“El juez Bejas está obligado a frenar las dilaciones de Milani”

“Maniobras dilatorias”. La abogada riojana Adriana Mercado usó esas palabras para definir los planteos que articuló la defensa de César Milani, jefe del Ejército y coimputado en la pesquisa que procura esclarecer la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo (el otro acusado es el ex capitán Esteban Sanguinetti, que está procesado y en prisión preventiva domiciliaria). Según Mercado, que opinó por la querella, tanto la recusación de Carlos Brito, fiscal federal N°1, como la pretensión de excluir del expediente judicial a la copia certificada del sumario confeccionado por Milani tras la supuesta fuga de Ledo obedecen a la estrategia de impedir o postergar la indagaroria del militar. “El juez federal Daniel Bejas está obligado a poner límite y a frenar las dilaciones”, expresó la profesional.

En un diálogo telefónico desde La Rioja, Mercado dijo que ella y sus colegas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) consideraban que, luego de siete años del inicio de la investigación por la desaparición de Ledo ocurrida en junio de 1976, en Monteros, la indagatoria no podía esperar ni un segundo más. “La recusación no tiene ningún fundamento serio ni atendible. (El defensor oficial Adolfo) Bertini ya había invocado ‘el temor de falta de objetividad’ para recusar a (Gustavo) Gómez, fiscal general, cuando este recibió el expediente por una licencia de Brito. Y ese ‘temor’ bastó para que la Justicia quitara la causa a Gómez”, comentó.

Mercado expresó que los jueces no deben olvidar que en este caso investigan delitos de lesa humanidad: “el Estado está obligado a remover todos los obstáculos que impiden la persecución y sanción de las violaciones de derechos humanos”. Y añadió: “la dilación injustificada de esta causa iniciada en 2007 es una burla hacia la víctima, sus familiares y la sociedad”.

El legajo perdido

El otro planteo de la defensa pendiente de resolución cuestiona la copia certificada del sumario de deserción de Ledo que Brito entendió decisivo para imputar a Milani la condición de supuesto falsificador y encubridor, y para requerir que sea citado a prestar declaración indagatoria. Bertini adujo que esa prueba debe ser dejada de lado porque su autenticidad no puede ser confirmada debido a la desaparición del legajo original.

“La documentación (que analizó el fiscal) está certificada por quien tenía autoridad para hacerlo en ese momento que es el mayor José Baltazar Sandaza. La certificación implica que el original se corresponde con la copia y que esta tiene el mismo valor probatorio”, sostuvo Mercado. Al respecto, agregó que Bertini había reconocido en la causa que el sumario de deserción existía al ofrecer un testigo con el fin de que explicase el contenido del instrumento. “Tardíamente advirtió que el legajo podía resultar incriminatorio”, indicó.

La querella entiende que el sumario original pudo haber sido retirado o destruido como sucedió con muchos otros documentos relativos al terrorismo de Estado. “En todo caso el Ejército en el que Milani reviste estaba a cargo de custodiar el sumario de Ledo”, manifestó.

Los planteos que la defensa formuló en diciembre, al mismo tiempo que Brito solicitaba a Bejas que indague al jefe del Ejército, complican el trámite de la causa, y autorizan a pensar que es posible que transcurran meses hasta que la Justicia Federal resuelva si cita o no a Milani. “A este paso, Marcela Brizuela de Ledo, que tiene 83 años, quizá muera sin saber qué pasó con su hijo”, advirtió Mercado. La abogada recordó que la querella ya había denunciado al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las obstrucciones ocurridas en la Justicia Federal de Tucumán: “esta situación viola nuestros derechos a la protección judicial y a la verdad. Pese a ello, vamos a seguir luchando”.