Por Rubén Rodó
02 Enero 2015
El destino del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino está en manos del juez federal Daniel Bejas. El imputado es el teniente general César Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani. El fiscal del fuero, Carlos Brito, acaba de pedir la declaración indagatoria del alto militar. La citación lo sorprende en el esplendor de su carrera. La instancia a la que llegó la causa suele ser -aunque no siempre- la antesala del procesamiento penal. Es la actual situación que afronta el general Milani en un asunto ultra sensible, con implicancias que golpean más dentro de la Casa Rosada que en el propio Ejército.
Milani está involucrado -según el dictamen del Ministerio Fiscal-, en la desaparición (junio de 1976, a tres meses de instalada la dictadura militar) del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo, de 20 años, encuadrada en la figura de los delitos de lesa humanidad. Éste cumplía el servicio militar en la Base de Operaciones de Monteros. Tras el golpe, la provincia quedó al mando del entonces general Antonio Domingo Bussi, degradado y condenado años después a prisión perpetua. El conscripto no desertó -afirma Brito contundentemente-, sino fue privado ilegítimamente de la libertad y luego asesinado. A 38 años del suceso, jamás nada se supo de él. La defensa del alto militar recusó a Brito, el mismo día (22 de diciembre) en que éste produjo el dictamen, por “temor de falta de objetividad”. El juez debe resolver el entuerto. Los entendidos dicen que la recusación ha precluido por extemporánea, en razón de que el imputado se apersonó en la causa tiempo atrás sin plantear entonces tal medida.
El requerimiento del fiscal impactó de lleno en la inquilina transitoria de la Casa Rosada. Fue CFK quien promovió la designación de Milani, a pesar de la resistencia que desató dentro del cristinato. Vanas resultaron, también, las críticas del arco opositor, al igual que la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos. Lo timonea Horacio Vertbisky, hombre cercano al kirchnerismo. Después de intensos tironeos, el Senado, finalmente, aprobó el ascenso de Milani a teniente general, la máxima distinción castrense, en un acto de simisión del oficialismo y de sus adláteres.
Por primera vez en el historial del Ejército se lleva al banquillo de la Justicia a un militar en actividad de tan alto rango, imputado del delito de violación a los derechos humanos. Milani pertenece al área de Inteligencia, de la que es un especialista. Está acusado de encubrimiento y falsedad ideológica. En tiempos de la lucha contra la subversión se desempeñaba en Tucumán como subteniente, cuando, en paralelo, se desarrollaba el Operativo Independencia, en el marco del terrorismo de Estado.
¿Asunto de feria?
¿Bejas declarará el caso Milani asunto de feria? Lo más probable es que prorrogue la definición para después del receso judicial (que él atenderá), por la densidad y complejidad de la causa y de su contenido. Es un expediente pesado, voluminoso, de varios cuerpos, que le demandará tiempo cerciorarse de lo que ocurrió con Ledo. De todos modos, no podrá prolongar sine die su decisión, precisamente por el personaje de que se trata y por la resonancia que el caso Milani cobró en el país. El juez puede disponer el procesamiento inmediato. Si así fuera, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, anunció que la jefe de Estado echará a Milani del Ejército. El anticipo, a no dudar, le bisbiseó al oído Cristina. La otra opción es el sobreseimiento, o bien disponer ahondar la pesquisa. También podría archivar la causa. Ésta ya alcanzó una dinámica inercial propia imposible de frenar. Por tanto, se espera su pronunciamiento con sumo interés.
La indagatoria -como se sabe- es el paso previo al procesamiento. En rigor, es la etapa en la que el imputado tiene derecho a ejercer su defensa o simplemente negarse a declarar. Tras la indagatoria solicitada, el fiscal Brito quedó en el centro de la escena nacional por el impacto de la medida contra el militar favorito de la primera dama. Los organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales salieron de inmediato a reclamar el retiro de Milani. Hebe de Bonafini guarda total silencio. La UCR -a través del diputado José Cano y del senador Gerardo Morales- fue más lejos: exige a la Presidente la separación del militar, porque “un genocida no puede seguir al frente del Ejército de la democracia”.
Ambos, en noviembre de 2012, denunciaron al jefe castrense por la desaparición del conscripto Ledo. Apenas desaparecido, lo hicieron la madre del soldado, Marcela Brizuela de Ledo, y su hermana Graciela. Estela de Carloto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, expresó que si se procesa a Milani debe ser separado del Ejército. Colgándose de los dichos de Aníbal Fernández, la oposición recordó que el vicepresidente Boudou está bajo proceso en varias causas y, sin embargo, sigue inamovible en su cargo con el amparo de la Casa Rosada.
