05 Enero 2015
Si los municipios saldaran la deuda con el PE, la Provincia podría cancelar casi todo su pasivo
El anuncio de que este año no se renovará el Pacto Social puso las miradas sobre los pasivos que las 19 Intendencias mantienen con el Poder Ejecutivo local. Esta cifra supera los $ 2.600 millones, mientras que la deuda pública provincial ronda los $ 3.000. La capital adeuda al Gobierno local unos $ 670 millones; es decir, el 25% de las obligaciones totales.
Si los municipios saldaran la deuda que mantienen con la Provincia, esta, a su vez, podría cancelar alrededor del 85% de la propia. Esto es así porque las 19 Intendencias de Tucumán adeudan al Poder Ejecutivo (PE) poco más de $ 2.600 millones, mientras que el pasivo provincial ronda los $ 3.000 millones. El Gobierno local es el único acreedor de los municipios, porque asumió todas las deudas que mantenían con otros organismos.
La principal deudora es la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por diversos conceptos, la capital cerró 2014 con una deuda al PE de alrededor de $ 670,6 millones -siempre sujeta a ajustes-. A partir de la decisión oficial de no renovar el Pacto Social, al municipio que administra Domingo Amaya se le liberan, en concepto de coparticipaciones nacional y provincial, un ingreso mensual promedio de $ 55,9 millones. En el hipotético caso de que se decida destinar el 100% de estos recursos a cancelar la deuda con el Gobierno que gestiona José Alperovich, a la capital le llevaría 12 meses cancelar su deuda. Pero tal decisión implica que no se podría usar ese dinero para ningún otro concepto.
Cuando el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, anunció que el Pacto Social no se renovará este año precisó que tal decisión no significa dejar de asistir a los municipios. “No los abandonamos; creemos que seguirán necesitando financiamiento, porque la situación no cambia de la noche a la mañana. El gobernador y este Ministerio tienen la voluntad de seguir ayudando a los municipios. Pero con un instrumento legal, económico y financiero diferente. Y con una metodología diferente: tenemos que empezar a analizar las finanzas de cada municipio, porque estamos terminando los mandatos”, había dicho Jaldo. En los hechos, esto implica que cada intendente deberá pasar por Casa de Gobierno a revisar los números y a acordar de qué manera comenzará a saldar la deuda con la Provincia, durante un año eminentemente electoral.
La segunda Intendencia en la lista de acreedores es Yerba Buena. El municipio que conduce el alperovichista Daniel Toledo debe al PE poco más de $ 354 millones. Pero en el caso de que la administración pretenda ejecutar la misma hipótesis de cancelación de deuda con la Provincia, con los recursos que le llegarían a partir de la no renovación del Pacto Social, a la “Ciudad Jardín” le llevaría 55 meses, puesto que su nivel de ingresos mensual por coparticipaciones nacional y provincial, y por otras fuentes apenas alcanza los $ 6,4 millones. El bajo nivel de ingresos se debe a que Yerba Buena es un municipio de segunda categoría.
Algo similar ocurre con Banda del Río Salí, que adeuda al PE unos $ 299 millones. A este municipio le comenzarán a ingresar por mes, en promedio, $ 9,9 millones. Esto quiere decir que cancelar toda la deuda con el Gobierno, sin destinar a ningún otro item ese dinero, le insumiría 30 meses. Semejante es el caso de Lules, cuya deuda a la Provincia asciende a $ 262 millones. Los ingresos que comenzará a percibir ese municipio, a raíz de la no ratificación del Pacto Social, apenas superan los $ 7 millones por mes, en promedio. Si decidieran destinar todo ese dinero a saldar la deuda demorarían 37 meses.
El ranking de deudores sigue con Aguilares ($ 208 millones), Famaillá ($ 140 millones), Tafí Viejo ($ 133 millones), Alderetes ($ 128 millones), Monteros ($ 127 millones), Bella Vista ($ 75 millones), Concepción ($ 45 millones), Las Talitas ($ 40 millones), Alberdi ($ 33 millones), Tafí del Valle ($ 30 millones), Trancas ($ 24 millones), Graneros ($ 15 millones), Burruyacu ($ 10 millones), Simoca ($ 9 millones), y La Cocha ($ 1,1 millón).
