunciada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Respecto de los conscriptos desaparecidos, el informe “Nunca más” (1984) expresa que los jefes nunca podían estar ajenos o desinformados acerca de la suerte de los soldados colocados bajo su custodia.
Las vicisitudes mencionadas en general se manifiestan en forma particular en la investigación de la desaparición de Ledo abierta en la Justicia Federal de Tucumán en 2007. Dicha pesquisa derivó ya en el procesamiento -confirmado- del ex capitán Esteban Sanguinetti, que aguarda el resultado del proceso en prisión preventiva domiciliaria. El 22 de diciembre, el fiscal Brito pidió la indagatoria del jefe del Ejército y la ampliación del interrogatorio de Sanguinetti. Ese requerimiento será resuelto una vez que el juez federal N°1, Daniel Bejas, defina los planteos que presentó la defensa de Milani para apartar a Brito y para excluir de la causa al legajo de deserción de Ledo.
Al menos 12 soldados fueron vistos por última vez en Tucumán. Del libro “El escuadrón perdido” (1988), de D’Andrea Mohr, se desprende la siguiente lista: Luis Amaya, Jesús María Bravo, Juan A. Canizzo, Germán Francisco Cantos, Eduardo Castellano, Hugo M. Concha López, Alfredo Antonio Coronel, Federico Furth, Víctor Hugo González, Ledo, Juan Carlos Pastori y Luis Alberto Soldati.
“A ellos se les había tomado juramento de servir a la bandera de la patria. Sus victimarios, a su vez, juraron también -qué duda cabe- por la misma patria y por Dios su absoluta ignorancia del destino de aquellos desdichados. Más aún, urdieron historias tan cínicas como ridículas, cuya sola exposición constituía un burdo agravio para quienes las recibían”, escribió Federico Eduardo Mittelbach, capitán de Caballería retirado, a modo de presentación de la investigación de D’Andrea Mohr.
En el epílogo, el autor de “Escuadrón perdido” dice que los jefes de los soldados desaparecidos se conformaron con hacer un “acta de investigación por deserción” para legalizar la falsedad. Y dirigiéndose a ese superior imaginario, el capitán añade: “si usted era inocente debió -lo sabe- agotar sus fuerzas para develar la verdad; pero, en lugar de eso, avaló la mentira, la infamia y el delito con su firma al pie del acta. No fue usted el único culpable. Hubo responsables bajo su mando y sobre usted, como el jefe de Regimiento, los comandantes de Zona y Subzona y los tenebrosos miembros de la Inteligencia militar, responsables de los centros clandestinos de detención”.
El trabajo de D’Andrea Mohr, un “crítico” de las Fuerzas Armadas, guarda relación con el folleto “Conscriptos-Detenidos-Desaparecidos”, que el influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó en 1982. Augusto Conte Mac Donnell, Noemí Labrune y Emilio Fermín Mignone, autores de esa publicación, sostienen que relatos y testimonios prueban sin lugar a dudas que las “desapariciones” de casi un centenar de jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio fueron, en realidad, detenciones ordenadas por sus superiores o ejecutadas por agentes de los servicios de inteligencia con autorización de aquellos. “Producidos los hechos, las autoridades militares se limitaron a sostener que se trataba de deserciones, proporcionando, en algunos casos, explicaciones inverosímiles o aceptando en otros, tácitamente, su participación”, consideraron los investigadores. Y agregaron: “este ocultamiento de la verdad y la negativa a aceptar una responsabilidad evidente expone a la luz pública una de las facetas más agudas de la acción represiva llevada a cabo por las Fuerzas Armadas”.
Aquel folleto disponible en la web; la copia del expediente de deserción de Ledo; la foja de servicio del actual jefe del Ejército y el testimonio del detenido riojano Ramón Alfredo Olivera fueron adjuntados a la impugnación que el CELS presentó en el Senado, el 22 de julio de 2013, para impedir el ascenso de Milani (el bloque kirchnerista finalmente aprobó el pliego el 19 de diciembre de ese año). Antes, en 2009, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó la rectificación de los legajos de conscriptos que, habiendo sido declarados desertores por las Fuerzas, constan con la condición de “detenidos–desaparecidos” en el Archivo Nacional de la Memoria.
Entre esos casos no está el del soldado riojano Ledo, pese a que su historia fue denunciada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Respecto de los conscriptos desaparecidos, el informe “Nunca más” (1984) expresa que los jefes nunca podían estar ajenos o desinformados acerca de la suerte de los soldados colocados bajo su custodia.
Las vicisitudes mencionadas en general se manifiestan en forma particular en la investigación de la desaparición de Ledo abierta en la Justicia Federal de Tucumán en 2007. Dicha pesquisa derivó ya en el procesamiento -confirmado- del ex capitán Esteban Sanguinetti, que aguarda el resultado del proceso en prisión preventiva domiciliaria. El 22 de diciembre, el fiscal Brito pidió la indagatoria del jefe del Ejército y la ampliación del interrogatorio de Sanguinetti. Ese requerimiento será resuelto una vez que el juez federal N°1, Daniel Bejas, defina los planteos que presentó la defensa de Milani para apartar a Brito y para excluir de la causa al legajo de deserción de Ledo.
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