Sólidos argumentos
El dictamen del fiscal Brito es contundente. Con considerandos sólidos consigna paso a paso los movimientos de Ledo hasta su desaparición, en junio de 1966. Señala como graves anomalías el cambio de carátula del sumario, inicialmente mecanografiado como “Accidente”, tachado después y reemplazado por la palabra manuscrita “Deserción”. Apunta, además, que la orden de iniciar el acta de investigación, dada por el capitán Esteban Sanguinetti a Milani, éste la recibió a las 18.30 del 29 de junio de 1976 y el acta de la actuación concluida está datada a las 10 (de la mañana) del mismo día (sic).
Acusación de Brito
En otra parte Brito expresa: “No realizó (Milani) ninguna actividad tendiente a determinar lo que había ocurrido con Ledo; no señaló en qué circunstancias fugó del vivac; no indicó a qué documentación se refiere; no dejó constancia por escrito de las personas que habrían intervenido o presenciado el hecho; no consta de que haya tomado declaración a ninguno de los conscriptos compañeros del presunto “desertor”, ni a sus superiores; no averiguó si había recibido malos tratos; si se le había hecho carecer de alimentos o vestuario; no determinó si existían cómplices o encubridores, y en cuestión de horas concluyó lo que tenía tres días de plazo para realizar”. En definitiva, Brito afirma que Milani “bajo la apariencia de una supuesta deserción, con su nula actividad encubrió la privación ilegítima de libertad agravada y homicidio agravado en concurso real”.
Por la desaparición de Ledo está procesado en el Juzgado a cargo de Bejas el capitán Esteban Sanguinetti, a quien se le imputa ser presunto responsable penal como partícipe del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado del soldado Ledo. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán. El dictamen de Brito, si bien no es vinculante metió en un brete al juez Bejas. Por mucho menos de lo que se le imputa a Milani, están en prisión decenas de militares debido a su participación en actos de terrorismo de Estado.
Otro procesamiento
No es el único infortunio con el que tiene que lidiar César Milani. Afronta, también en paralelo, el procesamiento por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de funcionario público y violación a la ley de Defensa Nacional. La denuncia fue formulada en su momento por el senador Fernando “Pino” Solanas y la diputada Elisa Carrió,
El fiscal federal, Jorge Di Lello, solicitó a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que peritos de su dependencia evalúen la documentación que presentó el jefe castrense acerca de la evolución de su patrimonio. En 2010 adquirió una residencia en el exclusivo barrio La Horqueta, partido de San Isidro, Buenos Aires, de 1.150 metros cuadrados. Según estimaciones del mercado inmobiliario, su costo rondaría los $ 2,6 millones. En ewl mismo año en que Milani tomó a su cargo el área de inteligencia del Ejército, cobraba un suelto de $14.000 por mes, y al año siguiente pasó a percibir $15.000. En una nota que presentó en la Oficina Anticorrupción dijo que mensualmente ahorraba $ 5.000. El organismo que analiza los bienes de Milani no tiene plazo para expedirse, Sin embargo, el fiscal Di Lello apuntó que “las cosas deben hacerse en un momento razonable”, por el propio bien del funcionario público, como “por la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía”.
Si hubiera inconsistencias, incongruencias o cosas poco entendibles, el fiscal pedirá a Milani una aclaración. Y si las dudas persistieran, recurrirá a la asistencia técnica del cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son los mismos que analizan el patrimonio del vicepresidente, Amado Boudou, y aún no dieron conocer su veredicto.
El caso Manzur
La situación procesal de Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia sempiterna, se definirá después de la feria judicial. Aunque la causa por enriquecimiento indebido, promovida por el abogado Oscar López, peronista disidente, está lista para ser resuelta, la Cámara Federal de Apelaciones precisa el voto de sus cinco miembros. El vicepresidente Ricardo Sanjuán tomó vacaciones y se reintegrará en la primera semana de febrero. En primera instancia fue sobreseído por el juez federal Daniel Bejas. Su fallo fue apelado por el fiscal Carlos Brito, y está a resolución de la Cámara de alzada. Podría confirmar la sentencia, revocarla o disponer su ampliatoria devolviendo la causa al juzgado de Bejas.
