13 Enero 2015
Un informe reciente reveló que, si existiese un semáforo para cotejar el cumplimiento de la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, Tucumán figuraría entre las 12 provincias que están en “luz roja”. A 15 años de la sanción de esa normativa, el gobierno no implementó medidas para aplicarla en estos suelos. Y aunque existen proyectos de ley que apuntan hacia ese sentido, el oficialismo de la Legislatura no ha dado indicios de que esos textos vayan a llegar al recinto.
La situación fue puesta de manifiesto por Héctor Ávila, presidente de la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput). Este organismo redactó un proyecto sobre Ética Pública, y la presentación fue formalizada en Mesa de Entradas en septiembre de 2013 por el opositor José Páez (Democracia Cristiana). “El proyecto que elaboramos contiene un extenso articulado que contempla la obligatoriedad de realizar Declaraciones Juradas (ddjj) con acceso libre y no secreto a todos los funcionarios públicos; no sólo de los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial”, indicó Ávila.
El bioquímico agregó que la propuesta abarca “a todos los funcionarios públicos que tienen tareas de responsabilidad en el manejo de fondos públicos”. Con esto, se busca que los encargados de oficinas municipales, de organizaciones civiles y de colegios de profesionales, entre otros, también presenten la nómina anual de sus bienes. “Además, el proyecto contempla la prohibición de contratar con empresas cuyos dueños o directivos tienen cargos en el Estado”, expresó Ávila. El nepotismo, aclaró, es abordado en esta iniciativa, y considera hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Es momento de insistir sobre este tema, a los fines de que se apruebe nuestro proyecto. Sin dudas, esto redundará en mayor transparencia y jerarquía a la función pública”, manifestó a LA GACETA el presidente de Feput.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió recientemente un informe en el que pregunta, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) qué provincias han adaptado sus normativas para garantizar el libre acceso a esos documentos. Para graficar el nivel de “accesibilidad”, utilizaron como referencia los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.
El estudio indica que solamente cinco de las 23 provincias han acomodado sus normas provinciales a la Ley Nacional Nº 25.188, y permiten el acceso a las ddjj de sus funcionarios. Estas figuran en “verde”. En seis provincias el acceso a las ddjj es restringido (amarillo), y en 12 no se permite la consulta bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial (rojo). En este último lote aparece Tucumán.
Carácter secreto
En esta provincia rige desde julio de 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar sus declaraciones cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de que se produzca una modificación sustancial del patrimonio declarado. Sin embargo, esos documentos son de carácter secreto (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder a ellos por un fallo de la Justicia.
Además del proyecto de Feput, que fue formalizado por Páez, también elevó textos referidos a Ética Pública el legislador de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi. Estas iniciativas no tienen dictamen favorable de las comisiones internas de la Legislatura.
La situación fue puesta de manifiesto por Héctor Ávila, presidente de la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán (Feput). Este organismo redactó un proyecto sobre Ética Pública, y la presentación fue formalizada en Mesa de Entradas en septiembre de 2013 por el opositor José Páez (Democracia Cristiana). “El proyecto que elaboramos contiene un extenso articulado que contempla la obligatoriedad de realizar Declaraciones Juradas (ddjj) con acceso libre y no secreto a todos los funcionarios públicos; no sólo de los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial”, indicó Ávila.
El bioquímico agregó que la propuesta abarca “a todos los funcionarios públicos que tienen tareas de responsabilidad en el manejo de fondos públicos”. Con esto, se busca que los encargados de oficinas municipales, de organizaciones civiles y de colegios de profesionales, entre otros, también presenten la nómina anual de sus bienes. “Además, el proyecto contempla la prohibición de contratar con empresas cuyos dueños o directivos tienen cargos en el Estado”, expresó Ávila. El nepotismo, aclaró, es abordado en esta iniciativa, y considera hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Es momento de insistir sobre este tema, a los fines de que se apruebe nuestro proyecto. Sin dudas, esto redundará en mayor transparencia y jerarquía a la función pública”, manifestó a LA GACETA el presidente de Feput.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió recientemente un informe en el que pregunta, a 15 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 25.188 (de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) qué provincias han adaptado sus normativas para garantizar el libre acceso a esos documentos. Para graficar el nivel de “accesibilidad”, utilizaron como referencia los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.
El estudio indica que solamente cinco de las 23 provincias han acomodado sus normas provinciales a la Ley Nacional Nº 25.188, y permiten el acceso a las ddjj de sus funcionarios. Estas figuran en “verde”. En seis provincias el acceso a las ddjj es restringido (amarillo), y en 12 no se permite la consulta bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial (rojo). En este último lote aparece Tucumán.
Carácter secreto
En esta provincia rige desde julio de 1973 la Ley N° 3.981, que obliga a los funcionarios a confeccionar sus declaraciones cuando asumen las funciones públicas y a actualizarlas en el supuesto de que se produzca una modificación sustancial del patrimonio declarado. Sin embargo, esos documentos son de carácter secreto (están en sobre lacrado), y sólo se puede acceder a ellos por un fallo de la Justicia.
Además del proyecto de Feput, que fue formalizado por Páez, también elevó textos referidos a Ética Pública el legislador de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi. Estas iniciativas no tienen dictamen favorable de las comisiones internas de la Legislatura.
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