La Cocha se mantuvo al margen, tanto del Pacto Sueldo como del llamado Pacto Obras, mediante el cual el PE garantizaba trabajos en los municipios; 13 municipios recibieron asistencia para salarios y obras y Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas se mantuvieron sólo dentro del acuerdo para recibir fondos para trabajos de infraestructura.
La principal deudora es la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por diversos conceptos, la capital cerró 2014 con una deuda al PE de alrededor de $ 670,6 millones -siempre sujeta a ajustes-. A partir de la decisión oficial de no renovar el Pacto Social, al municipio que administra Domingo Amaya se le liberan, en concepto de coparticipaciones nacional y provincial, un ingreso mensual promedio de $ 55,9 millones. En el hipotético caso de que se decida destinar el 100% de estos recursos a cancelar la deuda con el Gobierno que gestiona José Alperovich, a la capital le llevaría 12 meses cancelar su deuda. Pero tal decisión implica que no se podría usar ese dinero para ningún otro concepto.
Cuando el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, anunció que el Pacto Social no se renovará este año precisó que tal decisión no significa dejar de asistir a los municipios. “No los abandonamos; creemos que seguirán necesitando financiamiento, porque la situación no cambia de la noche a la mañana. El gobernador y este Ministerio tienen la voluntad de seguir ayudando a los municipios. Pero con un instrumento legal, económico y financiero diferente. Y con una metodología diferente: tenemos que empezar a analizar las finanzas de cada municipio, porque estamos terminando los mandatos”, había dicho Jaldo. En los hechos, esto implica que cada intendente deberá pasar por Casa de Gobierno a revisar los números y a acordar de qué manera comenzará a saldar la deuda con la Provincia, durante un año eminentemente electoral.
La segunda Intendencia en la lista de acreedores es Yerba Buena. El municipio que conduce el alperovichista Daniel Toledo debe al PE poco más de $ 354 millones. Pero en el caso de que la administración pretenda ejecutar la misma hipótesis de cancelación de deuda con la Provincia, con los recursos que le llegarían a partir de la no renovación del Pacto Social, a la “Ciudad Jardín” le llevaría 55 meses, puesto que su nivel de ingresos mensual por coparticipaciones nacional y provincial, y por otras fuentes apenas alcanza los $ 6,4 millones. El bajo nivel de ingresos se debe a que Yerba Buena es un municipio de segunda categoría.
Algo similar ocurre con Banda del Río Salí, que adeuda al PE unos $ 299 millones. A este municipio le comenzarán a ingresar por mes, en promedio, $ 9,9 millones. Esto quiere decir que cancelar toda la deuda con el Gobierno, sin destinar a ningún otro item ese dinero, le insumiría 30 meses. Semejante es el caso de Lules, cuya deuda a la Provincia asciende a $ 262 millones. Los ingresos que comenzará a percibir ese municipio, a raíz de la no ratificación del Pacto Social, apenas superan los $ 7 millones por mes, en promedio. Si decidieran destinar todo ese dinero a saldar la deuda demorarían 37 meses.
El ranking de deudores sigue con Aguilares ($ 208 millones), Famaillá ($ 140 millones), Tafí Viejo ($ 133 millones), Alderetes ($ 128 millones), Monteros ($ 127 millones), Bella Vista ($ 75 millones), Concepción ($ 45 millones), Las Talitas ($ 40 millones), Alberdi ($ 33 millones), Tafí del Valle ($ 30 millones), Trancas ($ 24 millones), Graneros ($ 15 millones), Burruyacu ($ 10 millones), Simoca ($ 9 millones), y La Cocha ($ 1,1 millón).
La Cocha se mantuvo al margen, tanto del Pacto Sueldo como del llamado Pacto Obras, mediante el cual el PE garantizaba trabajos en los municipios; 13 municipios recibieron asistencia para salarios y obras y Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas se mantuvieron sólo dentro del acuerdo para recibir fondos para trabajos de infraestructura.
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