Por Roberto Espinosa
10 Enero 2015
Seguramente, en algún momento, la idea se le pasó por la cabeza, y aunque tuviera un abrazo solidario, fuera un amante de la transparencia, un defensor de la verdad y de los pobres, tal vez se dio cuenta de que había que tener condiciones especiales, tales como estar dispuesto a una entrega total hacia el prójimo, a luchar sin especulaciones por lograr el bien común, a dejar a veces en segundo plano la familia en pro de construir una sociedad mejor. Se trata, por cierto de un elevado compromiso. Es razonable que haya desistido, quizás por considerar que no tenía la preparación ni la ambición de poder suficientes, y haya optado por ser un ciudadano común, respetuoso de las leyes.
Pero, sin duda, habrá notado que varios de los que han recogido el guante han abrazado esta profesión, son émulos de Mauricio Gómez Herrera, el protagonista de la novela de Roberto Payró, hambriento de codicia, capaz de pagar cualquier precio, incluso la traición, para lograr un cargo. Comienza sus hazañas como puntero, luego se convierte en jefe de policía y concluye su carrera en el Congreso de la Nación.
Le habrá llamado la atención que lo primero que suelen hacer algunos de estos esforzados ciudadanos cuando llegan al poder, es darles trabajo a los parientes y amigos, ayudarlos a que sus negocios o empresas prosperen. Esta práctica se ha extendido tanto, que abarca los tres poderes, empezando por el gobernador, funcionarios, legisladores, magistrados, intendentes, comisionados rurales.
Este nepotismo ha derivado en los famosos enroques, una tierna expresión de amor. Así por ejemplo, Miriam Gallardo, la esposa de intendente de Lules, Julio Dip, es diputada nacional; la consorte de Leopoldo Díaz, intendente de La Cocha, Susana Díaz, es legisladora; Rolando Alfaro y Noemí Carrizo, matrimonio, legisladores; Camila Kodher, hermana del intendente de Banda del Río Salí, Zacarías Kodher, es legisladora; el intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein, tiene a su esposa Adriana Nájar como legisladora y a su cuñado Carlos Nájar, como presidente del Concejo Deliberante de ese municipio; Luis Espeche, intendente de Bella Vista, tiene a su cónyuge Cristina Romano, como presidenta del Concejo; María Carrillo, legisladora nacional, es la señora de Alberto Olea, intendente de Monteros; la esposa de Ramón Santiago Cano, titular del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Graciela Suárez, es legisladora. Son apenas algunos ejemplos en un poder, en el que hasta ahora ha sido imposible conocer cuánto gana un representante del pueblo y cuánto recibe por los “pus reservados”.
Pero no todo es armonía en estos hogares tan bien constituidos y seguramente, florecientes. En diciembre pasado, el Concejo de La Talitas había derogado ordenanzas sobre los montos para uso discrecional del intendente Morghenstein. Este vetó las normas y las devolvió al recinto, pero su cuñado con el respaldo de ocho ediles confirmó la vigencia de la resolución.
En enero de 2013, el legislador José Gutiérrez que busca atarse per secula seculorum a la banca traída de Barcelona, dijo: “Con los gastos sociales tengo contenidos dirigentes de 10 comunas y un municipio. Tengo dirigentes en todos lados, y eso me ha llevado a excederme de los 10 cargos que dan cuando uno asume... Hay algunos dirigentes que cuando llegan a legislador no hacen esa clase de trabajo. Pasan los cuatro años y no son reelectos porque no hicieron este trabajo social; los gastos sociales lo llevaron a la casa o se enriquecieron políticamente”.
Estará adivinando que ante esta confesión, la Justicia no se interesó por investigar quiénes son los que se llevaron los dineros públicos a la casa. Recordará tal vez que el ciudadano común no puede acceder a las declaraciones juradas presentadas por quienes nos representan porque el gobernador vetó la Ley de Acceso a la Información Pública, contribuyendo a que la transparencia de los actos quedara una vez más bajo la alfombra de la sospecha.
No estarían mal los gestos de caridad con los parientes, si los dinerillos no salieran de los agujereados bolsillos del pueblo. Pero no sea tan negativo, el amor familiar canta victoria en nuestro querido Tucumán.
Pero, sin duda, habrá notado que varios de los que han recogido el guante han abrazado esta profesión, son émulos de Mauricio Gómez Herrera, el protagonista de la novela de Roberto Payró, hambriento de codicia, capaz de pagar cualquier precio, incluso la traición, para lograr un cargo. Comienza sus hazañas como puntero, luego se convierte en jefe de policía y concluye su carrera en el Congreso de la Nación.
Le habrá llamado la atención que lo primero que suelen hacer algunos de estos esforzados ciudadanos cuando llegan al poder, es darles trabajo a los parientes y amigos, ayudarlos a que sus negocios o empresas prosperen. Esta práctica se ha extendido tanto, que abarca los tres poderes, empezando por el gobernador, funcionarios, legisladores, magistrados, intendentes, comisionados rurales.
Este nepotismo ha derivado en los famosos enroques, una tierna expresión de amor. Así por ejemplo, Miriam Gallardo, la esposa de intendente de Lules, Julio Dip, es diputada nacional; la consorte de Leopoldo Díaz, intendente de La Cocha, Susana Díaz, es legisladora; Rolando Alfaro y Noemí Carrizo, matrimonio, legisladores; Camila Kodher, hermana del intendente de Banda del Río Salí, Zacarías Kodher, es legisladora; el intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein, tiene a su esposa Adriana Nájar como legisladora y a su cuñado Carlos Nájar, como presidente del Concejo Deliberante de ese municipio; Luis Espeche, intendente de Bella Vista, tiene a su cónyuge Cristina Romano, como presidenta del Concejo; María Carrillo, legisladora nacional, es la señora de Alberto Olea, intendente de Monteros; la esposa de Ramón Santiago Cano, titular del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Graciela Suárez, es legisladora. Son apenas algunos ejemplos en un poder, en el que hasta ahora ha sido imposible conocer cuánto gana un representante del pueblo y cuánto recibe por los “pus reservados”.
Pero no todo es armonía en estos hogares tan bien constituidos y seguramente, florecientes. En diciembre pasado, el Concejo de La Talitas había derogado ordenanzas sobre los montos para uso discrecional del intendente Morghenstein. Este vetó las normas y las devolvió al recinto, pero su cuñado con el respaldo de ocho ediles confirmó la vigencia de la resolución.
En enero de 2013, el legislador José Gutiérrez que busca atarse per secula seculorum a la banca traída de Barcelona, dijo: “Con los gastos sociales tengo contenidos dirigentes de 10 comunas y un municipio. Tengo dirigentes en todos lados, y eso me ha llevado a excederme de los 10 cargos que dan cuando uno asume... Hay algunos dirigentes que cuando llegan a legislador no hacen esa clase de trabajo. Pasan los cuatro años y no son reelectos porque no hicieron este trabajo social; los gastos sociales lo llevaron a la casa o se enriquecieron políticamente”.
Estará adivinando que ante esta confesión, la Justicia no se interesó por investigar quiénes son los que se llevaron los dineros públicos a la casa. Recordará tal vez que el ciudadano común no puede acceder a las declaraciones juradas presentadas por quienes nos representan porque el gobernador vetó la Ley de Acceso a la Información Pública, contribuyendo a que la transparencia de los actos quedara una vez más bajo la alfombra de la sospecha.
No estarían mal los gestos de caridad con los parientes, si los dinerillos no salieran de los agujereados bolsillos del pueblo. Pero no sea tan negativo, el amor familiar canta victoria en nuestro querido Tucumán.
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