07 Enero 2015
Si una persona roba y no queda detenida, le conviene seguir robando. El silogismo fue expuesto ayer por el gobernador José Alperovich durante sus recorridas diarias. “Al que se lo pille tiene que ir preso, no hay otra manera; porque si sale al otro día es lo mismo”, agregó el mandatario tucumano.
Aunque las declaraciones de Alperovich fueron dadas cuando le preguntaron sobre el “Operativo Verano”, guardan directa relación con la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur, que se había expresado en contra de la reforma parcial del Código Procesal Penal de Tucumán que aprobó la Legislatura a fines de noviembre, a través de la cual se extendió la prisión preventiva a arrebatadores, motoarrebatadores y otros autores de robos en las calles.
“Si un motoarrebatador roba debe ir preso; porque si sale en el acto a él le conviene seguir robando. Debemos tratar de trabajar en conjunto con la Justicia, y si se encuentra a alguien in fraganti, cometiendo un delito, debe ir preso, debe pagar esa culpa, porque si no da lo mismo”, aseguró ayer el gobernador, luego de inaugurar 10 cuadras de pavimento y recambio de luminarias en Las Talitas.
“Los delitos cometidos por esos ‘motochorros’, que las penalidades establecidas en el Código Penal permiten que recuperen inmediatamente o en poco tiempo la libertad, han proliferado y generan mucha zozobra en la sociedad”, había afirmado el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, uno de los impulsores de la prisión preventiva para los arrebatadores, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Jorge Gassenbauer y a legisladores oficialistas.
La prisión preventiva es una medida cautela que significa que una persona continúe detenida aún sin tener condena en su contra, hasta que se realice el juicio oral o mientras haya peligro de que se fugue o de que entorpezca la investigación.
Contrariamente, el proyecto para reformar integralmente el Código Procesal Penal de Tucumán no contempla la prisión preventiva para los motoarrebatadores. “En el proyecto que elaboramos se trata que la privación de la libertad sea la menor posible y quede reservada para delitos grandes, porque hay otra idea de reparación, como reparar a la víctima”, había explicado la ex camarista Ana Lía Castillo de Ayusa, una de las autoras del proyecto de reforma integral.
Aunque las declaraciones de Alperovich fueron dadas cuando le preguntaron sobre el “Operativo Verano”, guardan directa relación con la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur, que se había expresado en contra de la reforma parcial del Código Procesal Penal de Tucumán que aprobó la Legislatura a fines de noviembre, a través de la cual se extendió la prisión preventiva a arrebatadores, motoarrebatadores y otros autores de robos en las calles.
“Si un motoarrebatador roba debe ir preso; porque si sale en el acto a él le conviene seguir robando. Debemos tratar de trabajar en conjunto con la Justicia, y si se encuentra a alguien in fraganti, cometiendo un delito, debe ir preso, debe pagar esa culpa, porque si no da lo mismo”, aseguró ayer el gobernador, luego de inaugurar 10 cuadras de pavimento y recambio de luminarias en Las Talitas.
“Los delitos cometidos por esos ‘motochorros’, que las penalidades establecidas en el Código Penal permiten que recuperen inmediatamente o en poco tiempo la libertad, han proliferado y generan mucha zozobra en la sociedad”, había afirmado el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, uno de los impulsores de la prisión preventiva para los arrebatadores, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Jorge Gassenbauer y a legisladores oficialistas.
La prisión preventiva es una medida cautela que significa que una persona continúe detenida aún sin tener condena en su contra, hasta que se realice el juicio oral o mientras haya peligro de que se fugue o de que entorpezca la investigación.
Contrariamente, el proyecto para reformar integralmente el Código Procesal Penal de Tucumán no contempla la prisión preventiva para los motoarrebatadores. “En el proyecto que elaboramos se trata que la privación de la libertad sea la menor posible y quede reservada para delitos grandes, porque hay otra idea de reparación, como reparar a la víctima”, había explicado la ex camarista Ana Lía Castillo de Ayusa, una de las autoras del proyecto de reforma integral.
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