03 Enero 2015
CRITICADA. Gils Carbó fue acusada de buscar impunidad para funcionarios. dyn
BUENOS AIRES.- Desde distintos sectores judiciales cuestionaron las designaciones de fiscales subrogantes que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, realizó en diversos lugares del país, cuyos cargos fueron creados por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
“¿Cuál era el apuro? Hay tiempo de sobra para hacer los concursos porque el nuevo Código Procesal Penal todavía no tiene fecha para su entrada en vigencia. Están generando cargos y usando a la Procuraduría General de la Nación como una caja mas”, manifestó a DyN Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
En tanto, según el fiscal Ricardo Sáenz, la creación de estos cargos “no tenía ningún fundamento”; mientras que el constitucionalista Daniel Sabsay consideró que las designaciones son de una “inconstitucionalidad manifiesta” y de una “gravedad extrema”, propias de una “dictadura”. A la vez, denunció que la funcionaria incurre en diversos “delitos como abuso de poder y encubrimiento”.
Con la sanción del nuevo Código Procesal Penal se aprobó el anexo II del texto que crea 17 nuevos cargos de fiscales generales en todo el país.
“Justicia Legitima”
Gils Carbó aprobó el 30 de diciembre el llamado a concurso de esos cargos y nombró a fiscales para que actúen como subrogantes, la mayoría de ellos allegados a la procuradora o militantes de “Justicia Legítima”, la agrupación judicial cercana al Gobierno.
Los nombramientos más polémicos fueron los de Miguel Angel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales generales federales de Comodoro Py, el fuero donde se tramitan las causas por corrupción contra los funcionarios nacionales.
Osorio es calificado como “un incondicional” en la Procuración, mientras que Palazzani milita en “Justicia Legítima”.
“No tenia ningún sentido el Anexo II del Código sin tener fecha de vigencia. La creación de cargos no tenían ningún fundamento salvo hacer lo que hicieron: poner en funcionamiento los cargos”, sostuvo Sáenz.
Además, el fiscal resaltó que los fiscales designados en la Cámara Federal “se quedan con los dos tercios de las causas que allí tramitan” y que fue en la única jurisdicción donde se crearon dos nuevas fiscales porque “en el interior del país donde había un fiscal ponen otro, acá ponen dos”.
Catarata sin concurso
Para Rizzo, “se prometió mucho que se iban a hacer ingresos mediante concursos y a la fecha lo único que vemos es una catarata de ingresas a la Procuración sin concurso.
El ingreso democrático se quedó en una declaración”, afirmó el titular del Colegio Público de Abogados capitalinos.
También hubo críticas de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) que a través de un comunicado señaló que “es pertinente alertar a la sociedad del riesgo que significa para la población la manipulación del poder del Estado en favor de los gobernantes y sus grupos de afinidad, ya que si la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones se ve afectada, de nada sirven los restantes derechos sustentados en la Constitución Nacional”.
En tanto, Sabsay alertó que la Justicia no solo podría “revisar” estos nombramientos que, a su entender, buscan la “impunidad de los funcionarios públicos”, sino que “aquel que le toque alguna investigación en manos de alguno de estos personajes que tienen una designación más que precaria e inconstitucional, puede perfectamente recusarlos”.
El catedrático calificó a Gils Carbó como una “gran encubridora” y la acusó de nombrar como fiscales “a claros militantes de La Cámpora, de Justicia Legítima, con un claro sesgo político”.
A su juicio, estas determinaciones “se inscriben en el discurso que impuso esta administración desde (Néstor) Kirchner que es el discurso del ‘amigo-enemigo’, típico de la dictadura, no tiene nada que ver con una democracia”. (DyN)
“¿Cuál era el apuro? Hay tiempo de sobra para hacer los concursos porque el nuevo Código Procesal Penal todavía no tiene fecha para su entrada en vigencia. Están generando cargos y usando a la Procuraduría General de la Nación como una caja mas”, manifestó a DyN Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
En tanto, según el fiscal Ricardo Sáenz, la creación de estos cargos “no tenía ningún fundamento”; mientras que el constitucionalista Daniel Sabsay consideró que las designaciones son de una “inconstitucionalidad manifiesta” y de una “gravedad extrema”, propias de una “dictadura”. A la vez, denunció que la funcionaria incurre en diversos “delitos como abuso de poder y encubrimiento”.
Con la sanción del nuevo Código Procesal Penal se aprobó el anexo II del texto que crea 17 nuevos cargos de fiscales generales en todo el país.
“Justicia Legitima”
Gils Carbó aprobó el 30 de diciembre el llamado a concurso de esos cargos y nombró a fiscales para que actúen como subrogantes, la mayoría de ellos allegados a la procuradora o militantes de “Justicia Legítima”, la agrupación judicial cercana al Gobierno.
Los nombramientos más polémicos fueron los de Miguel Angel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales generales federales de Comodoro Py, el fuero donde se tramitan las causas por corrupción contra los funcionarios nacionales.
Osorio es calificado como “un incondicional” en la Procuración, mientras que Palazzani milita en “Justicia Legítima”.
“No tenia ningún sentido el Anexo II del Código sin tener fecha de vigencia. La creación de cargos no tenían ningún fundamento salvo hacer lo que hicieron: poner en funcionamiento los cargos”, sostuvo Sáenz.
Además, el fiscal resaltó que los fiscales designados en la Cámara Federal “se quedan con los dos tercios de las causas que allí tramitan” y que fue en la única jurisdicción donde se crearon dos nuevas fiscales porque “en el interior del país donde había un fiscal ponen otro, acá ponen dos”.
Catarata sin concurso
Para Rizzo, “se prometió mucho que se iban a hacer ingresos mediante concursos y a la fecha lo único que vemos es una catarata de ingresas a la Procuración sin concurso.
El ingreso democrático se quedó en una declaración”, afirmó el titular del Colegio Público de Abogados capitalinos.
También hubo críticas de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) que a través de un comunicado señaló que “es pertinente alertar a la sociedad del riesgo que significa para la población la manipulación del poder del Estado en favor de los gobernantes y sus grupos de afinidad, ya que si la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones se ve afectada, de nada sirven los restantes derechos sustentados en la Constitución Nacional”.
En tanto, Sabsay alertó que la Justicia no solo podría “revisar” estos nombramientos que, a su entender, buscan la “impunidad de los funcionarios públicos”, sino que “aquel que le toque alguna investigación en manos de alguno de estos personajes que tienen una designación más que precaria e inconstitucional, puede perfectamente recusarlos”.
El catedrático calificó a Gils Carbó como una “gran encubridora” y la acusó de nombrar como fiscales “a claros militantes de La Cámpora, de Justicia Legítima, con un claro sesgo político”.
A su juicio, estas determinaciones “se inscriben en el discurso que impuso esta administración desde (Néstor) Kirchner que es el discurso del ‘amigo-enemigo’, típico de la dictadura, no tiene nada que ver con una democracia”. (DyN)
Lo más popular