Cambio de fiscal
Si la Cámara decidiera profundizar la ampliación, el fiscal actuante será en adelante Pablo Camuña, quien acaba de jurar ante la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El sobreseimiento del ministro del gabinete K fue atacado por Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones.
Milani está involucrado -según el dictamen del Ministerio Fiscal-, en la desaparición (junio de 1976, a tres meses de instalada la dictadura militar) del conscripto riojano Alberto Agapito Ledo, de 20 años, encuadrada en la figura de los delitos de lesa humanidad. Éste cumplía el servicio militar en la Base de Operaciones de Monteros. Tras el golpe, la provincia quedó al mando del entonces general Antonio Domingo Bussi, degradado y condenado años después a prisión perpetua. El conscripto no desertó -afirma Brito contundentemente-, sino fue privado ilegítimamente de la libertad y luego asesinado. A 38 años del suceso, jamás nada se supo de él. La defensa del alto militar recusó a Brito, el mismo día (22 de diciembre) en que éste produjo el dictamen, por “temor de falta de objetividad”. El juez debe resolver el entuerto. Los entendidos dicen que la recusación ha precluido por extemporánea, en razón de que el imputado se apersonó en la causa tiempo atrás sin plantear entonces tal medida.
El requerimiento del fiscal impactó de lleno en la inquilina transitoria de la Casa Rosada. Fue CFK quien promovió la designación de Milani, a pesar de la resistencia que desató dentro del cristinato. Vanas resultaron, también, las críticas del arco opositor, al igual que la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos. Lo timonea Horacio Vertbisky, hombre cercano al kirchnerismo. Después de intensos tironeos, el Senado, finalmente, aprobó el ascenso de Milani a teniente general, la máxima distinción castrense, en un acto de simisión del oficialismo y de sus adláteres.
Por primera vez en el historial del Ejército se lleva al banquillo de la Justicia a un militar en actividad de tan alto rango, imputado del delito de violación a los derechos humanos. Milani pertenece al área de Inteligencia, de la que es un especialista. Está acusado de encubrimiento y falsedad ideológica. En tiempos de la lucha contra la subversión se desempeñaba en Tucumán como subteniente, cuando, en paralelo, se desarrollaba el Operativo Independencia, en el marco del terrorismo de Estado.
¿Asunto de feria?
¿Bejas declarará el caso Milani asunto de feria? Lo más probable es que prorrogue la definición para después del receso judicial (que él atenderá), por la densidad y complejidad de la causa y de su contenido. Es un expediente pesado, voluminoso, de varios cuerpos, que le demandará tiempo cerciorarse de lo que ocurrió con Ledo. De todos modos, no podrá prolongar sine die su decisión, precisamente por el personaje de que se trata y por la resonancia que el caso Milani cobró en el país. El juez puede disponer el procesamiento inmediato. Si así fuera, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, anunció que la jefe de Estado echará a Milani del Ejército. El anticipo, a no dudar, le bisbiseó al oído Cristina. La otra opción es el sobreseimiento, o bien disponer ahondar la pesquisa. También podría archivar la causa. Ésta ya alcanzó una dinámica inercial propia imposible de frenar. Por tanto, se espera su pronunciamiento con sumo interés.
La indagatoria -como se sabe- es el paso previo al procesamiento. En rigor, es la etapa en la que el imputado tiene derecho a ejercer su defensa o simplemente negarse a declarar. Tras la indagatoria solicitada, el fiscal Brito quedó en el centro de la escena nacional por el impacto de la medida contra el militar favorito de la primera dama. Los organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales salieron de inmediato a reclamar el retiro de Milani. Hebe de Bonafini guarda total silencio. La UCR -a través del diputado José Cano y del senador Gerardo Morales- fue más lejos: exige a la Presidente la separación del militar, porque “un genocida no puede seguir al frente del Ejército de la democracia”.
Ambos, en noviembre de 2012, denunciaron al jefe castrense por la desaparición del conscripto Ledo. Apenas desaparecido, lo hicieron la madre del soldado, Marcela Brizuela de Ledo, y su hermana Graciela. Estela de Carloto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, expresó que si se procesa a Milani debe ser separado del Ejército. Colgándose de los dichos de Aníbal Fernández, la oposición recordó que el vicepresidente Boudou está bajo proceso en varias causas y, sin embargo, sigue inamovible en su cargo con el amparo de la Casa Rosada.
