31 Diciembre 2014
BUENOS AIRES.- Dos militares volverán a ser investigados por los supuestos fusilamientos de dos activistas del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que participaron del sangriento copamiento armado del regimiento de La Tablada en 1989, a las órdenes del fallecido jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Enrique Gorriarán Merlo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando, imputados por el homicidio agravado de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz.
En enero de 1989, durante el último tramo de la Presidencia de Raúl Alfonsín, el Regimiento de Infantería del Ejército “General Belgrano” de La Tablada, en el Gran Buenos Aires, fue tomado por un grupo del MTP, que argumentó que lo hacía para evitar un presunto golpe militar. En ese ataque, que duró poco más de un día, murieron 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías.
En la causa se investigaba si Ruiz y Díaz, integrantes del grupo guerrillero, fueron ejecutados en ese lugar luego de la recuperación del regimiento y cuando ya estaban arrestados por personal militar a las órdenes de Arrillaga.
La Cámara Federal de San Martín entendió que había prescripto la acción penal pero las querellantes Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación en el que afirmaron que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto en 1997 en el caso “Abella, Juan Carlos”, cuando declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz. “En consecuencia, le había ordenado al Estado Argentino que ‘proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989 (...) con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables’”, consideraron Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.
En tanto, los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario que presentaron las querellantes era inadmisible. (DyN)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando, imputados por el homicidio agravado de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz.
En enero de 1989, durante el último tramo de la Presidencia de Raúl Alfonsín, el Regimiento de Infantería del Ejército “General Belgrano” de La Tablada, en el Gran Buenos Aires, fue tomado por un grupo del MTP, que argumentó que lo hacía para evitar un presunto golpe militar. En ese ataque, que duró poco más de un día, murieron 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías.
En la causa se investigaba si Ruiz y Díaz, integrantes del grupo guerrillero, fueron ejecutados en ese lugar luego de la recuperación del regimiento y cuando ya estaban arrestados por personal militar a las órdenes de Arrillaga.
La Cámara Federal de San Martín entendió que había prescripto la acción penal pero las querellantes Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación en el que afirmaron que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto en 1997 en el caso “Abella, Juan Carlos”, cuando declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz. “En consecuencia, le había ordenado al Estado Argentino que ‘proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989 (...) con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables’”, consideraron Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.
En tanto, los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario que presentaron las querellantes era inadmisible. (DyN)
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