02 Enero 2015
BUENOS AIRES.- La denominada cláusula RUFO -sigla de Rights Upon Future Offers-, que impedía a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, quedó sin efecto y permitirá al Gobierno nacional intentar, en mejores condiciones, la reanudación de las negociaciones con los holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles U$S 1.330 millones en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados me too (”a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los U$S 10.000 millones.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los holdouts tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa.
En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO. Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y que se extinguió el 31 de diciembre de 2014.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no reestructurada, pero en “condiciones, justas, equitativas y legales”. Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los fondos “buitre” que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito. El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo. Esta situación complicó el escenario financiero y le impide al país acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica.
Un acuerdo con los buitre cambiaría la perspectiva sobre la evolución de la actividad durante el electoral año 2015. Analistas e inversores locales y del exterior esperan que el Gobierno acelere las negociaciones. Tanto a nivel local como en el exterior, la comunidad financiera aguarda que el Gobierno argentino ponga fin al litigio.
Cobran hoy los Discount
En tanto, el pago del Gobierno a los tenedores de los bonos de los canjes 2005 y 2010, por cerca de U$S 1.000 millones y cuya fecha de pago fue el 31 de diciembre, se acreditará hoy, por ser el primer día hábil posterior al vencimiento.
El martes comenzaron los preparativos formales para pagar los vencimientos por cerca de U$S 1.000 millones del bono Discount de los canjes 2005 y 2010. De momento, sólo cobrarán los bonistas tenedores de títulos de deuda con legislación nacional. (DyN)
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles U$S 1.330 millones en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados me too (”a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los U$S 10.000 millones.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los holdouts tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa.
En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO. Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y que se extinguió el 31 de diciembre de 2014.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no reestructurada, pero en “condiciones, justas, equitativas y legales”. Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los fondos “buitre” que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito. El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo. Esta situación complicó el escenario financiero y le impide al país acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica.
Un acuerdo con los buitre cambiaría la perspectiva sobre la evolución de la actividad durante el electoral año 2015. Analistas e inversores locales y del exterior esperan que el Gobierno acelere las negociaciones. Tanto a nivel local como en el exterior, la comunidad financiera aguarda que el Gobierno argentino ponga fin al litigio.
Cobran hoy los Discount
En tanto, el pago del Gobierno a los tenedores de los bonos de los canjes 2005 y 2010, por cerca de U$S 1.000 millones y cuya fecha de pago fue el 31 de diciembre, se acreditará hoy, por ser el primer día hábil posterior al vencimiento.
El martes comenzaron los preparativos formales para pagar los vencimientos por cerca de U$S 1.000 millones del bono Discount de los canjes 2005 y 2010. De momento, sólo cobrarán los bonistas tenedores de títulos de deuda con legislación nacional. (DyN)
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