Sólidos argumentos
El dictamen del fiscal Brito es contundente. Con considerandos sólidos consigna paso a paso los movimientos de Ledo hasta su desaparición, en junio de 1966. Señala como graves anomalías el cambio de carátula del sumario, inicialmente mecanografiado como “Accidente”, tachado después y reemplazado por la palabra manuscrita “Deserción”. Apunta, además, que la orden de iniciar el acta de investigación, dada por el capitán Esteban Sanguinetti a Milani, éste la recibió a las 18.30 del 29 de junio de 1976 y el acta de la actuación concluida está datada a las 10 (de la mañana) del mismo día (sic).
Acusación de Brito
En otra parte Brito expresa: “No realizó (Milani) ninguna actividad tendiente a determinar lo que había ocurrido con Ledo; no señaló en qué circunstancias fugó del vivac; no indicó a qué documentación se refiere; no dejó constancia por escrito de las personas que habrían intervenido o presenciado el hecho; no consta de que haya tomado declaración a ninguno de los conscriptos compañeros del presunto “desertor”, ni a sus superiores; no averiguó si había recibido malos tratos; si se le había hecho carecer de alimentos o vestuario; no determinó si existían cómplices o encubridores, y en cuestión de horas concluyó lo que tenía tres días de plazo para realizar”. En definitiva, Brito afirma que Milani “bajo la apariencia de una supuesta deserción, con su nula actividad encubrió la privación ilegítima de libertad agravada y homicidio agravado en concurso real”.
Por la desaparición de Ledo está procesado en el Juzgado a cargo de Bejas el capitán Esteban Sanguinetti, a quien se le imputa ser presunto responsable penal como partícipe del delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado del soldado Ledo. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Tucumán. El dictamen de Brito, si bien no es vinculante metió en un brete al juez Bejas. Por mucho menos de lo que se le imputa a Milani, están en prisión decenas de militares debido a su participación en actos de terrorismo de Estado.
Otro procesamiento
No es el único infortunio con el que tiene que lidiar César Milani. Afronta, también en paralelo, el procesamiento por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de funcionario público y violación a la ley de Defensa Nacional. La denuncia fue formulada en su momento por el senador Fernando “Pino” Solanas y la diputada Elisa Carrió,
El fiscal federal, Jorge Di Lello, solicitó a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que peritos de su dependencia evalúen la documentación que presentó el jefe castrense acerca de la evolución de su patrimonio. En 2010 adquirió una residencia en el exclusivo barrio La Horqueta, partido de San Isidro, Buenos Aires, de 1.150 metros cuadrados. Según estimaciones del mercado inmobiliario, su costo rondaría los $ 2,6 millones. En ewl mismo año en que Milani tomó a su cargo el área de inteligencia del Ejército, cobraba un suelto de $14.000 por mes, y al año siguiente pasó a percibir $15.000. En una nota que presentó en la Oficina Anticorrupción dijo que mensualmente ahorraba $ 5.000. El organismo que analiza los bienes de Milani no tiene plazo para expedirse, Sin embargo, el fiscal Di Lello apuntó que “las cosas deben hacerse en un momento razonable”, por el propio bien del funcionario público, como “por la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía”.
Si hubiera inconsistencias, incongruencias o cosas poco entendibles, el fiscal pedirá a Milani una aclaración. Y si las dudas persistieran, recurrirá a la asistencia técnica del cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son los mismos que analizan el patrimonio del vicepresidente, Amado Boudou, y aún no dieron conocer su veredicto.
El caso Manzur
La situación procesal de Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia sempiterna, se definirá después de la feria judicial. Aunque la causa por enriquecimiento indebido, promovida por el abogado Oscar López, peronista disidente, está lista para ser resuelta, la Cámara Federal de Apelaciones precisa el voto de sus cinco miembros. El vicepresidente Ricardo Sanjuán tomó vacaciones y se reintegrará en la primera semana de febrero. En primera instancia fue sobreseído por el juez federal Daniel Bejas. Su fallo fue apelado por el fiscal Carlos Brito, y está a resolución de la Cámara de alzada. Podría confirmar la sentencia, revocarla o disponer su ampliatoria devolviendo la causa al juzgado de Bejas.
Cambio de fiscal
Si la Cámara decidiera profundizar la ampliación, el fiscal actuante será en adelante Pablo Camuña, quien acaba de jurar ante la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El sobreseimiento del ministro del gabinete K fue atacado por Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones.
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